La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha declarado ante la jueza del juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, a causa de una querella por un supuesto delito de prevaricación en la tramitación del centro hospitalario privado que promueve en Jesús el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas. La querella fue interpuesta por el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás.
La alcaldesa, que había solicitado ante la jueza un adelanto de su declaración, estaba citada a las 12.30 horas y ha acudido puntual acompañada de su abogado, Eduardo Valdivia. La declaración ha sido breve y, tras responder a las preguntas de la Fiscalía, de la acusación particular -representada por el ex fiscal anticorrupción de Balears, Pedro Horrach- y de su defensa, ha abandonado el edificio de los juzgados a las 13.10 horas.
Tras su declaración, Ferrer ha afirmado sentirse «satisfecha» y ha recordado que ella «había pedido declarar, y es lo que hemos hecho hoy». La alcaldesa no ha querido dar ningún detalle sobre el contenido de sus explicaciones y de las preguntas que le han efectuado, pero ha insistido en que ha respondido «a todas las preguntas» y que está «satisfecha, porque es como te sientes cuando dices la verdad».
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Pedro Horrach, ha confirmado que Ferrer ha respondido a las preguntas de todas las partes personadas pero no ha dado ninguna impresión personal sobre cómo se había desarrollado esta comparecencia. Tras esta declaración, la jueza deberá decidir si archiva esta demanda o si, por lo contrario, prosigue con su instrucción.
La querella contra Carmen Ferrer fue admitida a trámite el pasado 14 de diciembre, y fue interpuesta por el empresario Francisco Vilás. En ella, Vilás sostiene que la alcaldesa actuó de manera irregular al no tramitar la caducidad del expediente que permite construir un hospital privado en Jesús promovido por el empresario Juan Tur Viñas.
Litigio por el hospital privado
El conflicto empezó en el año 2010, cuando el Consell de Eivissa concedió la declaración de interés general a la construcción de este centro sanitario. La querella se basa en que el Consistorio no ha concedido las licencias de obras y de actividad, pese a que la ley marca que estas se deben aprobar en un periodo máximo de seis meses desde la declaración de interés general y con un periodo de tres o cuatro meses para su resolución.
Según la demanda que interpuso el propietario de la Policlínica del Rosario, este retraso en la tramitación de las licencias se debería a que «el promotor ha incumplido los requerimientos de subsanación efectuados por el Consistorio, incluso con el apercibimiento de declarar la caducidad de los expedientes». Según el querellante, la alcaldesa habría cometido un delito de prevaricación ya que «ha permitido, a través del simple e ilegal medio de la inacción municipal, la continuación indefinida del expediente administrativo».
En su escrito, Vilás asegura también que reclamó al Consistorio que iniciara el procedimiento de caducidad de los expedientes de las licencias de obras, pero que el Consistorio hizo caso omiso.
Sobre este caso se pronunció el anterior alcalde de Santa Eulària y actual presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, quien aseguró que es «una lucha entre particulares [Francisco Vilás y Juan Tur Viñas]», y defendió la actuación de Carmen Ferrer: «Lamento mucho la presión a la que están sometidos la alcaldesa y los funcionarios de Santa Eulària. Es desagradable e injusto».
