Usted destacaba hace unos días que su gobierno de PP y Cs ha cumplido el 76% de las medidas acordadas y el 24% restante está iniciado o en proceso. Entiendo pues que la gratuidad de las escoletes que anunció en su discurso de investidura y que sigue sin cumplir no estaba en ese acuerdo.
Es un compromiso electoral del PP y, como tal, miraremos de cumplirlo, ya sea a través de un cheque-guardería o de la modificación de la ordenanza fiscal. Estamos estudiando cuál es la mejor opción. Evidentemente, las prioridades han sido otras y ahora se trabaja en esto para que sea una realidad cuanto antes.
En julio del año pasado decía lo mismo, que se estaba estudiando la fórmula adecuada.
Es cierto, está más avanzado, pero no se ha cerrado. Modificar ordenanzas fiscales o buscar otra solución es complejo y requiere de un tiempo para hacerlo con seguridad. Espero que en la próxima entrevista no me lo vuelva a preguntar porque ya esté resuelto.
Ya será en elecciones.
Yo pienso que estará antes.
Se puede pensar que es una medida electoral si un anuncio de principio de mandato se aprueba antes de los comicios.
Lo importante es que se haga. Hemos tenido muchas cuestiones, algunas que no estaban previstas y se ha ido priorizando. Durante la pandemia dimos ayudas para las escoletes e hicimos un esfuerzo importante para mantenerlas abiertas. Ahora se trata de dar gratuidad a las escoletes que son de titularidad del Consell porque creemos en ello. No hay que olvidar que la educación de cero a tres años, que debería ser gratuita, es una competencia del Govern balear.
Tampoco se sabe nada del anunciado instituto público para la gestión de servicios sociales.
Precisamente, la gestión de las residencias era y sigue siendo una prioridad. No hay que olvidar que Ibiza ya lo hizo y tuvo que devolverla al Govern por la mala estructura [el Consorcio Sociosanitario] que había en ese momento. Tiene que volver pero con la dotación económica que corresponde, y en este momento las diferencias económicas con el Govern son muy elevadas. Hemos pedido al Govern que constituya el organismo, que traspase todo el personal a este y luego nos lo transfiera. Será más fácil porque nosotros no disponemos de toda la información. Las conversaciones se han alargado, pero no se trata de ir rápido, sino seguro. No podemos fracasar asumiendo una competencia mal dotada.
Hace dos años decía que se trabajaba en los estatutos de la Agencia Insular del Agua, de la que seguimos sin saber nada.
Este asunto es más complejo porque afecta a todas las islas. Debe haber una voluntad clara del Govern de transferir esta competencia a todos los consells y, en principio, existe, pero no de una manera clara, contundente. Ya dijimos que esta competencia se debe ir asumiendo de forma progresiva, empezando por los torrentes. Todos sabemos que no se hace un buen mantenimiento. Luego están las desaladoras y las depuradoras, que en Ibiza requieren de importantes inversiones. Antes de aceptar el traspaso, se debe evaluar bien el coste económico para mejorar la gestión actual. Está sobre la mesa y quizá tardará, pero llegará. La gestión actual no es la adecuada y lo estamos sufriendo con los vertidos que se producen cada dos por tres en el torrente de sa Llavanera. Estamos convencidos de que si esta competencia se pudiera gestionar desde Ibiza se podrían evitar muchos problemas.
A un año de las elecciones, tampoco se sabe nada del nuevo Plan Territorial Insular (PTI), pese a que en la campaña electoral se comprometió a derogar la modificación de la izquierda.
Antes de las elecciones dijimos que lo derogaríamos porque no estaba aprobada definitivamente. Se hizo 10 días antes de las elecciones. Por tanto, no podíamos derogarlo, sino iniciar un proceso distinto, que es el de revisión del PTI. Y en eso estamos. Hemos dado prioridad a la gestión del día a día y al reglamento de simplificación administrativa. Se trata de aprobar un PTI adaptado a las necesidades de la isla, que no se tenga que cambiar constantemente. Queremos que haya máxima unanimidad. No debe ser una cuestión pendular que vaya hacia un extremo u otro en función de quien gobierna. Tiene que haber un pacto territorial, sin prisas. Queremos hacerlo con moderación y sentido común. Este año habrá noticias.
