El engaño de la zona azulen Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany está engañando a los vecinos del municipio desde el 1 de febrero. El equipo de gobierno del Partido Popular reimplantó ese día la zona azul en el casco urbano con un sistema surrealista que la convierte en la más cara de Ibiza. Dos cosas llaman la atención en la nueva contrata. Podrían parecer incoherencias pero, en realidad, son una trampa que nos costará a los portmanyins cuatro millones de euros durante los próximos ocho años.

La primera cuestión que se sale de la lógica es el tamaño del área en la que hay que pagar por aparcar. La friolera de 763 plazas. Basta pasear por calles como Alicante o Valencia en pleno horario laboral y comprobar que los aparcamientos están casi vacíos. Salta a la vista, entonces, que la zona azul no está cumpliendo su función: liberar espacio para que sea posible aparcar cerca de restaurantes y tiendas. El Eixample/Nord es un barrio más residencial que comercial. Instalar parquímetros entre la calle Soledat y la calle Santa Rosalía solo perjudica a los vecinos: el PP les ha robado 453 plazas de aparcamiento gratuito.

Y aquí llegamos a la segunda incoherencia: la zona azul de Sant Antoni no es tan barata como parece sino una forma torticera de engañar al contribuyente. Para aparcar en las calles que se han repintado, los residentes deben solicitar en el Ayuntamiento un permiso anual. La tarjeta para aparcar en Sant Antoni (30 euros) cuesta menos que la de Vila (90,15 euros anuales o 60 céntimos diarios) o la de Santa Eulària (40 céntimos diarios, un máximo de 120 euros). En apariencia. Porque en nuestro pueblo ese permiso no da derecho a aparcar durante más de dos horas seguidas. Los vecinos que hayan solicitado una tarjeta de aparcamiento deben pagar 50 céntimos extra para poder dejar su vehículo estacionado durante el resto del día todos los días del año, excepto domingos y festivos. En el peor de los casos, podrían llegar a sumarle 150,5 euros a los 30 que ya pagaron para expedir la tarjeta. Si por un despiste o por cualquier problema personal no renuevan el permiso, reciben una multa de 60 euros. Es difícil pensar que este equipo de gobierno, donde el Partido Popular se ha quedado en solitario, ha obrado de buena fe. Su zona azul complica la vida a los residentes poniendo en riesgo las economías de muchas personas en un momento delicado para los bolsillos de la clase trabajadora. Hay que taparse los ojos para no ver que se trata de una triquiñuela.

Marcos Serra ha tardado una eternidad en realizar esta promesa electoral que hizo en 2019. El actual alcalde ya sabía entonces que la zona azul, en un casco urbano del tamaño de Sant Antoni, era y será deficitaria si se plantea como un negocio. Sin letra pequeña que le tome el pelo al contribuyente, ninguna empresa podría obtener beneficio ganando un concurso público para gestionar las 310 plazas de pago que funcionaron hasta el 31 de diciembre de 2016. Ese es el único motivo por el que la nueva azul ha crecido en superficie casi un 60 por ciento. Para muestra, una comparación (odiosa): el sistema de aparcamiento de pago que implantó Santa Eulària en 2021 tiene menos de la mitad de plazas de zona azul que el de Sant Antoni y, además, concede a los residentes 244 espacios de zona verde para que puedan aparcar con las tarjetas municipales. Evidentemente, sin la obligación de renovar el permiso diariamente bajo riesgo de multa. Marcos Serra no tenía que mirar muy lejos para adoptar un modelo más justo y realista: le bastaba observar qué ha hecho su propio partido a veinte kilómetros de distancia.

Como parte del equipo que gobernaba entonces Sant Antoni, el Grupo Socialista decidió suprimir la zona azul para implantar un sistema de rotación de vehículos por medio de relojes que se colocaban en el salpicadero de los vehículos para indicar a qué hora se había aparcado. El tiempo demostró, por desgracia, que aquella propuesta no arregló los problemas de movilidad. Es honesto y necesario reconocerlo y pedir disculpas por los contratiempos que ocasionó la poca rotación de vehículos. La nueva fórmula no caló entre la ciudadanía, las medidas de control no fueron suficientes y aparcar en Sant Antoni se convirtió en una tarea difícil sin acudir al descampado de ses Variades, que aquel gobierno progresista consiguió habilitar como parking público. Nadie gobierna sin equivocarse, pero entre aquella decisión que tomamos y la alternativa, arrogante y dispuesta a vaciar el bolsillo de los portmanyins sin garaje que ha escogido Marcos Serra, dista un mundo.

En el PSOE queremos volver a gobernar Sant Antoni para conseguir que el segundo núcleo más habitado de la isla sea un lugar más amable, bello y dinámico. Un espacio vivo. Lo lograremos siguiendo el ejemplo de ciudades grandes (Bilbao, Valencia, Barcelona), medianas (Vitoria o Pontevedra, dos paradigmas) y o municipios de un tamaño parecido al nuestro (Torrelodones o Villanueva de la Serena) que en las últimas décadas han peatonalizado calles para liberarlas del humo y el ruido de los vehículos a motor. Para ello, reduciremos la zona azul, reservando unos centenares de plazas en las calles que rodean al centro histórico. Así conseguiremos atraer clientes a las tiendas, restaurantes y negocios que dan esencia a Sant Antoni y son el motor de la economía local. Además, priorizaremos la construcción de aparcamientos disuasorios (asfaltados, delimitados e iluminados) en las entradas del pueblo; en 2019, el gobierno de PSOE y Reinicia dejó 11 millones de superávit: esa inversión es esencial y debe hacerse. Por una razón de distancias. Nuestro casco urbano mide menos de un kilómetro de norte a sur y de este a oeste: es perfectamente caminable si seguimos invirtiendo, como hicimos entre 2015 y 2019, para ampliar aceras, eliminar las barreras arquitectónicas que plantificaron casi treinta años de gobiernos del PP y abrir carriles bici. Será necesaria mucha pedagogía y mirada a largo plazo, pero si avanzamos unidos en esa dirección todos saldremos ganando.

Evidentemente, el pago de los 50 céntimos extra que de lunes a sábado debe apoquinar el titular de una tarjeta de aparcamiento desaparecerá en la nueva zona azul. Que el servicio sea deficitario tiene arreglo. El contratiempo puede revertirse si el Ayuntamiento decide recuperar la gestión de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento y apostar por un sistema cien por cien público a través de OSSAN, la empresa municipal. Así ocurre en municipios de población y tamaño tan variables como Mataró, Lleida, Vilanova i la Geltrú, Fornalutx, Lorca, Murcia, Priego de Córdoba, Jaén... No sería la primera vez que el PSOE apuesta por recuperar un servicio municipal en Sant Antoni. Ya lo hicimos al presionar al gobierno que encabezó Pepita Gutiérrez para que rescatara la gestión del complejo deportivo de Can Coix después de la desastrosa privatización que llevó a cabo el Partido Popular durante el último mandato de Pepe Sala. Porque la buena gestión de un ayuntamiento no consiste en preocuparse por la cuenta de resultados de una empresa ajena al pueblo sino poner el bienestar de los vecinos en el centro de las políticas municipales.

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