Intrusismo en Ibiza: Nueva estafa de 95.000 euros en un alquiler ilegal de ses Salines

Quienes han denunciado al responsable de la sociedad Damaskina, con quienes ha contactado este diario, no dejan de hablar de este personaje con cierta fascinación. A pesar de la frustración por sentirse estafados, y a la indignación porque este empresario sigue burlando la ley pese a los distintos expedientes abiertos por el Consell y Sant Josep, reconocen que son víctimas de una astucia fuera de lo común.

Más después de acudir a la policía y quedarse perplejos al conocer que la identidad real de la persona que denuncian no coincide con la que creían haber conocido y que, encima, cuenta con antecedentes similares en Italia.

Urbanismo en Ibiza: iniciado el expediente de derribo de las casetas de madera ilegales de ses Salines

Para sintetizar su historial de infracciones, hay que empezar por la propiedad que explota a través de la sociedad Damaskina. Es una finca de 2.000 metros cuadrados, adquirida en el año 2012, en el puig de es Corb Marí, en el Parque Natural de ses Salines. Allí hay un chalé que ha sido ampliado ilegalmente, por lo que el Ayuntamiento de Sant Josep abrió un expediente que obliga a demoler las obras ejecutadas sin licencia. Al igual que el caso de Paquita Sánchez con Casa Lola, este infractor está esquivando la orden con recursos judiciales.

Sin licencia

El chalé, de siete habitaciones, se alquila a un precio de hasta 1.500 euros la noche, a pesar de no contar con la preceptiva licencia turística del Consell, que tiene un expediente sancionador abierto por esta actividad. Entre otras cuestiones, no puede recibir la autorización por las infracciones urbanísticas que tiene pendiente de derribo. Tampoco puede publicitarse, aunque, periódicamente, van surgiendo anuncios en los que se ofrece como villa vacacional en las plataformas de internet, bajo sugerentes marcas como ‘Entre ciel et Sel’.

El año pasado, una familia británica le denunció, tras ocho días de vacaciones por 17.280 euros, porque no les reingresó otros 5.000 euros que tuvieron que depositar de fianza. El chalé no solo estaba lejos de contar con todos los servicios de los que presumía en los anuncios, sino que se toparon con que había otros dos inquilinos residiendo en dos habitaciones.

Se trataba de dos jóvenes catalanes, también víctimas de Damaskina, que vinieron a trabajar a la isla y que pagaron 18.000 euros por adelantado, cada uno de ellos, por una estancia de seis meses en sendas habitaciones. A las pocas semanas, se toparon con que el propietario de la casa les reclamaba otros pagos de 500 euros mensuales, por los gastos de luz y agua. Ante su negativa, les cortó los suministros, por lo que los inquilinos le denunciaron por coacciones a la Guardia Civil. A principios de junio se celebra el juicio.

El Consell abrió un expediente de infracción urbanística por las casetas levantadas en el Parque Natural y prevé una sanción de 130.000 euros

Para más inri, en una parte de la finca que se encuentra dentro del perímetro del Parque Natural [la otra es urbana], levantó dos casetas de madera ilegales que también alquila irregularmente. El Consell abrió en verano pasado un expediente de infracción urbanística por esta infracción, por la que prevé una sanción de 136.000 euros. Sin embargo, al menos hasta el pasado mes de abril, al menos un inquilino seguía viviendo en una de estas casetas, ahora apuntalada por riesgo de desplome.

Las nuevas víctimas

Todas estas personas creían tratar con un italiano llamado Alesandro Z. Una vez que interpusieron sus denuncias, se dieron cuenta de que su verdadero nombre era Anasse Z. y que su pasaporte era marroquí. En estos momentos, al parecer, reside en París.

Los últimos afectados por sus estratagemas son Corey Gibbons y su pareja, Eva, los responsables de Pretty Green, una sociedad de administración de propiedades que gestiona otras cinco viviendas vacacionales en la isla. A finales del año pasado, una agencia intermediaria se dirigió a ellos para ofrecerles, en alquiler, la mansión de Damaskina en es Corb Marí.

Los afectados firmaron un contrato por el que iban a pagar 180.000 euros por siete meses de temporada

Según su denuncia, una vez que se pusieron en contacto con Anasse Z. (en ese momento, aún Alex para ellos) este les aseguró que la vivienda se podía alquilar turísticamente porque tenía la licencia en tramitación y les adjuntó una copia de la supuesta solicitud válida. En el contrato que firmaron, que también adjuntan, se acuerda un arrendamiento a razón de 180.000 euros por una temporada de siete meses, prorrogable cinco años. Es decir, un negocio de hasta 900.000 euros para el arrendador.

La pareja cumplió con el calendario de pagos y, hasta marzo, avanzó 72.000 euros, además de invertir otros 23.000 en mejorar la vivienda y reparar defectos que no apreciaron en un primer momento. A mediados de marzo, acudieron al Consell para arreglar unos trámites de las seis casas que iban a explotar este verano y un funcionario les advirtió de que la de es Puig de es Corb Marí carecía de licencia de actividad. Allí empezó su pesadilla.

Suspendieron el resto de pagos a Damaskina. Ya no pueden acceder al chalé porque Anasse Z. cambió las cerraduras. Ahora le han denunciado por estafa y han recurrido a una abogado civil y otro penalista para reclamarle los 95.000 euros que pagaron por el chalé. Hasta el momento, no tienen ninguna noticia del denunciado y tratan de evitar con su testimonio nuevos fraudes.

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