Luces y sombras en el plan del PP para los Don Pepe

El cambio político en el Govern balear y en el Ayuntamiento de Sant Josep ha dejado en el aire la solución para los vecinos de los Apartamentos Don Pepe que habían acordado ambas instituciones con los propietarios y el Consell durante la anterior legislatura, cuando estaban gobernadas por el PSOE y Podemos. Ahora que es el PP el que las dirige, ha decidido apostar por otra fórmula diferente, sobre la cual los afectados no quieren pronunciarse aún porque no conocen los detalles. Es fácil imaginar la incertidumbre que ha cundido entre ellos, después de tanto tiempo de luchar para que las Administraciones les dieran una solución a un problema del que son víctimas y cuyo origen es el caos urbanístico que propició el Ayuntamiento durante el desarrollismo salvaje del siglo XX y principios del XXI.

Los dos bloques de los Apartamentos Don Pepe se levantaron hace sesenta años y ahora están dentro del Parque Natural de ses Salines, que goza de la máxima protección medioambiental (pero cuya declaración se aprobó cuando los edificios llevaban décadas construidos). Sólo consta licencia municipal de uno de los bloques, el B, pero únicamente para cuatro plantas, y no para la quinta que se levantó de forma ilegal, por lo que el edificio quedó fuera de ordenación, al igual que el otro, el A, que tuvo que ser desalojado debido a su estado de «ruina inminente» y el peligro que representaba para sus moradores. Estando ambos bloques fuera de ordenación, no se pueden acometer en ellos las obras de reforma necesarias. El caso es que ahora, al margen de que la solución propuesta por el PP sea mejor o peor que la del PSOE, el cambio representa retroceder a la casilla de salida, aumentar los plazos y sumir de nuevo a los afectados en una angustia que creían superada. Hay que recordar que los propietarios, desde que tuvieron que abandonar sus casas, han tenido que alquilar otra vivienda en la que vivir y, en muchos casos, seguir pagando la hipoteca de un piso que ya no podrán volver a habitar. Familias trabajadoras que se encuentran en una situación económica muy difícil, y cuanto más se prolongue la solución, más se agravará.

Al menos, algo está claro y no cambia: el bloque A no es recuperable, por lo que se mantiene el proyecto de construir un edificio en unos terrenos que se deben reclasificar en Can Raspalls; las viviendas de este nuevo edificio se cederían mediante permuta a los propietarios desalojados de los Don Pepe, que deberán pagar una parte de los costes. La solución que impulsa ahora el PP es realizar un cambio legal a medida que permita legalizar el bloque B, donde siguen viviendo medio centenar de personas, de forma que los dueños puedan acometer las reformas necesarias para seguir allí. Con esta alternativa, el Govern reduciría sensiblemente el coste de la operación para las arcas públicas, pues las viviendas previstas para los dueños del bloque B, que ya no ocuparán, servirán para financiar las del bloque A. No obstante, faltan los detalles de un plan en el que todavía hay más preguntas que respuestas, y de hecho todo apunta a que ni siquiera la propia conselleria ni el Ayuntamiento lo tienen claro aún. Entre otras cosas, habrá que ver los efectos colaterales que puede tener una vía de regularización que no puede plantearse legalmente sólo para un caso concreto, sino que ha de ser general y afectar a otros inmuebles que puedan hallarse en la misma situación, de manera que la onda expansiva de la legalización ha de medirse bien. El propio alcalde, Vicent Roig, ya ha admitido que la solución que adopte podrá «beneficiar» también a otros inmuebles. Este anuncio es inquietante, porque supone aprovechar un caso concreto con unas características muy específicas para amnistiar otras ilegalidades urbanísticas que revisten circunstancias muy diversas, lo cual enviaría el peor de los mensajes una isla donde la vía de los hechos consumados y la impunidad han sido la tónica durante décadas, y cuyas nefastas consecuencias arrastramos. Precisamente lo que necesita Eivissa es todo lo contrario: perseguir las ilegalidades y sancionarlas de manera ejemplar para disuadir a los infractores; de lo contrario se volverá a penalizar a quienes respetan la ley y tienen que soportar por ello lentos y farragosos procedimientos, y mayores costes económicos.

Una amnistía urbanística que haga tabla rasa de infracciones de muy diverso cariz sólo reforzará a quienes las cometen y se enriquecen a base de burlar la ley. El Govern del PP tiene todo el derecho a ofrecer su propia solución para el problema de los apartamentos Don Pepe, pero debe hacerlo sin abrir un boquete legal por el que puedan colarse indiscriminadamente toda clase de ilegalidades y abusos urbanísticos que están ahora fuera de ordenación.

DIARIO DE IBIZA