Booking retira, a instancias del Consell, el anuncio del albergue ilegal de Jesús, que sigue en Airbnb

Booking ha retirado, a petición del Consell de Ibiza, el anuncio del albergue ilegal de Jesús. Se trata del primero que se elimina de la plataforma a través del portal para instituciones, un espacio creado por Booking mediante el que éstas, al detectar un anuncio ilegal, pueden presentar toda la documentación para que éste desaparezca.

Así lo explica el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que destaca que la petición se cursó hace ya un tiempo. La plataforma retiró el anuncio el lunes (tras casi dos años activo), después de que el Consell, que tiene abierta una investigación y un expediente sancionador, lo solicitara y de que este diario publicara que en la vivienda, ubicada al principio de la calle Rossinyol de Jesús, se alquilaban camas en literas. Dos habitaciones en cada una de las cuales pernoctaban hasta seis personas, la mayoría de los casos desconocidas entre sí. Estancias en las que, según se podía ver en las fotografías del anuncio, apenas quedaba espacio para pasar entre las literas. Por el alquiler de estas doce plazas la comercializadora obtenía, en plena temporada, cerca de 23.000 euros al mes.

El albergue ilegal de Jesús continúa alquilando literas en Ibiza a través de Booking

Esta actuación, apunta el conseller, se complementará con la petición al Ayuntamiento de Santa Eulària de que compruebe si se ha producido alguna irregularidad de tipo urbanístico para funcionar como albergue

La anfitriona comercializaba las camas en esta plataforma al menos, según los comentarios de los huéspedes, desde agosto de 2022. Y algo antes, desde noviembre de 2021, en Airbnb. De este último portal ella misma desactivó las reservas en el momento en el que Diario de Ibiza publicó la ilegalidad, sin embargo, mantenía la posibilidad de reservar estas camas individuales en Booking. En el momento en que esta plataforma ha retirado los anuncios, ha vuelto a reactivar los de Airbnb.

Jugar al despiste

El anuncio, sin embargo, es diferente y juega al despiste. En él se dice que se trata de habitación para trabajadores de temporada y para larga estancia, pero es posible reservar por varias noches, es decir, que funciona como un alquiler turístico. Las condiciones, además, son las mismas: camas hacinadas en dos habitaciones mixtas con baños compartidos, uno de ellos, al menos, como se ve en las fotos, portátil. Además, indica que por larga estancia son 350 euros al mes por cama, sin embargo, cuando se selecciona una larga estancia hay que desembolsar 1.350 euros. El precio por noche es de 50 euros, según detalla la plataforma.

De momento, de esta temporada aún no hay datos de comercializadores y propietarios identificados ni de anuncios de alquiler ilegal retirados. «Se están contando», apunta el conseller quien, sin embargo, se apresura a dar los datos del verano pasado: «Se identificaron 116 posibles viviendas turísticas operando sin la preceptiva licencia administrativa que se anunciaban en plataformas. Se retiraron 85, tres de cada cuatro». En el total no sólo de plataformas, sino también de grupos de whatsapp o de Facebook.

"No es tan fácil"

El conseller destaca que el proceso «no es tan fácil» como pueda parecer, si bien ahora, con la nueva normativa europea, se ha facilitado. El primer paso, señala, es detectar el anuncio y confirmar que, efectivamente, lo es: «Suponemos que lo es, porque no pone en rótulos de neón que lo sea». En el caso de Airbnb, recalca Juan, muchas veces ni siquiera es posible saber si ese alquiler ilegal se encuentra en un piso o en una casa, «donde se podría legalizar», ya que la plataforma ofrece una ubicación aproximada que no se concreta hasta que se confirma la reserva.

El Consell requiere la ubicación exacta porque, al mismo tiempo que requiere a las plataformas que retiren los anuncios, también se envían requerimientos al propietario y al explotador, si se pueden identificar. En el caso de Booking, a través del portal para instituciones y, en el caso de Airbnb, mediante remesas remitidas por correo electrónico. En ambos casos, los inspectores del Consell tienen que justificar que el anuncio corresponde a un alquiler ilegal adjuntando resoluciones e informes, además del link del anuncio.

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