Un millar de alquileres turísticos ilegales de Ibiza siguen anunciándose en Airbnb

Un año más, con la llegada de la temporada de verano, ha regresado también una avalancha de ofertas de alquiler turístico ilegal en Ibiza. Es tan fácil como entrar en Airbnb y buscar un apartamento o una habitación por días. El resultado de la búsqueda da como resultado centenares de ofertas. En mayo y en septiembre, alcanzan el millar; en julio y agosto la oferta se reduce, ya que muchas de estas habitaciones ya están alquiladas.

Por ejemplo, si queremos un alquier para la semana del 5 al 11 de junio nos encontramos 964 ofertas -540 apartamentos, 397 casas y 27 casas de huéspedes, sin incluir la oferta reglada, evidentemente-. No todas son ilegales, pero la gran mayoría sí. Para escribir esta información hemos consultado medio centenar de estas entradas, y ni una quinta parte de ellas incluían el número de registro que garantiza que se trata de un alquiler turístico legal.

En la descripción de las características del alquiler, en algunos casos es fácil deducir que se encuentra en un edificio residencial plurifamiliar. El propio arrendatario advierte de que se trata de un «apartamento ubicado en zona residencial», «ubicado en residencia comunitaria», o incluso alerta de que «está absolutamente prohibido hacer fiestas, ya que es un complejo residencial».

Abundan los particulares que subarriendan habitaciones privadas -204 en la primera semana de junio-. En muchos casos son habitaciones con derecho a lavabo y cocina, pero a veces no tienen derecho a lugares comunes. Casi siempre se advierte de que compartirán la estancia con los inquilinos. En los comentarios de los turistas se suele advertir de que es una opción ideal «si se quiere pasar poco tiempo en casa y si se prefiere explorar la isla».

«Esto es ilegal», aclara Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell de Ibiza y titular del área de Lucha contra el Intrusismo, entre otras. Juan aclara los conceptos: «La ley dice que cualquier alquiler que sea de menos de 30 días se va a presumir que es turístico». Pueden haber excepciones, como por ejemplo alquilar a un trabajador que llega a la isla para una labor puntual y lo pueda demostrar con un contrato laboral: «Pero en el 99% de los casos, el alquiler por menos de un mes es turístico». Por tanto, si no está registrado, es ilegal.

También está prohibido el alquiler turístico en pisos dentro de una comunidad de propietarios o en plurifamiliares. Pese a las restricciones, el alquiler turístico irregular parece campar a sus anchas en Ibiza y la sensación general es que se sienten impunes. Intentar ponerle coto es trabajo de los inspectores, aunque su labor no es sencilla.

Los problemas de los inspectores

«Hay dos infracciones: una es la publicidad, ya que publicar en un portal turístico un alquiler ilegal ya es una infracción. El segundo delito es la comercialización, cuando me abren la puerta y encuentro un turista dentro», explica un didáctico Juan: «Lo segundo es más complicado ya que debes encontrar que el inquilino te admita ‘sí, soy turista’, pero vayamos al primer caso».

«Quiero poner una multa a la persona que publicita este anuncio. Primer problema: ¿quién es?». En los portales como Airbnb la mayoría de arrendadores utilizan alias, y en ocasiones ni siquiera son los propietarios de la vivienda, sino que subarriendan. «Y la segunda pregunta es: ¿este piso dónde está?». Efectivamente, en Airbnb en el 99% de los casos no se facilita la dirección del alquiler, sino que cuando se marca en el mapa aparece la frase ‘Se proporcionará la ubicación exacta después de reservar’.

«No tenemos ni número, ni puerta. La única opción es que el inspector se haga pasar por turista y reservar», explica el conseller, «antes, el inspector tenía la obligación de identificarse. Pedimos al Govern que los inspectores se pudieran hacer pasar por turistas y aceptaron».

Pese a esteShangri-La de ilegalidad, Juan evita cargar las tintas sobre Airbnb y valora el protocolo que esta empresa firmó con el Consell: «Antes, la plataforma no identificaba a quien estaba tras estos perfiles anónimos de arrendadores. Ahora nos los identifica. Cada tres meses, enviamos a Airbnb una remesa de anuncios y les requerimos que nos envien sus datos».

Las respuestas de Airbnb -que no siempre son útiles- se reenvían a la Policía Nacional y, si la investigación concluye de manera satisfactoria, «estas personas recibirán en su casa una carta del Consell con una multita» que, en el caso de una primera infracción, asciende a 40.000 euros, pero que puede alcanzar los 400.000 euros en caso de reincidencia. «Se multa a personas, no se multan pisos», recuerda Juan.

¿Fin de la impunidad?

En estos momentos, el departamento de Lucha contra el Intrusismo tiene 160 expedientes tramitados o en tramitación: «Los procedimientos son lentos, se tarda un año». ¿Qué hacer para evitar que los piratas se aprovechen de la lentitud de la administración para seguir lucrándose? Mariano Juan lo tiene claro: «Ir a la raíz del problema para que cuando un inspector detecte un piso ilegal, lo pueda cerrar. Debemos ser eficaces».

El Consell ha planteado esta medida al Govern. Para el conseller, no hay dudas: «Si un hotel o un restaurante ilegal se pueden cerrar, ¿por qué no se puede cerrar un piso?». Pese a esta traba, recuerda que ya se ha recaudado 1 millón de euros en multas y que se ha aumentado de cinco a ocho la cifra de inspectores, y deja un mensaje final: «Que sepan ‘los malos’ que se terminó el cachondeo y la impunidad».

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