Sin atención sanitaria no urgente. Así se quedaron los inmigrantes sin papeles a principios de año, una situación que denunció la Plataforma por la Convivencia y criticaron los partidos de la oposición. Todos ellos alertaron de que esta situación causaría la saturación de Urgencias y, además, acusaron al Govern del trato «inhumano» hacia estas personas. La Plataforma por la Convivencia, además, criticó que conseguir la tarjeta para personas sin recursos, la única opción para tener derecho a acudir al médico de familia, era para los inmigrantes casi imposible ya que no podían hacerse con los documentos que les exigen. La Plataforma llegó a afirmar que la nueva situación condenaba «a muerte» a las personas con menos recursos.
La organización Médicos del Mundo aseguró tener constancia de casos de inmigrantes sin recursos a los que se había negado la atención sanitaria, además de dificultades y obstáculos administrativos para asignar un pediatra a los menores. Curiosamente, los médicos de las Pitiusas, a diferencia de los de otros lugares, no mostraron su disconformidad con esta medida ni su intención de seguir atendiendo a todo el mundo. La consellera balear de Salud aseguró en el Parlament que no se había dejado de atender a nadie en Ibiza por este motivo. También sorprendió el anuncio de que los pacientes deberían pagar una parte de los transportes sanitarios en ambulancia así como los cambios en la dispensación de recetas, que obligan a los enfermos a asumir también un porcentaje del coste de los medicamentos.
Sí protestaron contra los recortes cuando les suprimieron complementos como la carrera profesional y el Govern les dijo que tenían que devolver lo cobrado en los últimos cuatro años, cifra que en algunos casos les hubiera obligado a pedir un crédito para devolverlo. Las enfermeras también se pusieron en pie de guerra a mediados de año contra el aumento de jornada laboral de 35 a 37,5 horas. Se negaron a seguir quedándose entre 15 y 30 minutos una vez acabada su jornada para informar verbalmente al siguiente turno del estado y las necesidades de los pacientes, algo que aseguraron que es básico para garantizar la atención adecuada de los enfermos.
Durante todo el año, a las puertas del hospital Can Misses, se han sucedido las concentraciones de personal denunciando los recortes en la sanidad. En las paredes del centro sanitario, además, pueden verse diversos carteles en los que se asegura que los recortes en sanidad matan y señales de prohibido con unas tijeras en su interior. En las diversas protestas el personal ha denunciado que se han paralizado las contrataciones en el hospital y que el incremento de la jornada laboral ha supuesto dejar sin empleo a dos enfermeras por planta, aunque alertaban de que los más afectados eran los trabajadores no sanitarios: lavandería,cocina y administración, entre otros. En las protestas los profesionales acusaron al Govern de querer privatizar la sanidad pública. Los sindicatos exigieron que todos los cambios se pactaran con la junta de personal.
El nuevo año trajo también cambios en la tarjeta sanitaria. Diez euros por tarjeta tuvieron que pagar los que la tenían caducada o les caducaba este año por una supuesta tarjeta inteligente que facilitaría los trámites. Los usuarios, sin embargo, recibieron un documento exactamente igual al que tenían con la promesa de que en junio se les entregaría la nueva. A falta de un par de semanas para acabar el año estas nuevas tarjetas aún no están disponibles.
Dietas sin pagar desde noviembre de 2010
Varios usuarios de la sanidad pública han denunciado a lo largo de este año el retraso del Ib-Salut a la hora de abonarles las dietas y los gastos derivados de los traslados sanitarios. Algunas de estas personas aseguran que las últimas facturas que les han pagado corresponden a noviembre de 2010. Las asociaciones de discapacitados y de enfermos de cáncer critican los problemas económicos que ocasiona a las familias esta demora en el pago y han exigido a la conselleria que agilice los pagos, especialmente de las personas que tienen que viajar regularmente y que, en estos momentos, tienen facturas impagadas por valor de hasta 5.000 euros.
