La investigación se inició por el derribo de una casa antigua en Cala Bassa con una licencia de reforma

La operación que ha precipitado la detención del alcalde en funciones de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, del PSOE, y la letrada municipal Carla García se inició por una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras detectar una obra ilegal en Cala Bassa.  

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En agosto de 2022 los agentes del Seprona emitieron un informe por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras constatar unas obras ilegales en una parcela de Cala Bassa, situada en zona protegida (Área de Protección de Costas). En concreto, al amparo de una licencia de rehabilitación parcial de una vivienda anterior a 1956, el promotor la derribó y construyó una de nueva planta. Los agentes del Seprona entienden que, con el permiso de obras concedido por el Ayuntamiento, el promotor sólo podía haber reformado los elementos estructurales arquitectónicos básicos. 

De hecho, según los agentes del Seprona, la nueva construcción debía derribarse porque desde 1999 las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) prohíben nuevas construcciones de uso residencial en zona de protección de Costas.  

Las fuentes consultadas por este diario señalan que la constructora presentó un dictamen pericial y el propio Ayuntamiento solicitó otro para amparar las obras de nueva construcción. También la letrada municipal Carla García emitió un informe favorable. En dichos informes se justificaba que las obras eran exclusivamente de rehabilitación y por el mal estado de la estructura, por seguridad, era necesaria su reconstrucción.

Así, la letrada municipal avaló que se levantara la medida cautelar de paralización de las obras sin la obligación de presentar un proyecto de nueva construcción, que según el Seprona, al ser en zona de protección de Costas, debería haberse denegado.

Legalización en es Cubells

Tras tener conocimiento de otras supuestas irregularidades urbanísticas, el Seprona trató de constatar si el de Cala Bassa era un hecho aislado o una práctica habitual en el Ayuntamiento. Así, se llegó al segundo caso de esta causa judicial, el de la concesión de una licencia de legalización de una vivienda de es Cubells al amparo de la amnistía urbanística aprobada por el último gobierno autonómico del PP, la Disposición Transitoria 10 de la Ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS). Esta norma, que luego fue derogada, permitía legalizar viviendas fuera de ordenación siempre y cuando la infracción urbanística hubiera prescrito.

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En octubre de 2017, la junta de gobierno de Sant Josep había denegado la solicitud del propietario para legalizar la ampliación de esta casa al amparo de un informe desfavorable de la arquitecta municipal. Este señalaba que no había quedado acreditado que las infracciones urbanísticas cometidas hubieran prescrito y, por lo tanto, no se podía aplicar la amnistía. Por ello, al no ser legalizables las obras, correspondía iniciar el proceso de derribo de las obras ilegales y la tramitación de la correspondiente sanción.

El promotor presentó un recurso de reposición y el Ayuntamiento lo estimó parcialmente, requiriendo la presentación de nueva documentación. Finalmente, la letrada municipal firmó un informe jurídico favorable a la concesión de la licencia de legalización. En este caso, el promotor también presentó diversos informes técnicos y periciales. El Seprona destacó que la junta de gobierno concedió la licencia al amparo de un informe externo, al que dio un mayor valor probatorio que al interno de la arquitecta municipal.

Grabación de conversaciones

Fue a partir de entonces cuando, a instancias del Seprona, se ordenó el pinchazo telefónico de la letrada municipal, y, con las conversaciones grabadas con el alcalde y otros de los detenidos, se extendió la causa a otros proyectos urbanísticos, uno de ellos en la zona de sa Sal Rossa, en el Parque Natural de ses Salines. En este caso, el permiso de obra se ha obtenido recientemente. 

Así, la causa judicial se sustenta fundamentalmente en el contenido de las conversaciones entre los detenidos que no ha trascendido. Es en estas grabaciones en las que se basa el delito de cohecho (el ofrecimiento o aceptación de pagos a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública) que se le imputa a los detenidos. 

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Fuentes consultadas por este diario señalan que también se ha incorporado en la causa el caso de Vadella 64, el edificio de 64 estudios de uso comer cial, 38 locales-talleres, 63 plazas de aparcamiento, 63 trasteros y piscina comunitaria construido al amparo de una licencia de 2003 en una parcela de uso comercial y que la promotora (Cobbelstones SL) comercializa como viviendas, algunas de «alto standing» por precios cercanos al millón de euros. De hecho, uno de los seis detenidos es el aparejador Miguel López, director técnico de esta controvertida promoción.  

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza instruye una causa, a instancias de la Fiscalía, por la supuesta comisión del delito de estafa y falsedad documental contra el promotor de Vadella 64 por la venta de estudios de uso comercial como vivienda. La dirección general de Consumo impuso una sanción de 24.000 euros a la promotora por publicidad engañosa.

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