El Consell de Ibiza demanda otra ‘amnistía urbanística’ en la nueva ley de Urbanismo del PP

Ya ha llegado el momento para que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, del PP, cumpla con el compromiso que adquirió, antes de las elecciones autonómicas del 28M del año pasado, con los militantes y simpatizantes de su partido en Ibiza de aprobar una nueva ‘amnistía urbanística’, un período extraordinario para legalizar viviendas fuera de ordenación cuya «infracción haya prescrito». El Consell de Ibiza pedirá que se incluya en la nueva ley balear de Urbanismo que el Govern ya ha puesto en marcha con el trámite de consulta previa.

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El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, sostiene que ahora es «el momento de recuperar» la disposición adicional décima de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) o «algo parecido». Se refiere a la medida aprobada por el anterior Govern del PP presidido por José Ramón Bauzá que activó un período extraordinario de tres años para la legalización de viviendas fuera de ordenación cuya infracción ya no se pudiera perseguir al haber prescrito. Para hacerlo, el propietario tenía que pasar por caja y abonar las tasas e impuestos previstos para las nuevas edificaciones más un porcentaje del coste de su ejecución. En concreto, del 15% durante el primer año de aplicación de la ‘amnistía urbanística’, del 20% en el segundo y del 25% en el tercero. Formentera renunció a aplicar esta medida de gracia urbanística.

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El primer Govern presidido por la socialista Francina Armengol derogó este proceso extraordinario de legalización de edificaciones en enero de 2016, casi dos años después de la aprobación de la LOUS. Hasta entonces, más de medio millar de construcciones de Ibiza se beneficiaron. Según datos del Colegio de Arquitectos, en 2014, el del primer año de aplicación de la ‘amnistía, en Ibiza se visaron 158 proyectos de legalización por un valor de 26,7 millones de euros, y en 2015, en el segundo año, la cifra se triplicó: 461 proyectos tramitados (74,6 millones). Hay que tener en cuenta que se trata de todos los proyectos de legalización tramitados, pero, según el Colegio de Arquitectos, el 90% se correspondía a solicitudes al amparo del proceso extraordinario de legalización del PP.

Entre 30.000 y 50.000 euros

Mariano Juan considera que quedaron «muchas cosas pendiente». «Como todas las medidas novedosas, tarda en correrse la voz y que la gente se anime», indica el vicepresidente primero, que señala que «el importante coste económico» de la legalización fue un freno inicialmente. Se podía pagar, según «casos reales, entre 30.000 y 50.000 euros». «Muchos ibicencos se resistían a pagar estas cantidades, salvo si tenían que vender la casa o por una cuestión de herencia o bien la necesidad de acometer una rehabilitación o reforma. Prácticamente siempre, las solicitudes de legalización iban acompañadas de un proyecto de reforma o rehabilitación de la edificación, recuerda el también exconcejal de Urbanismo de Santa Eulària.

También dice Juan que en el momento que la gente empezaba a «animarse», la izquierda cortó esta posibilidad. De hecho, según los datos del Colegio de Arquitectos, entre noviembre y diciembre de 2015, tras el cambio de gobierno autonómico y el anunció de la derogación de la ‘amnistía’ se produjo un repunte en la presentación de proyectos de legalización en Ibiza, con 24 y 25, respectivamente. Los tres meses anteriores hubo 16, 17 y 12. Además, en mayo y junio, justo antes de que culminara el primer año de la ‘amnistía’ y el coste de las legalizaciones subiera del 15 al 20% del valor de la edificación legalizada, se dispararon las solicitudes a 107 y 63, respectivamente.

Hijos o nietos de infractores

Por su parte, el vicepresidente sostiene que, aunque desde la izquierda se vea como una medida para «perdonar a los infractores, la mayoría de las personas» que piden la legalización no son los que cometieron la ilegalidad, sino «sus hijos o nietos». «Y si pagan los impuestos y una sanción que, ale star prescrita la infracción, ya no se podría recaudar. Démosles una oportunidad», resalta el responsable del departamento de Territorio del Consell, que puntualiza que, posteriormente, «ya no se podrá hacer porque las infracciones urbanísticas no prescriben» y «esta vía de legalización estará en vigor hasta un año. Y punto», justifica.

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