Medio Ambiente propone dejar sin efecto la evaluación favorable del hospital privado de Jesús en Ibiza

La Comisión de Medio Ambiente de Balears propone declarar la pérdida de vigencia de la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto de construcción del hospital privado de Jesús que promueve el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas. Esta es la propuesta que se someterá a votación el jueves, en la reunión del comité técnico de la Comisión de Medio Ambiente, del que el Consell de Ibiza forma parte y al que se invitará tanto al Ayuntamiento de Santa Eulària como al promotor. El acuerdo definitivo se ratificará, una semana después, en el órgano político de la Comisión de Medio Ambiente de Balears.

La pérdida de la declaración de impacto ambiental favorable, obtenida en 2010, obligará al promotor a iniciar de nuevo todo el procedimiento ambiental con la particularidad de que la normativa que lo regula es mucho más exigente ahora que hace una década. Precisamente, el texto refundido de la ley 12/2016 de evaluación ambiental de les Illes Balears es el que recoge que las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta legislación «pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no se ha comenzado la ejecución del proyecto o la actividad en el plazo máximo de seis años desde su entrada en vigor».

Santa Eulària da por hecho que debe echar atrás la licencia del hospital privado de Jesús

Descontados los meses de parálisis administrativa por el estado de alarma de la pandemia, el plazo se acababa el pasado 8 de noviembre. El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó la concesión de la licencia de obras y actividad el 28 de octubre, poco más de una semana antes de la fecha máxima para el inicio del proyecto, pero con una serie de condicionantes, como la renovación de la autorización de instalación de Salud, obtenida en 2011, que también había caducado (a los seis meses). Así, hasta la obtención de dicho permiso, el promotor no podía comenzar las obras del edificio del complejo sanitario, pero sí los trabajos de movimientos de tierra y urbanización de la parcela, según informaron en su momento fuentes municipales.

Sin embargo, el promotor no retiró la licencia. Este acto supone el desembolso de 6,5 millones de euros: 1,8 millones del valor del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y 4,7 millones en concepto de «aprovechamiento atípico» del suelo. Esto último se debe al hecho de que el terreno afectado es suelo rústico y para ejecutar el proyecto sanitario, en 2010, el Consell de Ibiza aprobó una declaración de interés general.

Como las obras no empezaron en el plazo previsto, el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que se opone a este proyecto, remitió escritos a todas las administraciones implicadas para que declarasen perdida la vigencia de la evaluación ambiental favorable. También reclama al Consistorio la revisión de oficio de la licencia. Ante esta situación, el Ayuntamiento instó a Medio Ambiente a que aclarase la situación de la declaración de impacto ambiental favorable. En su propio informe, el Ayuntamiento acreditaba que no se habían iniciado las obras, salvo la excavación arqueológica de una parte de la parcela sujeta a otra licencia de movimientos de tierra.

Pérdida de efecto de la licencia

El Consistorio también reconoce en el informe que, al no haberse iniciado las obras en plazo, la Comisión de Medio Ambiente debe declarar la caducidad de la tramitación ambiental de 2010 y, acto seguido, la junta de gobierno deberá aprobar la pérdida de los efectos de la concesión de la licencia acordada el pasado 28 de octubre.

El promotor presentó en el Ayuntamiento un acta de replanteo e inicio de obras, protocolizada ante notario, el 7 de noviembre, en la que no se incorporaba ningún documento gráfico que acreditase el inicio efectivo de los trabajos, según el informe municipal. Por su parte, Vilás presentó fotografías avaladas por un acta notarial para evidenciar que el promotor no había iniciado las obras en el plazo previsto para mantener viva la evaluación ambiental favorable.

A petición de Medio Ambiente, el Consell de Ibiza también ha señalado que como el informe de Santa Eulària concluye que no se han iniciado las obras, «se deberá estar a lo que establece la ley de evaluación ambiental, teniendo en cuenta que según la Comisión de Medio Ambiente, la declaración de impacto ambiental perdería su vigencia si a fecha 8 de noviembre no hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad».

Suscríbete para seguir leyendo