El Consell rechaza casi 16.000 solicitudes de licencia de VTC en siete años en Ibiza

El Consell de Ibiza da por cerrado el proceso de denegación de la avalancha de miles de solicitudes de licencia de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) que se registraron el año pasado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula la limitación de este tipo de permisos en Barcelona (el cupo, como en Balears). Eso no quiere decir que no puedan entrar aún más peticiones de licencia, pero, según el vicepresidente primero, Mariano Juan, «la explosión de solicitudes» posterior a la sentencia europea ha cesado.

En concreto, según Mariano Juan, los servicios técnicos de la institución insular han denegado unas 7.000 solicitudes de VTC registradas en los últimos meses. Estas peticiones se incluyen dentro de un paquete mayor de un total de 15.849 peticiones que se acumula desde 2016.

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Todas estas solicitudes han sido rechazadas no sólo por el cupo aprobado en Balears (únicamente se admite una licencia de VTC por cada 6,5 de taxis) sino también, según explica el vicepresidente, por razones de «saturación de tráfico y contaminación atmosférica previstos en la legislación estatal». Con ello, el Consell pretende blindarse y evitar que una sentencia, tal como se espera, que levante como en Barcelona el cupo máximo de VTC, suponga una vía de agua que obligue a tramitar las miles de solicitudes ahora denegadas. Actualmente, se está dando ya respuesta a los recursos administrativos de las miles de solicitudes denegadas, que casi con toda seguridad acabarán en los juzgados.

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Debate en el Parlament

El vicepresidente defendió ayer en el Parlament, durante el debate, en la comisión general de consells insulares, sobre la proposición de ley para la mejora de la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas presentada por el PSOE, que se mantenga la posibilidad de que los vehículos que operan con licencias de VTC puedan operar en cualquier isla de Balears, independientemente del lugar en el que obtuvo el permiso.

La propuesta del grupo socialista, que se está tramitando por la vía de urgencia, prevé que las VTC operen sólo en la isla donde han sido autorizadas. En este sentido, Mariano Juan indicó que el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, justificó ayer en el Parlament esta medida en el hecho de que en Ibiza se han concedido «miles de licencias de VTC» y que, con ello, se pretende evitar que las otras islas puedan «cargar» con ellas.

El vicepresidente corrigió a Negueruela y afirmó que esa premisa es «falsa». De hecho, al margen del medio centenar de permisos de VTC tradicionales, el Consell se ha visto forzado a conceder, por mandato judicial, unos 300 más —«no miles»—, por el vacío legal que hubo entre el momento, en 2009, en que se modificó la Ley nacional de Ordenación de Transportes Terrestres, y la aprobación de su reglamento seis años después, en noviembre de 2015, que habilitaba a las comunidades autónomas a fijar cupos. El Govern aprobó en 2014, un año antes, un decreto que fijaba en 50 el máximo número de licencias de VTC en Ibiza (una por cada 6,5 taxis). Desde entonces, todas las solicitudes han sido denegadas.

El vicepresidente de Ibiza se alinea, así, con el sector del taxi de la isla y rechaza que se obligue a que la flota de VTC autorizada en cada isla no pueda trabajar en el resto del archipiélago. «No estoy de acuerdo», afirma Juan, que recuerda que, en 2018, el Consell Consultiu emitió un dictamen en el que señalaba que las licencias de VTC son nacionales y, por tanto, su actividad no se pueden limitar a una isla.

Limitación de las VTC

También expresó Juan su «preocupación» por el hecho de que la proposición de ley indica que la licencia urbana de las VTC será previa a la interurbana, con lo que interpreta que si se aprueba un área de prestación conjunta insular del taxi (obligando entonces a las VTC a obtener la autorización urbana) «se prohíban tanto las nuevas como las viejas licencias de VTC».

Se refiere a que el sector del taxi reclama un área de prestación conjunta para obligar a que las VTC obtengan una autorización urbana y, tal como prevé ahora la legislación, dicho permiso estará condicionado a cuestiones ambientales (un cupo en función de la saturación del tráfico o la contaminación). «El sector tradicional de las VTC, formado por pequeños empresarios, no ha competido de forma desleal con el taxi. No son ni Uber ni Cabify», justifica.

El vicepresidente pide facilitar los taxis de siete plazas

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, también reclamó ayer, en la comisión general de Consells Insulares del Parlament, que la propuesta legislativa para regular el servicio del taxi y las VTC facilite la puesta en marcha este mismo verano de taxis de siete plazas en Ibiza. Juan pide que se elimine la disposición transitoria primera de la ley balear de Transportes en vigor desde 2014 que condiciona la puesta en marcha de vehículos de estas características a la aprobación de un reglamento. «Se trata de una reivindicación histórica del sector de Ibiza», justifica Juan.

Hay que tener en cuenta que en Mallorca y Menorca ya operan desde hace tiempo taxis de siete plazas, pero en Ibiza, pese a la insistencia del sector, no se ha tramitado reglamentariamente esta posibilidad. Y la nueva propuesta de ley prevé taxis de hasta nueve plazas en todas las islas.

Entre sus propuestas, el vicepresidente del Consell también pide que la nueva legislación prevea que todas las administraciones, tanto los ayuntamientos como el Consell, puedan vigilar el cumplimiento de las prioridades de las paradas previstas en la orden insular de carga y descarga del taxi. El vacío legal actual provoca que no haya un control ni sanciones, pese a que la propia orden prevea medidas disciplinarias. Juan considera que se podrían instalar cámaras de videovigilancia para controlarlo.

Además, el Consell pide que la propuesta legislativa clarifique qué papel debe asumir la máxima institución insular en la constitución de un área de prestación conjunta: «Ha de quedar claro».

La propuesta legislativa socialista se completará ahora con las enmiendas que presenten los grupos políticos, que ayer tomaron nota de las propuestas de los consells insulares. El Govern balear renuncia a sacar adelante la ley en la que estaba trabajando. En su lugar, aprovechará la mayoría de PP y Vox en el Parlament para incorporar todas las enmiendas que consensúen y, con ello, hacer a su medida la proposición socialista que es muy básica y sólo cuenta con un artículo.

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