Sant Josep continúa sin las normas urbanísticas casi un año después de pactarlas con el Consell

A finales de noviembre del año pasado, el entonces alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, anunciaron el acuerdo adoptado para la aprobación de unas Normas Provisionales de Planeamiento (NPP) para sustiuir ya a las Normas Subsidiarias (NN SS) obsoletas de la década de los años 80 mientras se tramita un Plan General de Ordenación Urbana. Con el contenido de esta normativa urbanística transitoria consensuada por los técnicos de las dos administraciones, el exalcalde convocó dos días después un pleno extraordinario para solicitar formalmente al Consell que suspenda las NN SS y apruebe las NPP pactadas.

Entonces, se barajaba que después de que la Demarcación de Costas y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitieran sus preceptivos informes (en principio, tienen un plazo de dos meses para hacerlo), el Consell estaría en disposición, entre abril y marzo de este año, para llevar a pleno la aprobación inicial de la normativa provisional. Después, se calculaba un periodo de seis meses para la tramitación ambiental de la normativa previa a su aprobación definitiva, que, según el vicepresidente primero de la institución insular, Mariano Juan, se podía cerrar, si toda iba bien, advertía, «a finales de verano».

Diez meses después del anuncio del acuerdo y del pleno extraordinario de Sant Josep, aún no se ha formalizado la aprobación inicial de las NPP ni hay fecha para ello. Tal como ya informó este diario, el Consell no ha podido hacerlo al no disponer de la memoria económica y ambiental de la nueva normativa urbanística transitoria.

Requerimiento en enero

La institución insular requirió al Ayuntamiento a finales de enero para que completara los documentos necesarios para aprobar las NPP, pero todavía, ocho meses después, no los ha recibido. En todo caso, fuentes municipales señalan que «en breve» se mandarán al Consell. Esto permitirá desbloquear la tramitación de la normativa urbanística.

El anterior gobierno municipal progresista justificaba el retraso en la elaboración de ambas memorias en que se habían tenido que «rehacer» para incorporar «cambios», como la ubicación definitiva del solar de la zona de Can Raspalls en la que se construirán las viviendas para realojar a los residentes en los edificios Don Pepe de es Codolar. Las NPP preveían dos ubicaciones distintas. En todo caso, el retraso en la aprobación de las normas urbanísticas provisionales no afecta a la reclasificación de los terrenos de los Don Pepe porque el Govern balear lo hizo a través del decreto 10/2022 de medidas urgentes en materia urbanística que aprobó, por sorpresa, en las pasadas Navidades.

Sin embargo, el Consell señalaba que había otras cuestiones de fondo que se debían resolver, fundamentalmente la afectación de dicho decreto sobre las NPP porque, en principio, obligaba a desclasificar ocho falsos urbanos del municipio de Sant Josep.

El exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero minimizó los efectos del decreto y señaló que sí podía afectar al falso urbano de Caló d’en Real y a la ampliación proyectada del suelo industrial del polígono situado junto al aeropuerto. Precisamente, ahí es donde el Consell proyecta construir la segunda estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) fija.

Situación «insostenible»

En el pleno extraordinario de Sant Josep en el que se aprobó solicitar al Consell la suspensión de las NN SS y la aprobación de las NPP pactadas, el exalcalde del PSOE destacaba que la situación urbanística del municipio era «insostenible» y que la única vía para poner orden en el municipio pasaba por estas normas provisionales.

En este sentido, las Normas Subsidiarias en vigor desde 1986 proyectaban 80 áreas de actuación, pero de todas ellas sólo cinco o seis se han tramitado correctamente. El resto se ha desarrollado de manera parcial, lo que provoca, según la propuesta para solicitar al Consell la suspensión de las NN SS y la aprobación de las NPP que aprobó el pleno, también con el apoyo del PP, que la gestión urbanística resulte «imposible». «No queda claro quien se tiene que hacer cargo y completar la urbanización», justifica. De hecho, el Consistorio otorgaba licencias para construir en suelo urbanizable sin haberse aprobado antes los instrumentos de ordenación que marca la ley.

Además, como el municipio se edificó «sin ningún tipo de criterio urbanístico», el Ayuntamiento tampoco exigió a los promotores la cesión de terrenos para la dotación de equipamientos y servicios públicos, como promociones de viviendas sociales o centros educativos y deportivos, así como aparcamientos o zonas verdes, entre otros.

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