El interventor de Sant Antoni dio un ultimátum a Fiestas para que cumpliera la ley al contratar

El interventor de Sant Antoni, Jorge Zurita Salazar, lanzó el pasado 28 de diciembre un ultimátum a la concejalía de Fiestas, cuyo responsable es Miguel Tur, y al alcalde, Marcos Serra, a través de un informe por omisión de la función interventora (OFI): «Ante la reiteración de los gastos derivados de actuaciones de sonido y montaje de escenario sin contrato alguno […] no serán admitidas más facturas por este concepto», les advirtió. Se acabó transigir ante los reiterados incumplimientos de Fiestas. Salazar llevaba año y medio avisando a ese departamento de que incumplía continuamente la legislación de contratos: en los expedientes no constaban «los documentos exigidos «a los contratos menores del Ayuntamiento» y, lo que era más grave, se adjudicaban trabajos sin mediar contratos. El edil encargaba servicios a «telefonazos», como la oposición denunció en el pasado pleno, ante lo que el interventor advertía en sus informes que «la contratación verbal no está permitida en la Administración». Desde Intervención se avisó, una y otra vez, a Fiestas en cada informe que firmó desde 16 de abril de 2021 hasta hace cuatro semanas.

El ultimátum del interventor, producido hace 30 días, provocó la reacción inmediata del alcalde, que ha incluido «de urgencia» en el pleno ordinario de hoy la propuesta de aprobación de una modificación de crédito (financiado con cargo al remanente) para «lanzar la licitación de la contratación del servicio» de la concejalía de Fiestas. Es decir, para que deje de otorgar a dedo los servicios. En la documentación aportada en la comisión informativa, celebrada el pasado lunes, sólo se concreta que esa cantidad se destinará a «trabajos externos fiesta[s]: montaje y logística» por la cantidad de 527.624 euros. Marcos Serra debió preocuparse (y no poco) ante la posibilidad de que todos los encargos efectuados verbalmente y sin ser convenientemente tramitados por Fiestas fueran rechazados por el interventor, de manera que las empresas que dieron esos servicios pudieran exigir indemnizaciones «por daños y perjuicios». Este es uno de los razonamientos que aparecen habitualmente en los informes de Fiestas para justificar no haber tramitado los expedientes como es debido.

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«Reiteración»

El interventor, además, señala en su último informe «la reiteración de los gastos derivados de actuaciones de sonido y montaje de escenario sin contrato alguno» y especifica que todos ellos proceden de facturaciones realizadas bien por Sonitec Ibiza Eventos SL, bien por el que es el administrador único de esa sociedad limitada, Vicente Escandell Marí, amigo de la infancia del regidor de Fiestas. Salazar parece, incluso, harto de que le den largas, pues desde el departamento que dirige Miguel Tur se le había asegurado que «sería aprobado [el procedimiento para la licitación de esos servicios relacionados con sonido y escenarios] en el primer trimestre de 2022, sin que ese hecho se produjera». «Se debe proceder —exige el interventor— a impulsar cuanto antes la referida licitación. Esta advertencia ha sido realizada por este interventor reiteradamente sin que se haya planteado actuación correctora alguna», avisó el pasado 28 de diciembre, pocos días después de que este diario publicara que Sonitec había facturado 859.000 euros en tres años. Vila no permite que una sola empresa facture más de 15.000 euros al año.

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Que el interventor avise de que sería necesario licitar esas siete facturas a Sonitec indica implícitamente que fueron fragmentadas para que así no superaran la cantidad total a partir de la cual dejan de ser contratos menores.

Incumplimientos

El alcalde tomó nota y lleva hoy a pleno la solicitud de un crédito para la licitación de la contratación del servicio de la concejalía de Fiestas, si bien parece que tendrá dificultades para aprobarlo porque, de momento, no cuenta con el apoyo de PSOE-Reinicia, El Pi ni Unidas-Podemos, que se quejan de que no han recibido la información de esos pliegos. De no salir adelante en el pleno, sobre el alcalde pende la espada de Damocles de la advertencia realizada por el interventor hace 30 días: «En cualquier caso, no serán admitidas más facturas por este concepto sin que se aporte conformidad de algún técnico respecto a la valoración de las prestaciones». Tiene otra alternativa: contratar como hacen el resto de consistorios de la isla en vez de a dedo.

Interventor: «En cualquier caso, no serán admitidas más facturas por este concepto sin que se aporte conformidad de algún técnico respecto a la valoración de las prestaciones»

En los siete informes por omisión de la función interventora a los que ha tenido acceso este diario se hace constar lo mismo. Del examen de la documentación que aparece en los expedientes y «vista la naturaleza del gasto», el interventor observa diversos «incumplimientos en su contenido y tramitación». Así, en las facturas «no constan los documentos exigidos en el artículo 20.2 de las bases de ejecución del presupuesto respecto a la documentación mínima exigida a los contratos menores del Ayuntamiento». Por ejemplo, para contratos menores (menos de 15.000 euros más IVA) no se pidieron ofertas a al menos tres empresas, tal como hacen el resto de municipios de la isla. Ni siquiera constan contratos. De ahí que el interventor alerte, constantemente, a Fiestas de que «la contratación verbal no está permitida en la Administración». También insistentemente (al principio), Salazar indica al departamento de Miguel Tur que «deben reconducirse estas actuaciones cuanto antes y no reiterarse a lo largo del tiempo». Pasados 21 meses, dejó de avisar y optó por dar un ultimátum al alcalde.

El interventor alerta, constantemente, a Fiestas de que «la contratación verbal no está permitida en la Administración»

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