Con el precinto de pisos turísticos empezaría a resolverse el problema de la vivienda en Ibiza
El gobierno del PP de Pere Palau tardó menos de dos años en aprobar el PTI actual.
A veces es más fácil hacer una cosa desde el principio que modificar lo existente. Además, la normativa ha cambiado mucho. Seguiremos con el proceso de cambio en aquellas cuestiones que se pueden mejorar y darán seguridad jurídica a los ciudadanos.
¿Qué se ha de cambiar?
Bueno, hay distintas cuestiones. Ahora no las adelantaré. No quiero abrir el debate público sin haberlo consensuado antes con las asociaciones e incluso con los grupos políticos. Cuestiones que pueden causar confusión y que son mejorables. El PTI debe respetar a las personas, a los ibicencos, que durante muchos años han conservado este territorio. No pueden ser ellos siempre los que paguen la política ideológica de un determinado momento. Los propietarios del campo han de tener la seguridad jurídica de que, en un marco estable, sus derechos no serán alterados.
Pero ya tienen esta garantía.
Pero se han dejado algunas cuestiones sin resolver y estas son las que queremos…
La regulación de la entrada de vehículos será fruto de un proceso participativo. No hemos venido a imponer un modelo a golpe de ideología
¿Pero cuáles son?
Si me permite, no quiero adelantar este debate porque no es el momento. Incumpliría mi palabra de intentar lograr un consenso. Antes de finales de año anunciaremos las líneas maestras de lo que tiene que ser el PTI. La pandemia ha alterado nuestras prioridades. Hemos mejorado primero la gestión del día a día, hemos simplificado la administración, hemos impulsado un decreto para perseguir las fiestas ilegales, colaboramos además con los ayuntamientos, al margen de su color político, para que aprueben sus planeamientos urbanístico, y ahora viene la modificación del PTI.
¿Y cuándo se aprobará la zonificación turística a través del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT)?
Una vez aprobada la nueva ley turística tenemos cuatro años para hacerlo. Hemos iniciado el procedimiento para contratar los trabajos para su elaboración y fijar el techo de determinadas zonas. Hay muchos frentes abiertos. Somos prudentes. Si no funciona el día a día, no podemos llevar a cabo proyectos de futuro. No eludimos nuestra responsabilidad, pero con los medios que tenemos... Podríamos externalizarlo, pero en este caso lo mejor es confiar en nuestros técnicos con los refuerzos que sean necesarios.
¿La bolsa de plazas turísticas de Ibiza debe reducirse?
Hay que dejar claro que la bolsa de plazas turísticas del Consell asciende a 9.000. Proceden de las bajas turísticas de los últimos 15 años. Hemos decrecido en plazas para aumentar el tamaño de las habitaciones de los hoteles y algunos establecimientos se han dado de baja. ¿De estas 9.000 cuántas quedarán cuando se apruebe el PIAT? No se lo sabría decir. Ninguna o una parte de ellas. Se sabrá después de todo el proceso participativo y de estudio y análisis. Se tomará la decisión de la forma más consensuada, como hacemos con la regulación de la entrada de vehículos. Después del análisis de los datos, se ve claramente la necesidad de regular la llegada indiscriminada de vehículos, sobre todo de autocaravanas, con los problemas que todos sabemos que causan, y de coches de alquiler que vienen a Ibiza a hacer la temporada y no pagan impuestos. Todo esto será fruto de un proceso participativo. No hemos venido a imponer un modelo a golpe de ideología.
Tenemos que mejorar la sanidad pública y la privada. Lo que está sucediendo con el hospital de Jesús es una lucha entre particulares
¿Qué le parece que el PSOE diga que «el PP, el partido de las autopistas, no tiene ninguna credibilidad en movilidad»?
