La ley de presupuestos de 2012 incorpora una tasa para la tramitación de la tarjeta sanitaria. Tanto la expedición inicial como la renovación de la tarjeta sanitaria tendrán un coste de 10 euros, salvo las renovaciones durante su plazo de vigencia a causa de la variación de alguno de sus datos. La obligación de pago será en el momento en que se presente la solicitud que dé inicio a su tramitación. También se extingue la Agencia de Salud Pública y la figura del defensor de los usuarios del sistema sanitario público.

La misma ley recoge un aumento del 15% de las tasas portuarias relativas a la tramitación de servicios administrativos, inspección de obras y trabajos facultativos de redacción y tasación de proyectos.

Además, se modifica el Plan Director Sectorial Energético de Balears para incluir en este las obras previstas en la planificación estatal obligatoria de las redes de electricidad y gas aprobadas en 2008, que pasan a ser declaradas de «utilidad pública». Esta declaración de utilidad pública comporta, a efectos de las expropiaciones, la ocupación urgente de los terrenos.

Asimismo, la ley incorpora excepciones a los principios de publicidad y concurrencia de las subvenciones públicas y modifica la ley de participación institucional para eliminar las subvenciones a sindicatos y patronales en función de su representatividad y su participación en órganos de concertación social. Los grupos de la oposición ya han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de 2012. El PSOE lo ha tachado de «impresentable» ya que, con un aumento del 8,5%, se han recortado las medidas destinadas a apoyar a los desempleados.