El Juzgado apremia a Sant Antoni para que cumpla la sentencia de cierre de ses Variades

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma dictó hace poco más de una semana una diligencia de ordenación en la que daba un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Sant Antoni para que le informe de todos los actos administrativos dictados para dar cumplimiento a la sentencia firme, de marzo del año pasado, que obliga a abrir un expediente de cierre de los aparcamientos ilegales de ses Variades y de otros solares del casco urbano.

El mismo fallo también condenaba a indemnizar a Subsuelos Urbanos, la entidad que explotó el aparcamiento subterráneo de pago de la Plaza España entre 2008 y principios de 2014, por el perjuicio que le ocasionó que el Ayuntamiento tolerara el funcionamiento de los parkings a sabiendas de que eran ilegales.

La sociedad que ahora explota el aparcamiento de la Plaza España (Med Real Estate Oportunity 2 Sicc SA) ha solicitado también en el juzgado la ejecución de la sentencia.

El juez requiere al Ayuntamiento para que le dé cuenta de todos los actos que ha adoptado para «evaluar el cumplimiento» de la sentencia, «a los efectos establecidos en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa».

En concreto, este artículo de la ley especifica que, una vez transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez adoptará las medidas necesarias para lograr la efectividad de su ejecución.

Y agrega que se pueden imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado hasta la completa ejecución de la sentencia e incluso deducirles testimonio para exigirles responsabilidades penales.

Dos meses de plazo superados

La diligencia de ordenación del juzgado también «advierte» al Ayuntamiento de que debe facilitar la información solicitada en el plazo que se le ha concedido «sin dar lugar a más requerimientos».

La sociedad que explota ahora la concesión del aparcamiento de la Plaza España ya advirtió en enero al juzgado que habían transcurrido más de dos meses (desde que la sentencia devino firme) sin que el Ayuntamiento hubiera cumplido este fallo judicial e instaba a que cesasen «las actuaciones ilícitas consentidas e incluso favorecidas por el propio Ayuntamiento» que impiden «el normal funcionamiento» del aparcamiento que explotan.

A mediados del mes de febrero, remitió un nuevo escrito al juzgado después de la información publicada por este diario sobre la pasividad del Consistorio en esta cuestión, y en la que el alcalde, Marcos Serra, reconocía que el Ayuntamiento se había limitado a retirar las señales municipales del parking y los bolardos de hormigón de la entrada.

En su escrito, la sociedad explotadora del aparcamiento destaca que «la claridad de los pronunciamientos de la sentencia no deja lugar a dudas acerca de la actuación que se debe llevar a cabo: la incoación de los expedientes de clausura de los parkings que no cumplan la normativa municipal y de actividades».

Por ello, «no se puede limitar el Ayuntamiento a quitar señales y bolardos y pretender como si tal cosa que con esa torpe y absurda actuación se ha dado cumplimiento a la sentencia».

Acto seguido, recuerda que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears destacaba que la Administración no sólo no había iniciado el correspondiente procedimiento de disciplina urbanística y de protección de actividades, «sino que incluso participa y contribuye [pagando con dinero público su mantenimiento] a la irregular situación de los mismos».

La opinión de la arquitecta

En dicha sentencia, se destacaba también que la propia arquitecta municipal reconoció que los aparcamientos eran ilegales porque no se ajustan a lo que determina el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Subsuelos Urbanos, la antigua concesionaria del aparcamiento de la Plaza España, a la que el Ayuntamiento tiene que indemnizar, también reclama al juzgado la ejecución de la sentencia.

A mediados de febrero, el alcalde dijo que el Ayuntamiento había contratado a un abogado para determinar «cómo proceder» y evaluar «qué significa cumplir la sentencia». «Hasta dónde hay que llegar», decía Serra, a pesar de que el fallo judicial ordena la apertura de los expedientes de clausura de los aparcamientos de ses Variades y las calles Antonio Riquer 44 y 17, Sant Rafel y en el polígono 9 (parcela 9002) que no cumplan la normativa municipal.

El cierre sería «un desastre»

El alcalde también dijo que de los cinco aparcamientos ilegales a los que se refiere la sentencia, ahora sólo hay dos activos, y uno es el de ses Variades, con una capacidad para un millar de coches.

También dijo que «se está intentando adquirir» otros terrenos para abrir aparcamientos legales en otras zonas del pueblo y reconoció que el cierre del de ses Variades supondría «un desastre», puesto que, con este millar de plazas, ya es «deficiente» la capacidad para aparcar en Sant Antoni.

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