PP y Vox acuerdan de nuevo retirar los rótulos contra la violencia de género

Los rótulos morados contra la violencia machista que quedan en la vía pública del municipio de Sant Josep y que se instalaron en el año 2020 tienen los día contados. Ayer, el Pleno del Consistorio, con los votos del Partido Popular y de Vox, se reafirmó en la decisión adoptada en el pleno del mes de marzo y rechazó una moción del grupo municipal socialista en la que se reclamaba que se mantuviera esta señalización.

La concejal socialista, Present Ortiz, defendió la utilidad de estos rótulos, más allá de su valor simbólico: «Es una herramienta poderosa para concienciar y apoyar a las víctimas. Educan y sensibilizan».

Ortiz alertó del mensaje que se transmite a la población si se opta por retirar estas señales: «Visibilizar sirve para eliminar el estigma y la vergüenza. Retirarlas menoscaba la confianza de las víctimas en las instituciones».

Respecto al argumento que esgrimió el PP en el anterior pleno, de que según un informe de la Policía Local la señal de ‘STOP violencia de género’ podría provocar una confusión entre los conductores, la concejal socialista propuso trasladarla a zonas peatonales, y recordó que habían solicitado este supuesto informe de la Policía y que nadie se lo había facilitado todavía.

«Contentar a la ultraderecha»

La propuesta obtuvo el apoyo de Ara Ibiza, cuyo portavoz, Josep Antoni Prats, recordó que «ante la violencia machista hay dos opciones: hacer como que no existe o visibilizar este problema». En el mismo sentido se pronunció la portavoz de Unidas Podemos, Mónica Fernández: «No entiendo cómo el PP puede firmar el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista y después doblegarse así ante la extrema derecha».

En el bando de quienes votaron en contra de mantener esta cartelería se situó Vox, cuya portavoz, Araceli Colomar, presumió de su éxito y ridiculizó las iniciativas de este tipo: «¿Las ponemos [a las mujeres agredidas] a mirar la señal y ya se curan solas?». Calificó estos rótulos de «totalitaristas» e insistió en que la violencia machista no existe ya que «la violencia no tiene género».

Muy poco cómoda en este debate se encontró la concejala de Igualdad del PP, Marilina Serra, quien en sus intervenciones prácticamente no dijo ni una palabra sobre los rótulos morados, ni tampoco se excusó en informes de la Policía local, sino que defendió su labor al frente del departamento de Igualdad: «Mantener o no tres señales moradas no significa que no se trabaje en favor de la igualdad», defendió, y recordó iniciativas como la instalación de puntos seguros en las fiestas, las charlas de policías tutores en las escuelas para prevenir la violencia de género, así como la elaboración del Plan de Igualdad por parte del Ayuntamiento. Y, emocionada, agradeció el trabajo de las técnicas que forman su equipo.

«Estoy seguro que desde este Ayuntamiento se está trabajando desde la igualdad, y su labor quedará eclipsada por votaciones como las de hoy», replicó un conciliador Josep Antoni Prats, quien animó a los concejales del PP a cambiar el sentido de su voto: «Ustedes tienen mayoría suficiente para gobernar. No necesitan los votos de la ultraderecha. Si creen que con esto les contentarán se equivocan porque la ultraderecha siempre quiere más». Pese al tono persuasivo, como era de imaginar, sus palabras no tuvieron efecto, y los concejales del PP y Vox votaron en bloque en favor de la retirada de las señales.

Mercadillo hippi

La situación del mercadillo hippi de Platja d’en Bossa enfrentó en un debate a la portavoz socialista Pilar Ribas con el alcalde, Vicent Roig. Ribas defendió la labor del mercadillo en la «dinamización de las calles Ruda y Bruc» y criticó la decisión del Ayuntamiento de no permitir la instalación de casetas permanentes de madera, la reducción de los días de apertura de siete a cinco semanales, y el aumento de la fianza que deben pagar los comerciantes de 500 a 800 euros: «Con estas medidas hacen peligrar una actividad fundamental».

En la réplica, el alcalde se mostró muy molesto con la actitud de algunos de los comerciantes del mercadillo y denunció las malas praxis que habían detectado: «No se les deja instalar las casetas permanentes porque han hecho un muy mal uso de ellas. Ha habido una gestión muy negligente de este mercadillo que, recordemos, está en un espacio público».

Roig señaló que se había detectado la venta de «productos no autorizados» y que había vendedores que «no pagaban los seguros ni se habían dado de alta».

Un grupo de comerciantes del mercadillo hippi asistió al pleno y manifestó, a su salida, su disconformidad con la decisión del Consistorio: «Ha sido muy injusto. No sé qué tiene el alcalde contra nosotros. Se nos ha acusado de pernoctar en las casetas, de vender drogas. Si es verdad eso que dice, que presente pruebas. La mayoría de gente ha cumplido, ¿por qué nos hacen pagar justos por pecadores?», declararon.

Solución a las autocaravanas

La situación de los asentamientos de autocaravanas y el drama del imposible acceso a una vivienda digna también se debatió en el Pleno gracias a una moción presentada por Unidas Podemos que provocó una división en el voto muy singular. Así, la portavoz morada, Mónica Fernández, propuso en la moción habilitar uno o varios espacios donde las autocaravanas tengan un sitio donde estacionar y poder desaguar las aguas negras con total garantía medioambiental. Una propuesta que obtuvo el rechazo del PP al considerar que eso solo serviría para «enquistar más todavía este problema», y del concejal de Ara Ibiza, quien señaló que este planteamiento supondría «normalizar la vivienda precaria y ser cómplices con el modelo de lujo para algunos y de miseria para otros».

«Nada más lejos de nuestra intención normalizar la precariedad», defendió Mónica Fernández, «pero la problemática está y tenemos la obligación de afrontarla y ofrecer soluciones». La concejala de UP recibió el inesperado apoyo de las concejalas de Vox, quienes recordaron que ya plantearon una opción parecida en plenos anteriores: «No queremos asentamientos ni guetos, sino un área de caravanas bien gestionada», señaló la concejal voxista Raquel Ripoll. Lapropuesta finalmente fue rechazada con los votos de PP y Ara Ibiza.

El Pleno aprobó una moción del grupo municipal de Vox para poner en marcha un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) frente a la costa sur de la isla, así como solicitar al Gobierno que se dote al servicio marítimo de la Guardia Civil de los medios humanos y materiales necesarios para «reforzar la seguridad de nuestras costas». Esta propuesta salió adelante gracias a los votos positivos del PP.

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