Vendedores del mercadillo de Sant Joan acudirán a la justicia por su exclusión

Un grupo de antiguos vendedores y artesanos del mercadillo de Sant Joan a los que se denegó un puesto tras la reciente adjudicación de este espacio de venta han presentado un recurso contra el procedimiento administrativo por considerarlo discriminatorio. Aprecian, además, que con este proceso se revoca la licencia que habían recibido de manera continuada «sin que haya existido ninguna de las causas tasadas de revocación». Solicitan como medida cautelar que se les conceda un puesto en el mercado y aseguran que acudirán a la vía contencioso-administrativa, si es necesario, al considerar que el procedimiento no es válido.

En total, son nueve las personas que han presentado el recurso. Algunos iniciaron su actividad en el mercadillo en el momento de su apertura, en 2012, y dependían en una medida importante de la venta en este puesto para su subsistencia. Una de las afectadas, Paola Podesta, asegura que en las reuniones que mantuvieron con el Consistorio antes de la publicación de las bases se les aseguró que aquellos que habían tenido un puesto anteriormente lo mantendrían. Sin embargo, en las bases se establecieron una serie de criterios que califican como «discriminatorios» y de valoración «subjetiva».

El recurso

El escrito recuerda en primer lugar que los nueve afectados habían recibido autorización para participar en el mercadillo semanal a lo largo de los últimos años. Pone de manifiesto que las bases «no especifican los recursos ni los plazos para recurrirla», por lo que los afectados habrían sufrido «indefensión», lo que invalidaría el acto administrativo.

De ser inválido, deberían renovarse las licencias concedidas hasta el año 2020 de manera continuada «al no haber existido ninguna de las causas, expresamente tasadas, de revocación de la autorización de venta ambulante en el mercadillo de la localidad».

En segundo lugar, indican que la resolución vulnera las normas que protegen la continuidad y expectativas de negocio, que la normativa europea establece «por un mínimo de quince años».

Recuerdan que el mercadillo abrió sus puertas en 2012 y la última expedición de licencias fue en el año 2020, cuando se mantuvo su actividad hasta el inicio del confinamiento por la pandemia de covid. Aquel año, todavía, aunque con restricciones, se abrió el mercado, pero en 2021 las licencias no se renovaron, dado que la situación sanitaria seguía siendo complicada.

El Ayuntamiento defiende la legalidad del proceso y asegura que el mercadillo no se puede ampliar

Tras un amago de retomar en 2022 el mercadillo, con actividad algunos meses, en el que se llegaron a cobrar las tasas, se inició el proceso de redacción de las bases y de actualización de la ordenanza fiscal.

En las bases, según denuncia el escrito, se fijan criterios que el texto denuncia que no se adecúan a la legalidad. Así, apunta que el hecho de que se den diez puntos por ser residente en el municipio podría ser considerada discriminatoria, especialmente «cuando la venta no sedentaria tiene especialmente prohibido el establecimiento de condiciones al acceso de la autorización que discriminen por razón de raza, procedencia, religión, etcétera».

«Un desastre»

Si bien en el escrito no se incluye, los afectados plantean también la legalidad dudosa de otro de los criterios por su arbitrariedad. En las bases se incluía el apartado «Tipología de producto a vender», que era un 40% de la calificación. «Cuando las personas excluidas le preguntamos a la concejala cómo se valoraba ese criterio nos dijo que dependía de cómo le hubiera sentado el café esa mañana. Luego dijo que era broma, pero no se bromea con estas cosas», critica Podesta.

Considera que la adjudicación ha sido «un desastre» y recuerda que a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento ya incurría en irregularidades al cobrar la tasa y no dar siquiera un recibo.

Valora que se podría solucionar este problema ampliando en quince el número de paradas e implementando un sistema de rotación para que puedan vender todos los interesados. Desde la asociación de vendedores que integra se ha planteado al Ayuntamiento esta posibilidad.

Ayuntamiento

Desde el Consistorio afirman que se ha cumplido con la legalidad en todo momento. «La gente sabía que había 150 solicitudes y 95 puestos. Muy a nuestro pesar, alguien tiene que quedar fuera. Se han cumplido las bases y en el momento en el que te presentas a este concurso se entiende que las aceptas», apuntó la portavoz municipal Carmen Rodríguez.

Indicó que la opción de rotar que plantean los afectados «supondría incurrir en un delito», al incumplir las bases en las que se ha fijado licencia por un año sin otro límite de tiempo. Por otro lado, explicó que la ampliación de puestos no es posible, dado que se ha fijado un máximo conforme a unos criterios de seguridad fijados por un ingeniero y por técnicos de Emergencias.

Respecto a la fijación de un criterio de residencia, explica que es un modo de «premiar a los vecinos» y señala que no es el único municipio que fija este criterio.

Sin adjudicación de licencia en el año 2022

El Ayuntamiento inició un procedimiento de concesión de licencias que no concluyó

En el año 2022 se cobró a los artesanos y vendedores la cantidad de cien euros para la concesión de la licencia anual. Se retomó la actividad del mercadillo, pero se cerró abrúptamente aquel año y no se resolvió la adjudicación.

El proceso se hizo a través de un convenio con la Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado de Sant Joan. En el mes de enero se informó a los comerciantes y artesanos de que debían abonar los 100 euros a la asociación, «en concepto de colaboración para la gestión, tramitación de expedientes y gastos de apertura». En febrero se realizó el pago y debía gestionarse el trámite.

Al final, en agosto se envió una notificación a los interesados para informarles de que se cerraba el mercadillo «con el fin de reorganizar los puestos, su ubicación y gestión».

Los afectados alegan como uno de sus argumentos que en ningún momento se respondió a la solicitud de licencia que ellos presentaron. Es por esto que su abogado considera que se debe resolver esa solicitud y conceder la continuidad del permiso.

Critican que sin haber concluido esta tramitación se ordenara el cierre de un mercadillo.

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