Ibiza mantendrá, al menos, su bonificación del 50% del bús en 2024

No será el 100% como pedía el conseller de Unidas Podemos (UP), Óscar Rodríguez, en una moción presentada en el pleno ordinario del Consell. De momento, el presidente de la institución insular, Vicent Marí, y su vicepresidente primero, Mariano Juan, se comprometen a mantener en 2024 la bonificación del 50% del billete de autobús. Esperan que el Gobierno haga lo mismo durante el próximo ejercicio y abone la mitad restante, aunque se temen lo peor después de que Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) prácticamente lo hayan descartado esta semana tras dar a conocer sus acuerdos de gobierno para la próxima legislatura, si esta llegara a concretarse.

¿Y si finalmente el Estado se desentendiera del porcentaje aportado este año? El equipo de Gobierno del Consell insinúa que podría hacerse cargo del resto, pese a su importante cuantía (cinco millones de euros), si bien no se compromete porque, como dice Mariano Juan, no sería una buena estrategia negociadora si lo que se desea es que el Ejecutivo estatal (e incluso el Govern balear) se rasque también el bolsillo: «Salir a negociar diciendo que si no lo pagan ellos lo pagaremos nosotros, es mala postura [negociadora]». Juan, no obstante, da a entender que el Consell podría estar dispuesto a abonar algo más del 50%: «Es demasiado pronto para comprometernos a pagar el 100% del transporte público de Ibiza». Pronto, pero no tarde. Es decir, no lo descarta.

A por el gratis total

En el último momento, el conseller de UP rechazó una transaccional del PP para que se incorporara un segundo punto a la moción: instar al Gobierno y al Govern a completar el 50% restante hasta la gratuidad total de la que los ibicencos han disfrutado el último año (y hasta el 31 de diciembre, de momento). Rodríguez mantuvo el único punto de su moción: que el Consell se haga cargo de la gratuidad total hasta que entren en vigor las nuevas concesiones de transporte público.

Pero la moción fue rechazada con los votos de PP y Vox (en principio abierto a apoyarla,, aunque luego se retractó: «No te acostumbres», llegó a decir, en tono jocoso, Jaime Díaz de Entresotos a Rodríguez). Previamente, los populares garantizaron que subvencionarán el 50% del transporte en 2024. Desde su gabinete se asegura que, indiferentemente del resultado de esa votación, el Consell mantendrá esa bonificación: «Lo haremos, sin convenios ni financiación extra del Estado. Pero hemos de luchar para que el Gobierno pague su parte», dijo Vicent Marí en el pleno. Jugarán la baza de que la isla ni tiene carreteras estatales ni red ferroviaria.

Financiera del Estado

Mariano Juan subrayó que hasta ahora ha sido el Consell el que ha aportado la totalidad de la bonificación, pues el Gobierno no abonará su parte hasta que acabe el actual ejercicio: «Estamos funcionando como su financiera. Y eso supone un sobreesfuerzo presupuestario». De hecho, Formentera ya ha avanzado que no puede hacer frente a ese gasto y que, por tanto, renuncia a esa ayuda: «Prefiere perderla», según Juan.

El vicepresidente del Consell dio algunas pistas de la estrategia que seguirá la institución en este asunto y que se basa, esencialmente, en tener paciencia y esperar a que el Estado concrete qué hará, lo cual en buena manera depende de si Sánchez es investido presidente del Gobierno: «Ninguna autonomía asegura aún la gratuidad porque el Gobierno no ha aclarado aún qué hará». Y Ibiza no va a ser la primera Administración en hacerlo, vino a decir: «En esta situación de interinidad, todos están callados, a verlas venir».

¿Y podría hacerse cargo el Consell del gratis total? Juan avisa de que la financiación en materia de transportes «no está pensada» para semejantes dispendios, aunque tampoco lo descarta porque, como señala, después de que el Estado se desentendiera del convenio de carreteras (50 millones) se buscaron la vida para mantener vivos los proyectos de mejora de los viales ibicencos: «Hay que estar atentos con lo que pasa con los presupuestos generales del Estado. Es demasiado pronto aún».

El fin de las guarderías

Además, el pleno aprobó inicialmente el reglamento por el cual se establecen los criterios de autorización de los centros de atención a la infancia (se acabó llamarlas guarderías) de 0 a 3 años. Aunque felicitó a la consellera de Bienestar Social por llevar «al fin» a pleno este reglamento, el conseller de Unidas Podemos señaló que tiene dos dudas sobre ese texto: primero, que el máximo de niños por aula en Ibiza se establezca en 10, cuando en Mallorca y en Menorca son siete; segundo, que el mínimo de superficie por aula sea de 30 m², cuando en las otras islas es de 40 m². Su propuesta de que el catalán se incluyera en ese reglamento fue criticada por Vox: «Ni eso ni matemáticas ni inglés. Esto es un reglamento de una actividad, como el de una discoteca, nada relacionado con la educación». «Por fin», dijo también Víctor Torres (PSOE), que señaló que «es más fácil abrir una guardería de este tipo que un bar», además de asegurar que para este «copia y pega», especialmente del texto del «reglamento menorquín», «(...) no hacían falta tantos años».

«En este asunto [de Amadiba] no hay aval técnico por ninguna parte ni se reconoce que esos servicios se hubieran prestado. Los servicios técnicos indicaron que se llevara a la fiscalía»

Carolina Escandell

— Consellera de Bienestar Social

Caso Amadiba

El pleno aprobó además la suspensión del recurso de alzada presentado por Amadiba contra la desestimación de la reclamación de la cantidad que efectuó esa entidad en diciembre de 2018. La razón: «Porque el procedimiento está judicializado y hay que esperar la decisión judicial», dijo Carolina Escandell. «Se lleva al plenario porque ustedes quieren», apuntó Josep Marí, portavoz del PSOE. «No había más remedio que llevarlo a plenario según la nueva Ley de Consells, nos guste o no», le respondió Escandell, quien recordó a Marí la diferencia entre este caso y el pago de facturas con omisión de la función interventora (OFI), como la aprobada en el pleno por valor de casi 45.000 euros a un medio de comunicación por trabajos hechos en 2020: «En este asunto [de Amadiba] no hay aval técnico por ninguna parte ni se reconoce que esos servicios se hubieran prestado. Los servicios técnicos indicaron que se llevara a la fiscalía». «Le sugiero -añadió- que se informe si hay o no imputados» en el caso, en referencia a la investigada exconsellera Lydia Jurado. Marí afirmó que no lo hay.

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