Prórroga de la instrucción de ‘La vida Islados’ por la «complejidad» del caso

La Audiencia Provincial de Balears ha autorizado una prórroga de seis meses del plazo de instrucción sobre ‘La vida Islados’. El caso nace a través de la Fiscalía Anticorrupción de Balears, que presentó una querella en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza contra el presidente del Consell, Vicent Marí. Se le investiga por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por la campaña de promoción turística extraordinaria ‘La vida Islados’, adjudicada por la vía de emergencia justo antes del primer verano de la pandemia a Fuera de Escena Ibiza.

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La última novedad es que la Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, para conseguir la prórroga. Se ha decidido «atendiendo a la complejidad de la causa», reza uno de los dos autos notificados por parte de la Audiencia el 30 de abril. Fue la funcionaria quien emitió el informe en contra del pago de la factura de 167.000 euros a Fuera de Escena Ibiza.

Además, la representación procesal de la funcionaria presentó un recurso de apelación contra el Auto de 19 de octubre de 2023 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Ibiza. Éste denegaba una serie de diligencias de investigación. Sin embargo, uno de los autos emitidos a finales de este mes de abril «revoca parcialmente en el único sentido de ordenarse el reconocimiento forense de Maria Ana Tur (...) confirmándose el resto de la resolución recurrida». Y es que la interventora y la Fiscalía acusan al presidente de la supuesta comisión de un delito de coacciones y acoso laboral contra Marian Tur.

El objetivo de esta prueba es «determinar si existen o no los padecimientos psíquicos y físicos que alega la recurrente, y sin que los argumentos que se exponen en el auto combatido puedan compartirse, pues con ser cierto que la eventual relación de causalidad debe ser valorada y analizada, en su caso, por el instructor o el sentenciador, no es menos cierto que la falta de constatación objetiva de dichos padecimientos, impediría, ab initio [desde el principio], poder siquiera entrar a examinar dicha relación de causalidad».

Marí afirmó que era al revés, que fue la interventora la que le amenazó para lograr su ascenso y que su denuncia obedece a «una venganza». El presidente dijo que, cuando ella presuntamente le presionaba para que firmara su nombramiento, ésta aún no cumplía los requisitos.

Desde el Consell de Ibiza este sábado relativizaron la prórroga de la instrucción y le quitaron importancia: «El juez de instrucción y fiscalía decidieron no prorrogar la instrucción, una decisión que las acusaciones (interventora, Vilás y PSOE) recurrieron pidiendo toda una serie de pruebas que el juez dijo que no eran necesarias. Ahora la Audiencia ha denegado todas salvo hacer una pericial psicológica a la interventora, lo que considera necesario para poder finalizar la instrucción con garantías, a pesar de la oposición de la propia fiscalía». Con todo, valoran que «es normal que se prorrogue (...) para poder practicar esta prueba». «También debemos tener en cuenta que la Audiencia destaca que esta instrucción está siendo demasiado larga y pide celeridad», destacan. En este sentido, el auto también incluye que «deberán adoptarse las medidas oportunas para la agilización de la causa».

Los abogados de la interventora Marian Tur se muestran satisfechos con que se ordene el reconocimiento forense y con la prórroga concedida. Sobre esta, la Audiencia indica que «resulta justificada habida cuenta de que existen diligencias de instrucción cuyo resultado, al tiempo del dictado del auto objeto de recurso, aún no se ha obtenido y del que no puede descartarse que surja la necesidad de realizar otras nuevas habida cuenta la complejidad de esta causa». Lo que justifica que la instrucción no pueda darse por concluida el 15 de mayo de 2024, según estaba previsto.

Nuevas diligencias

«No se descarta —continúa el auto— que, tras las testificales acordadas puedan derivarse otras nuevas diligencias, que, en este momento no pueden concretarse. Los procedimientos en los que se investigan hechos contra la Administración pública son, precisamente, exponente de los asuntos de especial complejidad. La necesidad de su análisis y valoración, para el esclarecimiento de los hechos investigados, hace necesario que el tiempo de instrucción sea prorrogado. A nuestro parecer, este tipo de diligencias son esenciales en el esclarecimiento de hechos delictivos como los que nos ocupan, en los que no es infrecuente que, debido a déficits investigativos, los cuadros probatorios en el plenario sean muy pobres y den lugar a absoluciones por ausencia de elementos de prueba».

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Por otro lado, la Audiencia ha denegado otras pruebas que pidieron los abogados de la interventora, concretamente, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de octubre de ese mismo año, de personas del equipo de ‘La vida Islados’ y del Consell. Todo ello, «para su posterior análisis por el Grupo de delitos tecnológicos del CNP».

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La Audiencia indica que aportar esa información «no resulta, en el momento del dictado combatido, de necesaria práctica en sede de instrucción, máxime cuando se ha ordenado la declaración del Sr. Armando Tur [responsable de Comunicación del Consell], a quien el recurrente podrá interrogar sobre los extremos que pretende con dicha documental». «Tras esa testifical, podrá, en su caso, ponderarse la necesidad nuevamente de dicha diligencia. En su virtud, tampoco procedería la intervención del grupo de delitos tecnológicos», agrega la Audiencia.

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