El laberinto urbanístico que retrasa la edificación de las viviendas para los desalojados de los Don Pepe

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, pidió el lunes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una visita al Consolat de Mar, que le eche una mano, con un cambio legal, para acelerar la construcción de las nuevas viviendas, en la zona de Can Raspalls, para los desalojados del edificio de los apartamentos Don Pepe.

El anterior Ejecutivo balear, presidido por Francina Armengol, aprobó, en diciembre de 2022, el decreto ley 10/2022 que, entre otras cosas, clasificaba como suelo urbanizable directamente ordenado el terreno escogido y facilitaba su ocupación directa para evitar toda la larga y farragosa tramitación urbanística. En principio, este decreto ley servía para allanar el camino al Ayuntamiento y permitir la ejecución de las obras sin trabas urbanísticas.

Sin embargo, el nuevo alcalde de Sant Josep, del PP, sostiene que no es suficiente y que hay que esperar a la aprobación de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), las que debe aprobar el Consell de Ibiza en sustitución de las obsoletas Normas Subsidiarias (NN SS) de 1987 aún en vigor mientras se tramita un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Retraso en las NPP que se alarga

La aprobación de las NPP arrastran un retraso ya considerable. En el pasado mandato, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, estimaba que en febrero del año pasado se podría aprobar inicialmente, y ya entrar en vigor, y cerrar toda la tramitación «a finales de verano», el pasado. Ahora el problema estriba en que los técnicos del Consell han detectado que algunas líneas de los planos de las NPP no coinciden con las del avance del nuevo PGOU y, por coherencia, se tienen que justificar dichas diferencias.

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Por su parte, el grupo municipal del PSOE acusa al alcalde de «mentir a los afectados de los Don Pepe» al afirmar que todavía no se pueden edificar sus nuevas viviendas. Los socialistas insisten en que el decreto ley 10/2022 se aprobó con «el objetivo de acelerar la recalificación de este suelo rústico en uno urbanizable directamente ordenado» y así «no depender de las normas urbanísticas provisionales [las NPP]». El artículo 3.4 de este decreto ley habilita al Consistorio, según el PSOE, a «ocupar de forma urgente e inmediata» los terrenos para comenzar las obras «sin esperar a la aprobación de ningún instrumento urbanístico».

El PSOE sostiene que el gobierno municipal del PP acumula «un retraso injustificable de más de ocho meses» y pide al alcalde que «deje de confundir a los afectados con una propuesta nueva cada mes» y que se convoque de una vez a la comisión de seguimiento que debe darles «una solución».

El alcalde lo niega y se basa, además, en el mismo decreto ley. En este caso, en su artículo 3.3, que dice: «Las determinaciones previstas en este artículo [la recalificación y ocupación directa] se imponen y vinculan directamente al planeamiento urbanístico y territorial, por lo que debe incluirse en la primera modificación de planeamiento urbanístico que tramite el Ayuntamiento de Sant Josep». Roig sostiene que lo que «se interpreta desde la institución» es que al no estar aprobadas aún las NPP, «no es ejecutable», que «lo uno impide lo otro».

Pero la norma apuntada no dice que sea una condición previa la incorporación de la recalificación en el planeamiento, sino que «se impone y vincula directamente» a éste y, por tanto, cuando se modifique así se debe incorporar.

Interpretación distinta del Consell

En cambio, el Consell de Ibiza sostiene que el problema que bloquea el desarrollo de las viviendas alternativas es el hecho de que el pleno del Ayuntamiento aprobó, en abril del año pasado, que la transformación urbanística de los terrenos se haría a través del sistema de compensación. Es decir, el Consistorio obtiene gratuitamente el terreno (8.000 metros cuadrados) para las viviendas de los Don Pepe a cambio de que el propietario obtenga en su parcela (que es suelo rústico) un solar urbanizable de 4.525 metros cuadrados.

Vecinos desalojados de los apartamentos Don Pepe de Ibiza

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Compensación o expropiación

El decreto ley 10/2022 determinaba que había esta posibilidad, que fue la que se escogió, con el apoyo además del PP, entonces en la oposición, o bien la del sistema de expropiación. Si se hubiera optado por esta última vía, que suponía un coste económico para el Ayuntamiento, se podrían ejecutar ya las viviendas de los Don Pepe sin esperar a la aprobación de las NPP, según Mariano Juan. Esto se debe a que el cuarto punto del artículo 3 prevé la ocupación directa de los terrenos.

No obstante, según explica el vicepresidente primero, al haberse optado por el sistema de compensación, el Ayuntamiento debería aprobar una modificación de su planeamiento que incorpore esta «unidad de actuación discontinua» y se especifique, en la planimetría, qué parte de la parcela, al margen de las viviendas de los Don Pepe, pasa a ser urbanizable. «Esta es la cuestión», afirma. «No se pude ocupar anticipadamente sin determinar previamente dónde se ubica la compensación», señala Juan.

El artículo 3.4 del decreto ley dice que «la obtención de los terrenos podrá efectuarse anticipadamente a la aprobación de los instrumentos de equidistribución». Pero Juan explica que se refiere al proyecto de reparcelación, que es posterior siempre al planeamiento: «Tiene que haber un planeamiento con la compensación y luego, antes de la equidistribución, se puede ocupar el terreno»,recalca Juan.

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