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La jueza admite una querella de Vilás contra Carmen Ferrer por el hospital de Tur Viñas

El exfiscal anticorrupción Pedro Horrach representa al propietario de la Policlínica contra la resistencia de Santa Eulària a tramitar la caducidad de los expedientes que se iniciaron hace más de una década para construir un segundo complejo sanitario privado en la isla

La alcaldesa, Carmen Ferrer, en un acto público con el presidente del Consell, Vicent Mari. | VICENT MARÍ

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha admitido a trámite una querella por supuesto delito de prevaricación contra la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, por la tramitación del proyecto de un nuevo centro hospitalario privado que promueve en un terreno de Jesús el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas.

El querellante, el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, sostiene en su demanda que la alcaldesa ha hecho «un uso y abuso de la inactividad administrativa de forma deliberada y torticera para no caducar el expediente administrativo y mantener de forma artificial el procedimiento». La querella la dirige el abogado Pedro Horrach, el exfiscal anticorrupción del caso Nóos que llevó a Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey, a la cárcel.

La alcaldesa rehusó ayer hacer ningún comentario sobre la querella, que fue admitida a trámite el 14 de diciembre, porque, según dice, aún no ha recibido nada.

Vilás mantiene una lucha contra el promotor del proyecto de la segunda clínica privada en la isla, Juan Tur Viñas; el Consell de Ibiza, que, en agosto de 2010, concedió el interés general para la construcción del centro sanitario en un terreno rústico en Jesús, y sobre todo contra el Ayuntamiento de Santa Eulària, la administración responsable de las licencias de obras y de actividad.

La magistrada admite la querella de Francisco Vilás contra Carmen Ferrer por un supuesto delito de prevaricación

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La controversia y la querella se basan en el hecho de que el Consistorio no sólo no ha concedido las licencias, pese a que la ley marca un periodo máximo de seis meses para su solicitud desde la declaración de interés general y de tres o cuatro meses para su resolución, sino que «impide de forma torticera, dando la callada por respuesta, la preceptiva incoación de la caducidad de los expedientes».

La demora en la tramitación de las licencias obedece a que «el promotor ha incumplido los múltiples requerimientos de subsanación efectuados por el Consistorio, incluso con el apercibimiento expreso de declarar la caducidad de los expedientes», pero, en realidad, «la alcaldesa ha permitido a través del simple e ilegal medio de la inacción municipal la continuación indefinida del expediente administrativo», según recoge la demanda del propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

En el caso de la alcaldesa, que está al frente del Consistorio desde junio de 2019, la querella recuerda que la Comisión Insular de Patrimonio (Ciotupha), dependiente del Consell de Ibiza, recomendó al Ayuntamiento en diciembre de 2019 que llevase a cabo «las actuaciones oportunas para que, ya sea mediante la resolución o la caducidad del procedimiento, finalizase los expedientes tan pronto como fuera posible».

Acto seguido, Vilás reclamó al Consistorio que iniciara el procedimiento de caducidad de los expedientes de las licencias de obras y actividades tras una década de trámites. No obtuvo respuesta, pero reiteró la misma petición hasta en cinco ocasiones más, entre el 27 de diciembre de 2019 y junio de 2020. La querella destaca que el Consistorio ha hecho caso omiso a sus solicitudes.

Ya no es persona interesada

Además, el querellante subraya que «el culmen de esta historia» es el acuerdo que adoptó la junta de gobierno en febrero de 2021, en la que se acordó denegar a Vilás la condición de «interesado» en los expedientes de obras y actividad. Este acuerdo ha sido recurrido en el juzgado contencioso.

Desde que Ferrer dirige el Consistorio, se ha obviado hasta seis peticiones para que se incoe el procedimiento de caducidad

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La junta de gobierno también retiró hace casi un año a Vilás la condición de interesado, que ostentaba desde 2017, de este proyecto

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La defensa de Vilás interpreta, y así lo expone a la jueza en su demanda, que la alcaldesa, al denegar su condición de interesado, «tiene vía libre no sólo para no incoar el procedimiento de caducidad de los expedientes sino también para impedir más solicitudes del hasta entonces interesado en el mismo sentido». Vilás tenía la condición de interesado por un acuerdo de la junta de gobierno desde el 19 de septiembre de 2017.

De todos modos, la defensa de Vilás recuerda que la ley de Urbanismo de Balears determina «la obligación de iniciar el procedimiento de caducidad y declarar por extinguida la licencia».

Asimismo, tras la admisión a trámite de la querella, Francisco Vilás dio entrada el pasado 23 de diciembre un escrito en el Ayuntamiento de Santa Eulària, con una copia del auto judicial de admisión a trámite, en el que advierte de que toda la actividad administrativa del proyecto del complejo sanitario asistencial en la finca Cas Doctor Martí, en Jesús, se debe dejar en suspenso hasta que se resuelva con sentencia firme la causa penal ahora abierta.

El juzgado ya archivó una querella contra el exalcalde Marí

Con la querella contra Carmen Ferrer es la segunda vez que el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, inicia una causa penal por prevaricación contra el primer edil de Santa Eulària. Anteriormente lo hizo con el exalcalde Vicent Marí, que ahora es presidente del Consell de Ibiza, pero la denuncia fue archivada por el juzgado con el argumento de que no se había dictado ninguna resolución. En septiembre de 2018, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza resolvió que, aparte de que no había resolución alguna, la ilegalidad de los actos administrativos supuestamente arbitrarios era discutible y que se debía dirimir por la vía contencioso-administrativa.

De todos modos, Francisco Vilás presentó también una denuncia ante la Oficina Anticorrupción de Balears contra el exalcalde por este asunto, que se está instruyendo. De hecho, la Oficina Anticorrupción informó a Vilás de que su denuncia se ha sumado a otra presentada contra el ahora presidente del Consell por otro denunciante referente a otro asunto aunque por cuestiones «similares» y se han aglutinado en un mismo expediente.

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