Cada uno se retrata con lo que dice, pero sobre todo con lo que hace. Hemos hecho lo que dijimos que haríamos. Hemos abierto un proceso participativo. Creo que no se puede ser más claro y transparente. Al final del verano actualizaremos los datos y tendremos cifras más reales porque las de los últimos dos años están sesgadas por la pandemia. Esto permitirá poner controles en diversos momentos del año y en determinados puntos de la isla. Queremos hacerlo de manera equilibrada, realista y participativa. No nos da miedo.
Ahora que se ha reabierto el debate sobre la saturación de la isla, ¿no considera que se debe reducir parte de las 9.000 plazas turísticas pendientes?
Puede ser que sea así, pero lo que se haga será fruto de un proceso de estudio y análisis. En cualquier caso, en Ibiza tenemos un problema de vivienda y de saturación. Tenemos un problema estructural de intrusismo, de uso turístico masivo de viviendas. Y esto se combate no sólo desde las entidades locales. El Gobierno central y el Govern balear deben actuar y promulgar leyes que disuadan de este abuso. Hemos propuesto varias soluciones, como la aplicación de medidas cautelares: el precinto de pisos que se explotan turísticamente de forma reiterada. Con esto se empezaría a resolver el problema de la vivienda en Ibiza. No se trata de construir más, sino de dar también garantías a los propietarios que las alquilen y que si no les pagan las puedan recuperar en un plazo razonable. No podemos ponernos de espaldas a este problema, que es uno de los grandes retos de cara al futuro.
Al principio del mandato, su gobierno se comprometió a precintar pisos turísticos. ¿Por qué no se ha hecho?
Hay cuestiones legales que lo impiden.
¿No lo sabían antes?
Había dudas. Avanzamos una de las posibilidades que había. La tramitación de los expedientes administrativos es larguísima. En algunos casos se tarda hasta siete u ocho años. Muchas veces afectan a gente extranjera sin domicilio en la isla… hay expedientes que no se pueden cerrar. Esto genera mucha impunidad. No es cuestión de doblar o triplicar el número de inspectores, que, aunque pueda mejorar la situación, no solucionará el problema porque este afecta a gran escala. Se han abierto más expedientes que nunca. Se creó la oficina contra el intrusismo para dar un mensaje claro y está dando resultados, pero el problema es de tal magnitud que se debe atacar con armas más contundentes. El PP propuso en el Parlament una modificación de la ley turística para permitir los precintos de pisos turísticos, pero los partidos que apoyan al Govern votaron en contra. Dar la culpa a la oferta legal es muy injusto porque es la que crea empleo, paga impuestos, mantiene el sistema y es la que peor lo ha pasado durante la pandemia.
Tenemos un problema estructural de intrusismo, de uso turístico masivo de viviendas. Y esto se combate no sólo desde las entidades locales
Usted logró la presidencia del Consell con la promesa repetida de que, después de haber sido anteriormente crítico con su funcionamiento e incluso sobre su utilidad, había que cambiarlo desde dentro. ¿En qué ha cambiado en tres años?
Desde fuera las cosas se ven de una manera. La crítica es necesaria, pero no resuelve problemas. Hay que implicarse en ellos, y esto es lo que hemos hecho. Aquí había problemas crónicos.
¿Por ejemplo?
Para pasar la ITV había que esperar seis meses y había 3.000 cédulas de habitabilidad que no se expedían. Cuestiones tan simples como estas. Fue en lo primero que nos pusimos a trabajar. Con el nuevo sistema implantado, la ITV se pasa ahora prácticamente de un día para otro.
Ahora no.
