Sant Antoni reclama un cambio legislativo para combatir la venta de gas de la risa con efectividad

El óxido nitroso no está reconocido como estupefaciente, por lo que los vendedores detenidos «están en la calle a los dos días»

116 candidatos se presentan a seis nuevas plazas convocadas para la Policía Local

Un momento de la Junta Local de Seguridad de Sant Antoni celebrada ayer. | MARCELO SASTRE

Un momento de la Junta Local de Seguridad de Sant Antoni celebrada ayer. | MARCELO SASTRE / josep àngel costa. sant antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni saca pecho por los resultados contra la venta de gas de la risa con los que se ha saldado el plan de seguridad del pasado verano. Los agentes municipales detuvieron a 76 personas por este motivo, un 40,7% más que el año anterior. «El objetivo del Grupo de Acción Preventiva de la Policía Local es acabar aburriendo a estos infractores», destacó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu. Pero tampoco oculta su decepción porque no se logra atajar el problema.

«La normativa no nos ayuda, porque no es una sustancia reconocida como estupefaciente», se resignaba Mateu tras finalizar la Junta Local de Seguridad de Sant Antoni, en la que el Ayuntamiento recibe a representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la Administración del Estado para hacer un balance de la temporada turística. «Coincidimos con la Guardia Civil en que no tenemos herramientas [para combatir a los vendedores de gas de la risa], porque a los dos días vuelven a estar en la calle», criticó la edil.

El propio Ayuntamiento llegó a modificar la ordenanza municipal en 2018 para multar el consumo y venta en la vía pública de gas de la risa

Por ello, Mateu aprovechó la conclusión de la Junta de Seguridad para incidir en que se necesita modificar la legislación sobre drogas para acabar con la impunidad de estos vendedores. De hecho, el propio Ayuntamiento llegó a modificar la ordenanza municipal en 2018 para multar el consumo y venta en la vía pública de gas de la risa, con entre 750 y 1.500 euros por infracciones graves (o hasta 3.000 si se ofrecieran a menores de edad).

Decreto de excesos

Por otra parte, Mateu anunció que el Ayuntamiento participa el próximo lunes en la reunión para renovar el decreto de turismo de excesos, que el Govern propone denominar de ‘turismo responsable’. Entre las propuestas que elevará Sant Antoni, destaca que la norma no solo se dirija contra los establecimientos, sino que contemple multas «contra la gente que está en la calle, consumiendo y haciendo ruido, porque son los que cometen los excesos». «No se incluye ninguna sanción por este motivo en ningún artículo», lamentó.

La plantilla actual de la Policía Local, que no se amplía desde el año 2005, ha quedado «muy justa»

Respecto al balance de la seguridad durante la temporada, Mateu consideró que, dado el récord de visitantes, se ha cerrado «con muy buenos resultados, porque se ha contenido muy bien». No obstante, recordó que la plantilla actual de la Policía Local, que no se amplía desde el año 2005, ha quedado «muy justa» con las 57 plazas que tiene en la actualidad, ya que se estima que harían falta 80.

Como no todas ellas están cubiertas, se ha incrementado la «inversión en horas extras ante el trabajo llevado a cabo por los agentes», apuntó.

De hecho, el Ayuntamiento convocó el mes pasado el proceso selectivo para cubrir seis plazas de policía Local, a las que se han presentado 116 candidatos, detalló Mateu. Se prevé que los seleccionados empiecen su formación en enero.

"El verano con más refuerzos policiales"

El director insular de la Administración del Estado, Enrique Sánchez, dijo que este verano ha sido el que ha contado «con más refuerzos policiales de la historia». Preguntado por datos, indicó que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional aportan las cifras, pero destacó que el incremento ha favorecido unas cifras de criminalidad «moderadamente satisfactorias». Tras la Junta de Seguridad, Sánchez también destacó «la buena sintonía con las policías locales» y agradeció que Sant Antoni cediera una casa en Sant Mateu para alojar a guardias civiles destinados a la isla.

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