El Consell de Ibiza quiere que Hacienda le ceda sus datos fiscales para detectar el alquiler turístico ilegal

El reciente anuncio de colaboración entre Booking.com y los consells balears, por el que la mayor plataforma mundial de alojamientos compartirá con las instituciones insulares información clave para combatir eficazmente la oferta ilegal de viviendas turísticas, ha sido un paso histórico en la lucha contra el intrusismo en ese ámbito, pero el Consell de Ibiza quiere ir más allá. Su próxima «batalla» consistirá en que, además de con los datos suministrados por Booking.com y otras agencias de viajes online, sus inspectores puedan detectar los alquileres ilegales a partir de los datos fiscales. Serán así las declaraciones de la renta las que delaten a sus infractores.

"Muchos declaran el dinero que obtienen en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, incluso abonan el impuesto sobre estancias turísticas y para el impulso del turismo sostenible (la Ecotasa) pese a que sus actividades son ilegales"

«Mi próxima guerra es que el Estado ceda al Consell información fiscal. No me importa que sea súper confidencial. Hay gente, mucha, muchísima, que tiene miedo a Hacienda, pero que no teme a la conselleria de Turismo», comenta Mariano Juan Colomar, conseller ibicenco de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo. «Lo que hacen —detalla Juan— es declarar el dinero que obtienen en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, incluso abonan el impuesto sobre estancias turísticas y para el impulso del turismo sostenible (la Ecotasa) pese a que sus actividades son ilegales. Eso está pasando y sus declaraciones por pisos ilegales son muy grandes. No tienen miedo de que nosotros, desde el departamento de Turismo, los pillemos, pero sí que los sorprenda Hacienda».

Focos de fraude

Por eso, su próxima «batalla» será pedir tanto «al Gobierno como a la Comunitat Autònoma los datos de ciudadanos que declaren esa actividad». Al cruzarlos con los que cuentan con el correspondiente permiso turístico, aflorarán los piratas. La Agencia Tributaria no entra en esto, según Juan, pero para el Consell esa información es vital, pues permitirá detectar los focos de fraude: «A mí, con eso me vale», pues viene a ser una confesión, una autodelación en el caso de que esa actividad carezca de permiso, afirma Mariano Juan.

El conseller de Lucha contra el Intrusismo de Ibiza reitera que este problema se ha convertido «en una cuestión de Estado». «Nos tenemos que coordinar todas las instituciones. Si no, es imposible acabar con esto. Cada vez son más profesionales». Tanto para saltarse la legalidad como para plantar cara legalmente, especialmente ahora que las multas son cuantiosas. Antes pagaban y seguían con el negocio, pero ya no les sale a cuenta abonar 40.000 euros cada vez que son pillados.

«Nos tenemos que coordinar todas las instituciones. Si no, es imposible acabar con esto. Cada vez son más profesionales

Mariano Juan también se muestra satisfecho porque el pasado miércoles, justo el primer día de Fitur, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales nacional, cumpliendo así con lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea relativo a un mercado único de servicios digitales, en el que se establece la obligación a los Estados miembros de designar una autoridad competente coordinadora que reúna requisitos de independencia respecto de influencias externas y autonomía suficiente a la hora de gestionar su presupuesto. La CNMC se encargará de garantizar en España la coordinación, la supervisión y el cumplimiento efectivo del Reglamento de Servicios Digitales, la norma que regula la responsabilidad y obligaciones de los intermediarios digitales y plataformas en línea (redes sociales, marketplaces, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones y plataformas de alojamiento en línea). El Coordinador tendrá «amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios establecidos en España, como solicitar el acceso a los datos y sistemas algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos y publicidad, ordenar inspecciones e imponer multas a los intermediarios en caso de infracción del Reglamento», según la CNMC. Estas podrían llegar hasta el 6% de la facturación anual mundial de las grandes plataformas de Internet.

El primo de Zumosol para una pulga

Precisamente, Mariano Juan remitió pocas semanas antes al Ministerio una carta en la que le instaba a nombrar a ese Coordinador de Servicios Digitales. En la misiva insistía en que la lucha contra las actividades ilegales era «prioritaria» para Ibiza: «Es urgente que se cree ese coordinador», insistía ayer, a la vez que explicaba que «se le podrá reclamar información concreta y fiable de las identidades reales de los perfiles anónimos que operan servicios ilegales a través de portales digitales e instruir los expedientes sancionadores correspondientes».

El Consell, frente a Airbnb, «es una pulga», compara Juan: «Pero con el Coordinador de Servicios Digitales estatal cambia la cosa. Hace falta una alianza para tratar con esas multinacionales, algunas de fuera de la Unión Europea. Los Estados tienen que meterse en esto». Juan espera que la CNMC sea ahora el primo de Zumosol de Ibiza frente a las plataformas.

Suscríbete para seguir leyendo