Hay cargas de trabajo estacionales pero ahora incluso sin cita puedes pasar la ITV en determinados momentos del día. Hay un antes y un después. Que se tardase años en obtener una cédula de habitabilidad era inadmisible. También era necesario simplificar los trámites administrativos y por ello impulsamos un reglamento. Cuesta mucho cambiar las inercias. El Consell debe ser una institución ágil, que resuelva problemas y no que los cree. Nos equivocamos, pero pedimos disculpas y rectificamos. El Consell puede ser cada vez más una entidad útil para los ayuntamientos porque tiene un clara voluntad municipalista. Se les ayuda más que nunca en cuestiones urbanísticas, en inversiones a través del Plan 5… Se ha reducido el recibo de la basura a los ciudadanos. Hemos mejorado el pago de las subvenciones, con una ejecución del presupuesto por encima del 80%, cuando en el pasado mandato era de alrededor del 50%.
Uno de los errores que comenta ha sido el desastroso premio ‘Influencers’. ¿Qué falló?
Se consideró que podía ser una buena idea. Se firmó un contrato en el que se especificaba lo que se debía promocionar, y no se cumplió. Por ello, no se ha pagado ni se pagará por esta promoción turística, que no funcionó. La empresa organizadora se equivocó, no le salió bien.
La gratuidad de las 'escoletes' del Consell es un compromiso electoral del PP que miraremos de cumplir. Las prioridades han sido otras, pero trabajamos para que sea una realidad cuanto antes
¿El Consell no se equivocó?
Asumimos la culpa que podamos tener. Cuando las cosas han pasado, es fácil juzgar si te has equivocado o no. En aquel momento, pensábamos que podía funcionar, era algo novedoso. Pero no se cumplió el objetivo del contrato, que decía de forma muy clara cómo se debía hacer la promoción. Si el contrato no hubiera estado bien atado, el Consell habría tenido que pagar los 90.000 euros previstos. La empresa se equivocó y nosotros no acertamos.
¿La Fiscalía le ha informado ya si va a denunciar en los juzgados el contrato de promoción de emergencia de ‘La vida Islados’?
No. Estamos a su disposición.
¿Le preocupan las posibles consecuencias?
El PSOE presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción de Balears cuando habíamos dado las correspondientes explicaciones. El expediente contaba con todos los informes necesarios. Sin contar con nosotros, ni escuchar al Consell, la Oficina Anticorrupción decidió remitirlo a la Fiscalía. Cuando lo supimos, nos pusimos a su disposición para dar las explicaciones oportunas. Y las daremos. Pero en este momento no tenemos ninguna información. No queremos que haya ninguna sombra de duda. Entiendo que la Oficina Anticorrupción ha hecho su trabajo sin respetar ni la ley ni el reglamento que regulan su funcionamiento. Ya hemos presentado los recursos correspondientes.
¿Por qué se contrató a la empresa de una antigua concejala de su gobierno (Miriam Juan) en el Ayuntamiento de Santa Eulària?
En 2007 había una persona que iba en las listas del PP. Diez o doce años después se contrató a una empresa [Fuera de Escena SL] que ya trabajaba para el Consell. Parece que ha sido este gobierno el que la ha contratado, cuando llevaba años trabajando para el Consell y otras administraciones. Se buscó a una empresa que coordinase a todos los profesionales que trabajaron en la realización de este vídeo: técnicos de sonido, luz, alquiler de equipos… toda una serie de profesionales. La asociación de productores audiovisuales de Ibiza nos había pedido ayuda y más de 40 personas, empresas y autónomos de la isla participaron en esta producción. Estábamos en plena pandemia y uno de los objetivos era dar trabajo a gente de Ibiza, tanto en la producción como en la grabación del vídeo. Nos propusieron la contratación de un director de fama internacional [Fran Torres, director de los anuncios de Estrella Damm], y nos pareció una buena idea. Se tenía que hacer rápido y, además, implicaba al sector audiovisual de Ibiza. Este fue el objetivo.
¿Pero por qué esta empresa y no otra?
