La arquitecta municipal de Sant Josep confirmó las irregularidades ante la Guardia Civil

La arquitecta municipal de Sant Josep que emitió los informes desfavorables de los proyectos de Cala Bassa y es Cubells que se suplieron con dictámenes externos favorables constató las supuestas irregularidades en sendos expedientes en su declaración ante la Guardia Civil. Así lo recoge el auto judicial que permitió los registros en el Ayuntamiento de Sant Josep y los despachos profesionales de los detenidos durante la operación Magister dixit. En su declaración, la técnica municipal explicó que, al haber dos informes contrapuestos (uno propio y otro externo), en lugar de solicitar un tercero la letrada municipal Carla García decidió dar más valor al externo, que era favorable.

La Guardia Civil encargó al director de la Agencia de Defensa de Territorio de Mallorca un informe sobre los expedientes de Cala Bassa y es Cubells, los que dieron inicio a la investigación y la intervención telefónica de, primero, la letrada municipal y después del resto de las personas detenidas e investigadas. El auto judicial indica que dicho informe respalda de manera «categórica» los desfavorables de la arquitecta municipal que fueron sustituidos por los de profesionales externos. Concluye que no se ajustaba a derecho la concesión de las licencias porque incumplían la normativa.

La arquitecta municipal fue citada a declarar por segunda vez como testigo en las dependencias de la Guardia Civil al día siguiente de la detención de los investigados. En su última declaración, la técnica reconoció no sólo la práctica de la contratación de informes externos para la resolución de licencias, entre otras cosas, sino también que se hacía para acabar autorizando lo solicitado por un promotor cuando previamente se había emitido un informe municipal desfavorable.

Presiones en un expediente

En cambio, la arquitecta municipal apuntó que, en algún caso concreto, se había contratado a un profesional de fuera del Ayuntamiento para que elaborase un informe jurídico (los que emitía la letrada municipal investigada Carla García), pero que no era lo habitual, a diferencia de lo que sucedía con los dictámenes técnicos.

Al ser preguntada sobre si en relación al expediente llamado sa Cremada había recibido presiones del promotor o el exalcalde, la arquitecta municipal respondió que había habido «reuniones tensas» y que en más de una ocasión se le preguntó que si pensaba hacer un informe desfavorable, que lo volviera a revisar. Explicó que había emitido varios informes negativos y que tanto estos como las reuniones en las que había participado sobre esta cuestión eran «más cuantiosas de lo habitual».

La arquitecta municipal indicó que, según su criterio, se tenían que derribar 40 metros cuadrados más en contra de lo que defendía la propiedad. Señaló que tanto un topógrafo como otro técnico municipal también ratificaron su posición. En este caso, la letrada municipal no hizo el informe jurídico.

Declaración de otro técnico municipal

El técnico municipal apuntado, que también declaró ante la Guardia Civil como testigo, explicó que su informe fue desfavorable porque la vivienda se situaba en una cota no permitida por la normativa y el proyecto preveía superarla todavía un metro más.

También respondió afirmativamente cuando los agentes le preguntaron si tenía conocimiento de que el Ayuntamiento solicitaba informes técnicos o jurídicos externos para conceder lo que, en principio, los técnicos municipales informaban en contra. En este sentido, indicó que algún compañero le había explicado que el concejal de Urbanismo (el exalcalde Guerrero) le había dicho que iba a pedir un informe externo después de que el municipal fuese desfavorable. Personalmente, indicó que había visto un caso en el que había varios informes en contra que impedían conceder una licencia, pero que finalmente el Ayuntamiento la otorgó, también el final de obra, al amparo de un dictamen encargado a un profesional de fuera.

El inicio de la investigación se sitúa en el derribo de una casa anterior a 1956 y la construcción de otra nueva, en primera línea en Cala Bassa, en zona de protección de Costas, al amparo de una reforma parcial del inmueble antiguo. La arquitecta municipal emitió un informe en contra. Los externos aportados por el promotor, con el visto bueno de la letrada municipal, justificaban que las obras eran exclusivamente de rehabilitación, pero que por seguridad era necesario derribar y reconstruir la casa.

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