Varias asociaciones de inmigrantes así como la Plataforma por la Convivencia calificaron ayer de «inhumano» que el Gobierno de España deje sin atención sanitaria a las personas en situación irregular. Tanto la portavoz de la plataforma, Alda Yurramendi, como Redouan Elkharrim, de la comunidad islámica marroquí de la mezquita de la Paz, aseguraron ayer que a decenas de extranjeros se les ha negado ya la atención sanitaria no urgente en los centros de salud de las Pitiusas. La portavoz de la plataforma denunció también que en algunos casos, en el servicio de Urgencias del hospital Can Misses se ha llegado a cobrar 80 euros a extranjeros sin papeles.

Alda Yurramendi denunció que esta medida del Gobierno, que entrará en vigor el 1 de septiembre, afecta a «los más débiles», a las personas con un mayor riesgo de exclusión social. Yurramendi señaló que ya en estos momentos muchos inmigrantes en situación irregular están recurriendo a las farmacias como sustitutas de las consultas de los médicos cuando les es imposible conseguir una cita con el médico de cabecera. De la misma manera, alertó del peligro de contagio si alguna de estas personas sufre una enfermedad contagiosa y no tiene acceso a una atención sanitaria que detecte estas dolencias cuanto antes.

La portavoz de la plataforma recordó que el Govern balear ya había anunciado que únicamente tendrían acceso a la atención sanitaria no urgente las personas que demostraran que no tenían recursos, para lo que los extranjeros necesitaban un documento que únicamente podían conseguir en su país de origen. Yurramendi denuncia que a pesar de que el Govern dio marcha atrás a esta medida, a los extranjeros les siguen pidiendo esta documentación cuando solicitan una consulta en los centros de salud. «No pueden hacerlo, pero lo hacen. El Govern rectificó pero es como si no lo hubiera hecho», apuntó la portavoz, que señaló que conseguir este documento cuesta unos 80 euros, a los que habría que sumarle 200 más si este procede de un país de habla no hispana, ya que sería necesaria una traducción oficial. Yurramendi explicó que la mayoría de los inmigrantes sin recursos no pueden asumir el coste y, como siguen pidiendo este documento en los centros de salud, no pueden acceder al médico de cabecera.

Yurramendi destacó que la situación de los inmigrantes es «angustiante». Regresar a su país no es una opción para la mayoría de ellos debido tanto al elevado coste de los billetes —«un gasto que no pueden pagar»— como a su situación familiar. «Muchos llegaron hace tiempo, tienen hijos que trajeron después o que incluso nacieron aquí y no creen que volver sea una opción», indicó Yurramendi, que acusó al Gobierno de querer «hundir» a los extranjeros que residen en España. En el caso de las Pitiusas, la portavoz de la plataforma destacó que la situación es especialmente grave, ya que prácticamente ninguno conseguirá regularizar su situación ni un trabajo de más de cuatro meses debido a que los empleos que pueden conseguir son únicamente de temporada.

Redouan Elkharrim señaló que diferentes asociaciones de inmigrantes de las Pitiusas están elaborando una lista con los nombres y los casos de los extranjeros a los que se ha negado la atención sanitaria no urgente en las Pitiusas. Elkharrim, portavoz de la comunidad islámica marroquí de la mezquita de la Paz, considera «muy triste» que personas que han trabajado durante muchos años y que llevan más de dos en el paro se vayan a quedar sin asistencia sanitaria y afirmó que los inmigrantes en situación irregular están «desesperados».

El decreto: Sin prestaciones a partir del 31 de agosto

Todos los inmigrantes en situación irregular en España se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, cuando solo accederán a la atención de urgencias, a no ser que acrediten la condición de asegurados, según establece el Real Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En Balears, según fuentes de Delegación de Gobierno, se calcula que existen unos 20.000 extranjeros no comunitarios en situación irregular. Estas personas se quedarán sin prestación sanitaria. Hasta finales de agosto, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condición legal deberán regularizar su situación sanitaria. A partir del 1 de septiembre solo podrán acceder a la atención de urgencias. Esta medida ha provocado una cascada de críticas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al Gobierno del PP de «xenófobo» por dejar sin prestación a los inmigrantes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, dijo que las tarjetas sanitarias de los inmigrantes son «necesarias para los españoles».