Es que trabajamos prácticamente con todas las empresas que ya lo hacían con el Consell. No se excluyó a nadie. Se escogió a esta empresa porque ya había trabajado en otras cuestiones relacionadas con la promoción turística y fue la que propuso también la posibilidad de contar con un director de fama internacional. Y luego cuando había que agrupar a todo el sector audiovisual, consideramos que era la más adecuada para hacerlo. No hay que olvidar que era un contrato de emergencia, en un momento complicado, y que se elaboró un expediente, cuando se podría haber hecho de forma verbal. Se podrá sacar de contexto y politizar, que es lo que el PSOE está intentando, pero tengo la conciencia muy tranquila. Quien quiera ver cosas raras, aquí no las hallará.
La Oficina Anticorrupción lo ha remitido a la Fiscalía porque ha visto indicios de delito, cuando muchas de las denuncias que tramita las archiva directamente.
Ojalá lo supiera. Antes de sacar sus conclusiones, la oficina debería escuchar a las dos partes. ¿Por qué no ha escuchado al Consell Insular? Lo hemos recurrido y hemos presentado un contencioso porque entendemos que la oficina no ha hecho bien su trabajo según lo que determinan la ley y su reglamento de funcionamiento. El PSOE ha querido politizar este asunto a través de la Oficina Anticorrupción y ahora a través de la Fiscalía. Cuando tengamos la oportunidad de dar nuestra versión , lo haremos, pero aún no hemos tenido la ocasión de hacerlo. Esta es la realidad. Ojalá podamos aclararlo cuanto antes.
¿Qué le parece la investigación judicial que se ha abierto por los gastos sin justificar en el pasado mandato de la consellera tránsfuga Marta Díaz? ¿El Consell se personará?
El Consell colaborará en lo que sea necesario. No olvidemos que fue este Consell el que impulsó este expediente, vía parlamentaria. No soy nadie para juzgar el comportamiento de nadie. Soy muy respetuoso con las personas, por lo que no lanzaré acusaciones contra nadie. Y lo que tenga que ser que sea. Cada uno debe dar explicaciones de sus actos.
Cuando este diario informó de los gastos irregulares, usted fue muy crítico con Marta Díaz.
Sí, pero como es un tema que ahora está judicializado… Nosotros hicimos nuestro trabajo al poner sobre la mesa esas cuestiones que creíamos que no estaban debidamente justificadas. Ya se investiga y hay que dejar que se llegue hasta el final.
¿Usted considera acertado que se construya un segundo hospital privado en Jesús?
A ver, no olvidemos que en aquel punto hace muchos años se marcó que existía la posibilidad de construir un hospital. Se declaró el interés general y, por ello, se está siguiendo un proceso administrativo para la obtención de las licencias. Todo lo que está sucediendo es una lucha entre particulares [Francisco Vilás y Juan Tur Viñas]. He estado querellado y perseguido, y al final todo quedó archivado. Tengo la conciencia muy tranquila. La administración no actúa de forma arbitraria, sino en base a informes jurídicos y técnicos. No sé si tiene que intervenir el comité nacional de la competencia o alguien que ponga un poco de orden. Lamento mucho la presión a la que están sometidos la alcaldesa y los funcionarios de Santa Eulària. Es desagradable e injusto. Nadie lo merece. Cada uno es libre de defender sus intereses, pero hay límites que no hay que pasar. Y en este caso se han sobrepasado, y lo digo con respeto.
¿Cree que en Ibiza es necesario otro hospital privado?
En Ibiza tenemos un problema sanitario importante. Necesitamos personal, espacios y mejorar el servicio sanitario, ya sea público o privado. Esto es una evidencia. Defenderé siempre que los ibicencos tengamos siempre la mejor sanidad. Hay que mejorar sin duda la sanidad pública, y también la privada, pero esto no depende de este Consell. Hay unas autoridades sanitarias que asignan los recursos. Tenemos una sanidad pública mejorable y la privada depende de la voluntad de las empresas que prestan este servicio. Y son de gran ayuda y necesarias. Nosotros estamos para cumplir la legalidad y resolver las cuestiones que nos competen, pero no para entrar en batallas privadas entre empresas.
