Crónica

Los concejales de Sant Josep se tiran los trastos a la cabeza por los apartamentos Don Pepe

La moción del PSOE para impulsar la construcción de las nuevas viviendas para los vecinos desalojados del bloque A sólo sirve para generar una batalla dialéctica y no genera ninguna decisión práctica

Vecinos de los Don Pepe durante una protesta en 2021

Vecinos de los Don Pepe durante una protesta en 2021 / Juan A. Riera

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

«Recuerde que detrás de estos debates hay familias que nos escuchan». «Perdonen mi tono por el tema del que se trata». «Me entristece que nos estemos tirando los trastos a la cabeza por este tema». Los concejales de uno y otro grupo apelaron a la serenidad en el debate político, pero la moción presentada ayer por el PSOE para urgir al equipo de gobierno a impulsar la construcción de las nuevas viviendas para los vecinos del bloque A de los apartamentos Don Pepe, se acabó convirtiendo en un «y tú más».

No se sacó nada en claro. El debate simplemente sirvió para que gobierno entrante y saliente en las últimas elecciones se echaran en cara errores y faltas.

«Llueve sobre mojado», inició su intervención el concejal del PSOE, Vicent Roselló, citando al alcalde, Vicent Roig, tras el último drama en los Don Pepe, el incendio del pasado 10 de marzo. «¿Cuándo piensa volver a abrir el paraguas institucional para dar resguardo a los propietarios de los apartamentos Don Pepe?», interpeló a Roig.

Le echó en cara que todavía no contase con el decreto del Govern para poder seguir con la construcción de las nuevas viviendas previstas en Can Raspalls, para posteriormente asegurar que con el decreto 10/2022 ya era posible ponerse manos a la obra.

«Qué lástima que ese interés por buscar soluciones no lo mostraran el pasado mandato», disparó nada más iniciar su intervención el alcalde. Recordó que su partido puso sobre la mesa distintas alternativas para que los propietarios rehabilitaran el edificio. «En ningún momento los vecinos de los Don Pepe pidieron una vivienda nueva, ni ayudas, los que pedían era poder reformar su edificio y esta solución ni se planteó ni se buscó», recordó.

Calificó de «puñalada por la espalda» el informe que envió el Govern de Francina Armengol, nada más entrar el nuevo equipo de gobierno en Sant Josep, en el que cuestionaba la valoración del terreno donde deben ir las nuevas viviendas. E insistió en la necesidad de contar con las nuevas Normas Provisionales Urbanísticas antes de poder hacer las nuevas viviendas, «y usted lo sabe muy bien», le recriminó a Roselló.

«Si usted quiere, hoy puede dejar decretada la revisión de oficio del expediente de declaración de ruina. Se lo permite el artículo 106 de la ley 30/2015», le retó Roselló. No hay huevos, que dirían en mi barrio.

Vox azuzaba la situación: «El objetivo de esta formación es verlos volver a todos a sus casas», indicaba Araceli Colomar, al tiempo que pedía que se aceptase la solicitud de licencia que presentaron los vecinos para rehabilitar el edificio. Ara Eivissa pedía calma. «Nadie con responsabilidad política podía no hacer caso al informe de los técnicos sobre el estado del edificio y nadie del pleno objetó nada a la decisión del equipo de gobierno en ese momento (de sacar de allí a los vecinos)», les recordó Josep Antoni Prats a los concejales.

Sin duda, los vecinos de los Don Pepe esperan más de sus representantes políticos.

Las normas provisionales, pendientes del Consell para no volver a la casilla de salida

Los técnicos del Consell de Eivissa han informado al Ayuntamiento de Sant Josep de la existencia de unas contradicciones en unas planimetrías de las Normas Provisionales Urbanísticas, lo que podría obligar a que el documento pasase otra vez por toda la tramitación administrativa, según informó el alcalde, Vicent Roig. Indicó que el Consell estaba en proceso de valoración de esas planimetrías y que los técnicos municipales trabajaban en justificar su adecuación. «Si considera que no son correctas tendremos que ver si es necesaria alguna modificación sobre lo que se había aprobado», algo que «retrasaría mucho la aprobación y la gestión». Una nueva modificación significaría volver a realizar la tramitación ambiental, tramitación económica y aprobación en el pleno municipal. 

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