Sant Josep aún no ha justificado al Consell la legalización de las obras de la casa de Cala Bassa

El Consell de Ibiza requirió hace casi dos años al Ayuntamiento de Sant Josep que justificara los motivo de la legalización de las obras de la casa de Cala Bassa afectada por la causa de la supuesta trama de corrupción urbanística y todavía no ha recibido ninguna respuesta. La institución insular insistirá y solicitará de nuevo la información con un nuevo requerimiento, aunque, en la práctica, mientras se instruyen las diligencias penales, no puede hacer nada, según explican a este diario fuentes de la institución.

El derribo y la reconstrucción de una vivienda antigua de 361,45 metros cuadrados (dividida en varios volúmenes, fruto de ampliaciones posteriores) de Cala Bassa, al amparo de una licencia de reforma, marcó el inicio de la investigación policial de la supuesta trama de corrupción urbanística de Sant Josep que motivó, en la llamada operación Magister dixit del pasado 13 de junio, el registro del departamento de Urbanismo de Sant Josep y de los despachos profesionales de la letrada municipal Carla García y dos abogados (L.M. y M. A.) . Todos ellos, además del exalcalde Ángel Luis Guerrero, un constructor (B.A.) y un aparejador (M.L.) fueron detenidos por la Guardia Civil. Tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad, pero figuran en la causa como investigados por la supuesta comisión, según el caso, de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.

El Consell de Ibiza también advirtió de que la obra de Cala Bassa era «ilegalizable»

Paralización de las obras

Las obras fueron paralizadas por el Consistorio, después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, requiriera la presencia de la arquitecta municipal para que constatase si la constructora se había excedido con el permiso de obra obtenido. El Consistorio informó al Consell de Ibiza porque la disciplina urbanística en suelo rústico protegido (APT de Costas, en este caso donde la construcción de viviendas está prohibido) compete a la máxima institución insular. Tal como hizo, el Ayuntamiento tiene la potestad de paralizar las obras, pero la instrucción de disciplina urbanística corresponde al Consell, que inició diligencias previas y tras requerir toda la información al Consistorio e inspeccionar las obras, un técnico emitió un informe en el que concluía que las obras eran «ilegalizables».

Sin embargo, el abogado investigado M.A. recurrió la orden de paralización en defensa de la constructora con un dictamen de un arquitecto privado que justificaba que se tuvo que derribar la edificación antigua por una cuestión de seguridad porque la estructura estaba bastante más afectada de lo que se creía cuando se hizo el proyecto.

Sant Josep encarga un dictamen

Posteriormente, el Consistorio encargó un segundo dictamen a un arquitecto externo, obviando el criterio de la técnica municipal, que concluía que no había motivos para mantener la suspensión de las obras y que se debía tramitar un modificado del proyecto, al tiempo que confirmaba que los trabajos efectuados al margen de la licencia (derribo de la vivienda para su reconstrucción) eran los que «mejor garantizaban la seguridad de los trabajadores y futuros habitantes de la vivienda».

Con este dictamen externo, y un informe favorable de la letrada municipal investigada, la junta de gobierno levantó la paralización de las obras y dio el visto a su ejecución. Fue el abogado investigado quien, en agosto de 2021, informó al Consell de que se había legalizado la actuación. Acto seguido, el Consell, según las fuentes consultadas, requirió al Ayuntamiento para que le justificara los motivos por los que había permitido la continuación de los trabajos y, casi dos años después, aún no ha contestado. Sin esta información, el Consell no puede cerrar las diligencias previas abiertas

De todos modos, las fuentes consultadas apuntan que no es un caso aislado porque la falta de respuesta de Sant Josep a los requerimientos del Consell, sobre todo en temas de disciplina urbanística, es habitual.

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