Un juez recupera la validez de la licencia de 2002 de la nueva sede de los médicos de Ibiza

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha estimado un recurso del Colegio de Médicos de Balears y ha recuperado la validez de la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Ibiza, en mayo de 2002, para la construcción de una nueva sede del colectivo médico en un solar de su propiedad en Puig des Molins, entre la calle Ramon Muntaner y el camí de sa Berenada. En febrero de 2017, el Consistorio desestimó las alegaciones del Colegio de Médicos de Balears y declaró la caducidad de la licencia de obras al no haber sido ejecutada.

Sin embargo, ahora el juzgado ha dictado una sentencia, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento, que da un vuelco a la situación. De todos modos, como, tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila, este solar queda como suelo rústico, lo cual imposibilita la ejecución del proyecto previsto en 2002, con un coste de cerca de 250.000 euros, el Colegio de Médicos busca un nuevo emplazamiento «en un lugar emblemático» para su nueva sede, según el presidente de la junta de Ibiza y Formentera, Carlos Rodríguez Ribas. «La actual se ha quedado pequeña y está muy deteriorada», destaca.

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En todo caso, esta sentencia favorable, que supone «un pequeño triunfo en todo este desastre», según Rodríguez Ribas, puede aumentar la cuantía económica que el Colegio de Médicos reclamará a la Administración en concepto de responsabilidad patrimonial por «el daño sufrido» ante la imposibilidad de ejecutar el permiso de obra. El proyecto consistía en la construcción una sede con planta baja y una altura de 358 metros cuadrados.

Una historia muy larga

La historia de la fallida construcción de la nueva sede de los médicos de las Pitiusas en Puig des Molins es muy larga. Rodríguez Ribas recuerda que una semana antes del inicio de las obras, una vez obtenidos todos los permisos (la licencia de obra mayor se concedió el 22 de mayo de 2002), el 10 de junio de ese año se notificó la suspensión de la ejecución de la licencia después de que el Consell Insular iniciase el proceso para proteger el promontorio oriental de Puig des Molins con la figura de Bien de Interés Cultural (BIC).

No obstante, la institución insular no culminó el proceso, que caducó en junio de 2004. Según se relata en la sentencia, en mayo de 2003, el Consell ya informó de que la licencia mantenía su validez porque la declaración del terreno como BIC «sólo afectaba al impacto visual». Pero el plazo de ejecución del permiso de obra se volvió a interrumpir tres meses después cuando el Ayuntamiento inició la revisión del planeamiento urbanístico, que, en el momento en que se dictó la sentencia, el pasado 22 de mayo, aún no había culminado. La aprobación definitiva del nuevo plan urbanístico de Vila se consumó hace poco más de un mes.

En su recurso, la defensa del Colegio de Médicos alegó «la mala fe» del Consistorio al declarar, en 2017, la caducidad de la licencia cuando nunca pudo ejecutar las obras por causas ajenas a su voluntad. Primero, con la incoación del BIC de Puig des Molins y, luego, cuando aún no se había cumplido el plazo para la ejecución de la licencia, con la revisión del planeamiento urbanístico que declaraba el solar como suelo rústico. En abril de 2016, cuando el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó el acuerdo de aprobación provisional del PGOU se confirmaba que el terreno ya no era edificable.

Por su parte, el Consistorio defendió que, por una parte, el BIC de Puig des Molins no se aprobó y que, a partir del 14 de junio de 2004, cuando dicho expediente caducó, ya no concurría «la imposibilidad de ejecución de la licencia». Desde 1987, sólo está protegida con la figura BIC (zona arqueológica) la necrópolis de Puig des Molins y sa Capelleta. La zona de sa Berenada, Ramon Muntaner y es Soto se hallan fuera de este ámbito, según las fuentes consultadas por este diario.

Tirón de orejas a Vila

El juez descarta que el Colegio de Médicos hubiera incurrido en «abandono de las obras»; en caso contrario, según apunta en la sentencia, sí daría pie a la declaración de la caducidad de la licencia. «La realidad del expediente administrativo muestra no sólo que no ha quedado acreditado plena y fehacientemente una intención de abandonar o no iniciar el proyecto, sino al contrario, que concurría una causa justificativa que impedía su inicio», señala el fallo judicial, que también indica que el Ayuntamiento de Ibiza ha hecho, en este caso, «una interpretación amplia de la caducidad, que es contraria a la flexibilidad, moderación y restricción que debe presidir esta institución».

Una portavoz del Ayuntamiento se limita a decir que la sentencia se ha recurrido.

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