La Autoridad Portuaria señala que sobre el Club Náutico Ibiza debe velar por «el qué y no por el quién»

«La Autoridad Portuaria de Baleares (APB), como gestor del espacio público y del uso marítimo portuario, tiene la obligación de defender el interés general y la libre concurrencia». Así de contundente se mostró este lunes el presidente del ente portuario, Javier Sanz, durante su visita a Ibiza para dejar clara la postura sobre la futura concesión de las instalaciones del Club Náutico Ibiza (CNI). 

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Para Sanz, el ente portuario está «forzado a velar por el qué y no por el quién; velar para que se desarrolle una actividad con garantías y solvencia para la sociedad, pero no asegurar quién la debe desarrollar», recalcó ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que quiso poner de manifiesto su «implicación» con la actividad deportiva y social de los clubes náuticos por su trayectoria. Hay que recordar que Sanz ha sido presidente del Real Club Náutico de Palma, vicepresidente de la Asociación de Clubes Náuticos y es presidente de la Real Federación Española de Vela. 

Reconocimiento al CNI

Durante su intervención, Sanz aseguró que desde la APB «comprenden» y «comparten» la labor social desempeñada por el Club Náutico Ibiza, además de «reconocerle» su trayectoria, aunque quiso dejar claro que la «esencia» de un club náutico reside en «sus usuarios, sus deportistas y, por supuesto, en sus socios». Además, resaltó que la próxima concesión, que se alargará un máximo de tres años, es una situación «transitoria» y «no definitiva». 

Tras hacer un repaso histórico de la concesión para la gestión del CNI —en 1970 se le otorgó la primera concesión por un periodo de 40 años—, Sanz aseguró que actualmente se encuentran en una «encrucijada». «Una plaza con dos caminos que llevan al mismo sitio, que es la concesión», especificó. 

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Sanz avanzó que la comisión técnica, responsable de analizar las ofertas presentadas, ya tiene una decisión sobre las propuestas de los dos licitadores (CNI y Puertos y Litorales Sostenibles), que deberá exponer en el próximo Consejo de Administración, previsiblemente este mismo mes de marzo, «para no dilatar más» la solución, dijo. 

El Consejo de Administración, formado por una veintena de personas de diferentes administraciones públicas [entre ellas un representante del Consell de Ibiza] y agentes sociales, será el ente que ratifique o desestime la propuesta de la comisión técnica. 

Esta propuesta, señaló Sanz, según los pliegos, deberá analizar que sea «viable económicamente», que esté enfocada «de manera decidida a fomentar las actividades formativas, sociales y culturales y sin fines lucrativos». Además, continuó, se fijará en la propuesta «más sostenible» en lo que sea posible al tratarse, reiteró, de una «situación transitoria». 

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Sin afectación sobre los socios

Además, descartó que la Autorización Temporal de Ocupación (AOT) que se está tramitado mediante un concurso, por «imposición legal» no afecta a los usuarios, por lo que resaltó que los licitadores deben mantener los puestos de trabajo, apostar económicamente por la actividad deportiva y social, y conservar el carácter social de las embarcaciones.

Durante su comparecencia, el presidente resaltó los «intentos» de la APB para que, «dentro de la legalidad», se mantuvieran al frente del CNI los actuales gestores, pero la normativa prohíbe prorrogar las AOT sin concurso.

Destacó que el objetivo del ente portuario es «asegurar que la sociedad ibicenca cuente, sea quien sea [el gestor], con una puerta al mar para que la gente del municipio y de la isla de Ibiza tenga un lugar, para que la juventud pueda iniciarse en el deporte de la vela. Y de una forma asequible», reflexionó. En este punto, y validando su trayectoria profesional, aseguró que «si no existieran los clubes náuticos, no existirían ni la vela ni el piragüismo».  

Tras reconocer que las sentencias que obligaron a sacar a concurso la concesión han situado al ente portuario en un escenario en el que no tienen «mucha maniobra», el presidente de la APB indicó que la solución definitiva, bajo su punto de vista, es «mucho más fácil». Pero no depende de la APB ni tampoco es inmediata. Se trataría, según explicó, de reconocer la «singularidad» de los clubes náuticos, lo que pasaría por una modificación de la ley: «Esto facilitaría todo el tema en el que estamos en este momento, pero no solo para el CNI sino para todos los clubes». 

Solución definitiva

El presidente de la APB se comprometió a tener «en la mayor brevedad» posible unos pliegos para otorgar una concesión a «largo plazo» y «definitiva» y habló de una concesión a «20, 30 o 35 años». Al preguntarle sobre qué plazos maneja para tener listos estos pliegos, aseguró que estarían a principios de 2025. Unos pliegos, dijo, que deben «buscar la mejor solución» a la vez que mantener los parámetros de fomentar «la náutica social sin ánimo de lucro, no especulativa» y encontrar la mejor opción, en cuanto a inversión, para «mejorar la seguridad».

Respecto a la seguridad del puerto, Sanz reconoció que el plan de contingencia actual es un «parche evidente que se pone para solucionar cuando hay algo y no es definitivo».

En este caso, recordó que el CNI presentó en 2015 un proyecto básico en el que se incluía la reforma de la dársena de las instalaciones, mediante la demolición del dique de hormigón, y se optaba por unos pantalanes flotantes. Ante la situación actual, Sanz sentenció: «Nos hemos equivocado todos por culpa de los temporales, del abrigo o de las olas. No lo sé, pero no ha funcionado y no ha sido la solución definitiva que en aquel 2015 planteaban tanto la APB como el CNI», sentenció.

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