La Casa Real agita el avispero de la lengua

El reconocimiento por parte de la Casa Real de la autodenominada ‘Acadèmi de sa Llengo Baléà’ ha sido una torpeza mayúscula impropia de una institución caracterizada por su extrema prudencia y que no se puede permitir dar pasos en falso. Esta asociación defiende que el mallorquín es una lengua distinta del catalán, y pretende fijar una norma para la lengua hablada en Balears, unos postulados anticientíficos que incurren además en una flagrante contradicción, pues sostiene que el mallorquín es la lengua balear, cuando en aplicación de su propia lógica absurda, la misma consideración deberían tener entonces el menorquín, el ibicenco y el formenterense.

Como era de esperar, a Vox le ha faltado tiempo para atizar el asunto de la lengua con el fin de poner en un brete de nuevo al Govern en minoría del PP, y quiere que se sustituya en el Estatut d’Autonomia la referencia al catalán como lengua propia de Balears por otra que aluda a unas supuestas "lenguas baleares". Se trata de una exigencia que ni siquiera es viable, puesto que esta modificación requiere el apoyo de tres quintas partes del Parlament balear y la posterior convalidación del Congreso de los diputados.

El discurso anticatalán de la ultraderecha no sorprende a nadie, de hecho es una de sus banderas y la agitan en cuanto tienen ocasión, pero el problema es cómo el odio que fomentan hacia la lengua propia de las islas se extiende en determinados sectores de la sociedad de la mano de las redes sociales, lo que fomenta la intolerancia y el rechazo hacia un patrimonio que es de todos y que debemos proteger, al margen de las ideologías políticas.

La decisión de la Casa Real es incomprensible porque carece de base alguna y requiere una rectificación urgente, dadas las graves consecuencias que ha provocado. Su departamento de Comunicación justificó que este reconocimiento había sido una decisión "meditada" y que la había adoptado tras consultar a asesores e instituciones, que no detalló. Es preciso recordar que el Estatut d’Autonomia señala a la Universitat de les Illes Balears (UIB) como la institución consultiva en todo lo que se refiere al catalán en las islas, por lo que es sorprendente que los gestores de la Casa Real no la hayan tenido en cuenta; en ese caso, se habría evitado cometer un error tan clamoroso que entra ya en el terreno del ridículo y que, además, compromete su neutralidad política, porque da alas a quienes ponen en cuestión la unidad de la lengua y niegan que la de Balears sea el catalán, unos argumentos que forma parte del discurso de la ultraderecha.

La reacción del Govern balear y del PP ha sido contundente y rápida, tal y como exigían las circunstancias, ya que no podía quedar ni un ápice de duda sobre su posición: se han desmarcado claramente de Vox y han expresado, por medio de distintos portavoces (entre ellos el vicepresidente, Toni Costa, y el del Parlament), que el catalán es la lengua de las islas.

Las reacciones de protesta, entre ellas la de la UIB, han sido numerosas y haría bien la Casa Real en rectificar su reconocimiento a una asociación que se inventa unas normas ortográficas, un léxico y una gramática que transgreden la normativa académica de la lengua catalana y que carecen de cualquier fundamento científico.

La decisión de la Casa Real ahonda en el desprestigio de una institución que no atraviesa su mejor momento en lo que a imagen y consideración social se refiere, y además ha servido para agitar de nuevo el avispero de la lengua, convertida en ariete de la ultraderecha, en una comunidad autónoma donde el consenso entre los grandes partidos permitió implantar una normalización lingüística sin ningún tipo de conflictividad social. Por si fuera poco, al apoyar a una asociación que reivindica que en Balears no se habla catalán, sino "llengo baléà", la Casa Real está poniendo en cuestión el propio ordenamiento jurídico, es decir, el Estatut d’Autonomia, que reconoce el catalán como lengua propia de las islas. La cuestión es si ha sido una torpeza y un error derivado de una ligereza imperdonable en esta institución, o si hay una intención política y alguien ha tomado la decisión con conocimiento de causa. Tanto una opción como la otra son inadmisibles, y las explicaciones que ha dado hasta ahora, absolutamente insuficientes.