El obispo de Ibiza niega que ocultara información sobre abusos sexuales

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas Prats, ha criticado las conclusiones del informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia que presentó el viernes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y en el que se acusaba al Obispado de Ibiza de no suministrar información a la investigación ni colaborar en ella.

En un comunicado enviado a última hora de la noche de ayer, el obispo asegura que el informe del Defensor del Pueblo «no es exacto ni veraz», y califica sus conclusiones como meras «extrapolaciones» realizadas de manera «arbitraria».

En esta nota, Ribas realiza una cronología de las comunicaciones entre el Obispado y la Oficina del Defensor del Pueblo, que se inició con una carta fechada el pasado 24 de febrero de 2023 en la que Ángel Gabilondo solicitaba información sobre los datos de los casos de abusos en la diócesis de los que se haya tenido conocimiento desde el año 1950 hasta la actualidad, los dispositivos de escucha y reparación a las víctimas de abusos sexuales existentes en la diócesis y los protocolos de prevención puestos en marcha.

Dos casos registrados

El obispo asegura que, en diversas ocasiones, se dio cumplimiento a esta demanda, y que se ofreció información sobre dos casos de los que se tiene constancia. «El primero de ellos, en el año 2011 [se refiere a una denuncia en el colegio Can Bonet de Sant Antoni que se demostró falsa], fue llevado por la justicia civil y la eclesiástica. La justicia civil determinó en un plazo breve de tiempo desestimar la denuncia por falta de pruebas e incongruencias en la declaración del denunciante», asegura el Obispado, «quedando así deteriorada la buena fama de este sacerdote y ciudadano español sin que hubiera ninguna reparación».

La segunda denuncia es del año 2020 y, en este caso, «fue iniciada mediante un procedimiento eclesiástico y, teniéndose los hechos como probables, se le ayudó a la víctima a que acudiese a los tribunales civiles, donde se abrió una causa que está pendiente de juicio [se refiere a una de las denuncias al cura Juan Manuel de Souza]. Al sacerdote en cuestión se le instó a que afrontase los hechos y, él mismo, solicitó al Santo Padre la dispensa de las obligaciones contraídas con el sacramento del orden, perdiendo, así, el estado clerical».

Después de recibir esta respuesta, la Oficina del Defensor del Pueblo volvió a ponerse en contacto con el Obispado para requerirle nuevos datos. Así, en una carta fechada del 5 de mayo se indicaba que «faltan datos esenciales como: tipo de abusos, las siglas de los nombres y apellidos del victimario, lugar concreto de los hechos, tipo de abuso, año de los abusos, edad y sexo de la víctima. Me indica, además, que existe en los informes del diario El País una tercera víctima a la que no hago referencia. Que no tiene constancia de si he revisado los archivos diocesanos desde el año 1950. Y, por último, que faltan los datos y protocolos de la Oficina Diocesana de Protección al Menor».

A esto, el Obispado replicó que solo tenía constancia de «dos denuncias», desconocer la información publicada por El País, reiterar que la denuncia del año 2011 fue falsa y que el caso del año 2020 sigue pendiente de juicio y que, por tanto, «estando todavía en proceso legal, todo lo referido al mismo debe tener autorización del juez y de las partes implicadas». Justificando así que no remitiera ni nombre ni siglas del agresor ni los lugares ni tipos de los abusos, como le había sido solicitado, aunque todos esos datos ya habían sido publicados por la prensa. Asegura también que en la Diócesis funciona una «Oficina de atención al menor y a las víctimas de abusos sexuales».

Por todos estos motivos, el obispo manifiesta su sorpresa al constatar que el informe del Defensor del Pueblo incluye al obispado de Ibiza como uno de los que «no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o tiempo».

«El próximo lunes, día 30, los obispos estamos convocados a una reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria, de la que, estoy convencido, saldrá una valoración mucho más exhaustiva del Informe en su conjunto, de su metodología y de su arbitraria extrapolación de datos», concluye el obispo ibicenco en esta nota informativa.

«Detener esta lacra»

Vicent Ribas concluye su nota con un deseo que asegura que expresó también al Defensor del Pueblo en la primera carta: «Confío en que esta investigación ayude a detener esta lacra de los abusos sexuales a menores en todos los ambientes en los que éstos se producen que no sólo es el eclesiástico ni es, con todo, el mayoritario. En la búsqueda de la verdad y en la promoción de la justicia me encontrará siempre a su disposición, como no podría ser de otra manera, puesto que, sin la verdad, sin la justicia, sin la protección de todos los derechos de todas las personas y sin el bien no existiría la democracia y la sociedad se perdería en el fangoso terreno de la subjetividad y de los convencionalismos oportunistas provengan de donde provengan».

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