Cinco plazas de prisiones de Ibiza, únicas vacantes en un proceso nacional

En el último concurso general para la provisión de puestos en instituciones penitenciarias, con alrededor de 700 plazas, las cinco únicas que quedaron vacantes fueron las ofrecidas en el centro penitenciario de Ibiza. Ningún candidato aceptó ese traslado. Este fue uno de los datos que ayer puso sobre la mesa la concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, en una moción sobre funcionarios de prisiones, para instar a qué se tomen medidas para la mejora de su situación.

El pleno aprobó instar a la Secretaría General del Estado a aumentar el plus por insularidad de los funcionarios de prisiones, regularizar su sueldo conforme al coste de la vida en la isla y que se considere a estos trabajadores como autoridad para garantizar su seguridad.

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Otra vez la vivienda

Nauda denunció que durante los últimos 15 años, estos trabajadores «no han tenido una subida salarial», manteniendo un salario de «aproximadamente 1.500 euros y 80 euros de insularidad, una cantidad a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta el coste de la vida en la isla, sobre todo agravado por el precio de la vivienda».

Alertó de que este hecho provoca que la plantilla actualmente en el centro para reclusos de Ibiza sea «joven e inestable» por el continuo abandono de la plaza por los funcionarios en el momento que les es posible trasladarse, lo que dificulta mucho «una labor que requiere confianza y continuidad.

A este respecto, informó de que en la prisión hay diez viviendas, «de las cuales cuatro se destinan para altos cargos, tres para oficinas y el resto son pabellones compartidos. Por ello reclamó que el Ayuntamiento busque locales para reubicar las oficinas.

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Además, lamentó que estos trabajadores no tengan el estatus de autoridad, cuando se encuentran en situaciones muy complejas «que pueden suponer un riesgo para su integridad física».

Reclamó también que se cree una bolsa de vivienda social para los reclusos que salen en libertad y «poder completar así la labor de reinserción social».

La concejala Sara Barbado, le indicó que desde la dirección de la prisión se había solicitado más vivienda a la Secretaría General del Estado, tras haber transformado tres de ellas en oficinas, «pero que en estos momentos no es posible, dado que no se considera viable tener las oficinas fuera de las dependencias penitenciarias».

Se mostró a favor del incremento del plus de insularidad «para todos los funcionarios» y a que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de autoridad. Respecto a la creación de vivienda para la reinserción de reclusos, indicó que se trata de un colectivo más en riesgo de exclusión al que no se puede dar preferencia en deferencia a los demás.

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