Anticorrupción archivó la investigación de un convenio entre Sant Josep y una constructora por estar el asunto en Fiscalía

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares archivó el año pasado una denuncia por supuesta prevaricación de funcionarios y personas adscritas al Ayuntamiento de Sant Josep porque la Fiscalía de Ibiza ya estaba investigando ese mismo caso en un proceso iniciado en 2021.

Según consta en la memoria de 2022 de este organismo, se denunciaba la inacción del Consistorio, al «no declarar la caducidad de una licencia, firmar un convenio urbanístico de dudosa finalidad y transformar una licencia de construcción en suelo de uso exclusivamente hotelero en una licencia para la construcción de viviendas». La descripción se refiere al caso del convenio del Ayuntamiento con la empresa Bastiodon SL para modificar la licencia de obra en la parcela de es Port des Nebot.

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Una licencia con 15 años de inactividad

El asunto se refiere a la licencia 363/2005, que autorizaba la construcción de 61 viviendas en una parcela calificada como de uso hotelero en esta zona de Cala Vedella. La licencia pasó por cinco empresas diferentes sin que ninguna de ellas iniciara las obras en estos terrenos. El Consistorio llegó a iniciar en 2016 el procedimiento de caducidad de la licencia, pero lo archivó a raíz de un informe jurídico de los servicios técnicos municipales. En el mismo se indicaba que la licencia 363/2005 no se podía caducar por el Ayuntamiento de acuerdo con la jurisprudencia, tras la presentación de alegaciones por parte de una de las propietarias de la licencia, la mercantil Zomote SA.

Ante la imposibilidad de revocar el permiso, el Consistorio optó por firmar un convenio con la empresa Bastiodon S.L. que quería reactivar el proyecto, para que en lugar de las 61 viviendas proyectadas se construyeran 12 villas de lujo. El Ayuntamiento defendió en aquel momento el beneficio de este convenio al reducir la edificabilidad y poner terrenos a disposición de la administración para construir servicios en la zona. La oposición fue muy beligerante con el acuerdo. Finalmente el Ayuntamiento dio marcha atrás en el convenio ya firmado, debido a la oposición del Consell de Ibiza a la recalificación de los terrenos.

Denuncia a anticorrupción

La Oficina Anticorrupción recibió el 29 de septiembre de 2022 una información donde se ponía de manifiesto «un posible delito de prevaricación continuada por parte de funcionarios y/o personas adscritas y vinculadas al Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia en relación con las licencias de obras concedidas en la zona de Cala Vedella». El organismo inició el proceso de análisis de la verosimilitud de la denuncia para poner en marcha una investigación si se consideraba oportuno. Sin embargo, al tener constancia de que la Fiscalía de Eivissa había abierto diligencias de investigación por el mismo asunto la archivó «al estar el asunto judicializado», según consta en el informe de las actuaciones de la oficina en 2022.

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