El equipo de gobierno de Sant Josep se comprometió ayer a suspender y renegociar el convenio urbanístico suscrito con Bastiodon SL que prevé la construcción de 12 viviendas de lujo en la Es Port d'en Nebot, Cala Vedella. Según el concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, se quieren incluir, en el acuerdo con la empresa, «las directivas sobre ahorro energético, ahorro de agua y el aprovechamiento de las zonas de dominio público».
El asunto salió a la palestra en el pleno ordinario de agosto que se celebró ayer, a causa de una moción de Ciudadanos que pedía la revocación del convenio. Según el portavoz naranja, Dani Becerra, se trata de un «pelotazo urbanístico para construir 7.600 m2 en primera línea de mar». «Nosotros no estamos dispuestos a ponerle una alfombra roja a ningún fondo buitre», aclaró Becerra.
Sant Josep en 2005 dio una licencia para construir 61 viviendas en es Port d'en Nebot. Desde entonces la titularidad de los terrenos (casi 31.000 m2) ha cambiado de manos varias veces. Según Guerrero la intención del equipo de gobierno con este convenio es la de «parar una aberración urbanística». «La empresa puede empezar a construir mañana si quiere, incluso con el convenio. No se trata de un acuerdo para construir más, sino para reducir la edificabilidad [autorizada] en un 30%», aclaró Guerrero.
Sin embargo, como dijo la concejala de Unidas Podemos Mónica Fernández, el equipo de gobierno reconsideró su posición tras revisar el convenio más a fondo. «Después de estudiarlo con detenimiento, nos hemos dado cuenta de que el convenio es mejorable, sobre todo en lo referente a las normativas de eficiencia energética, ahorro de agua, y zonas públicas, como son el acceso a la costa o el uso de las zonas verdes», aclaró Fernández.
El resto de grupos de la oposición también se mostró en contra del convenio y a favor de la moción. El portavoz popular, Francisco Javier Marí Álvarez, acusó al equipo de gobierno de hacer urbanismo a medida: «Cuando ustedes criticaban el urbanismo a la carta se referían a esto». El resto de partidos de la oposición también mostró sus dudas y disconformidad con el convenio. La moción fue rechazada por el equipo de gobierno porque Becerra no consideró aceptable la oferta de PSOE y UP para cambiar el texto de la propuesta de acuerdo para que pidiese la modificación y no la revocación del convenio.
Otro de los puntos conflictivos del pleno de ayer fue una moción conjunta de los grupos Popular, Ciudadanos y PxE para que el pleno acordase rechazar el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno central por el que los Ayuntamientos podrán ceder sus remanentes al Estado. La oposición acusó al alcalde de poner los intereses de su partido por delante de los del municipio, para «entregar 42 millones de euros al Estado». Marí Álvarez, además dudó de las condiciones del decreto, puesto que aseguró, «no se especifican». «Una vez que se entregue el dinero al Estado, ese 35% que nos darán en los próximos años, no sabemos en qué lo podremos gastar o si lo podremos gastar», aclaró el portavoz popular, que además arguyó que cuando el Estado devuelva el dinero, éste «tendrá que volver al remanente».
El portavoz de Ciudadanos aseguró: «Parece más una artimaña para financiar al Gobierno central que para liberar el remanente de los ayuntamientos», dijo Becerra. Vicent Torres, de PxE, se mostró sorprendido: «Siempre ha sido usted un defensor de la autonomía municipal y ¿ahora quiere expoliar al Ayuntamiento para un plan Ñ a costa nuestra? Me ha decepcionado usted personalmente [alcalde] y Unidas Podemos porque no han dicho nada».
Los remanentes
Los remanentes
En su turno, Marí Ribas aclaró que se trata de un decreto que da poderes a todos los alcaldes de España para que presten sus remanentes al Estado de forma voluntaria. «Los ayuntamientos que tengan superávit se podrán gastar su dinero después de diez años cuando lo devuelva el Estado con una prima del 35%. Es decir se devolverá el 135%», aclaró Marí Ribas, que también advirtió de que el decreto debe aún ser ratificado por el Congreso de los Diputados y que en ese proceso puede sufrir cambios. La moción fue rechazada con los once votos contrarios del equipo de gobierno.
