La consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, asegura que la primera noche después de que el Govern asuma la gestión de la residencia de Sa Serra "ha ido muy bien". Santiago ha visitado esta mañana nuevamente la residencia para conocer a los trabajadores de los turnos de mañana y tarde y también ha explicado, antes de desplazarse a Sant Antoni, que ayer mantuvo un encuentro con las familias de los internos para explicarles los cambios.

Según ha destacado Santiago, las familias valoran sobre todo las mejoras en la cocina de la residencia, que contará "con tres cocineros y tres auxiliares de cocina", lo que redundará en una mejora "de la calidad de la comida", que era una de las principales quejas hacia la empresa que gestionaba anteriormente Sa Serra.

Santiago ha recordado que la intervención de la conselleria ha permitido aumentar en 27 personas la plantilla de la residencia, que ha pasado de 55 a 82 empleados en todas las áreas. De este total, ha destacado que sólo conservan su empleo 21 de los trabajadores que mantenía Novaedat en el centro, ya que son los que reunían los requisitos para optar a la oferta de empleo público convocada para cubrir la plantilla.

En este caso Santiago reitera que no ha habido un proceso de subrogación, por lo que es la empresa la que debe hacerse cargo de los alrededor de 30 empleados que no seguirán en el centro. Así se les ha explicado a los en torno a ocho extrabajadores de Sa Serra que se han presentado esta mañana en la residencia para tratar de incorporarse a sus puestos. A todos se les ha enviado de vuelta a su casa con una carta en la que se les explica la situación y que debe ser la empresa la que se haga cargo de su recolocación o su despido.

También se les detalla que disponen de 20 días para recurrir a la empresa y arreglar su documentación para obtener el subsidio del desempleo si no son recolocados por Novaedat. "Es un tema de empresa", ha insistido la consellera, "no hay continuidad en el convenio laboral", sino que sus puestos se han cubierto mediante un proceso público que ha costado ya 1,5 millones de euros.