Justicia y gestión aeroportuaria, asignaturas pendientes tras 40 años de Estatut

Las competencias en Justicia y la cogestión aeroportuaria son las dos grandes asignaturas pendientes después de 40 años de Estatut d’Autonomia que se celebra el próximo miércoles 1 de marzo. La norma que define el autogobierno de Balears se negoció con muchas dificultades, ya que cuando estaba a punto de aprobarse le afectó de lleno el golpe de Estado del 23F. Prueba de ello es que las competencias de Educación no llegaron hasta 14 años después de aprobarse, las de Sanidad 20 años después y el reconocimiento a la insularidad se ha conseguido tras 39 años de autonomía.

Se eligió, nunca mejor dicho, la «vía lenta» a través del artículo 143 de la Constitución, cuando otras comunidades, como por ejemplo el País Vasco o Navarra, fueron por la «vía rápida» del artículo 151 y en pocos años pudieron gestionar sus competencias.

El próximo mes de julio, el Govern recibirá del Estado las competencias en Costas y Litoral, una gestión que ya apuntaba el Estatut aprobado en 1983 y que reafirmó en la profunda reforma que se realizó en 2007. No obstante, todavía quedan por asumir Justicia, la gestión aeroportuaria o impulsar la Policía Autonómica.

El Govern no quiere asumir unas competencias en Justicia mal dotadas

Respecto a Justicia, la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, dejaba claro esta semana que el Govern no piensa asumirlas. Garrido apuntaba que el Estado tiene pendiente realizar una importante inversión en Balears, como un nuevo edificio de juzgados junto a Son Hugo de Palma. Por ello prefieren esperar a que estén realizadas para recibir la competencia mejor dotada.

La gestión aeroportuaria es el anhelo de partidos como Més o El Pi para poder controlar y poner freno a la puerta de entrada a las islas. El PSOE también cree en la cogestión, pero los aeropuertos son un caramelo que el Estado no quiere ceder y mucho menos desde que AENA es un 49% privada.

El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, admitía que «hay determinadas cuestiones del Estatut en las que se debe profundizar, como son las competencias de Justicia, la gestión aeroportuaria, la policía autonómica y el encaje entre Consells y Govern».

Uno de los aspectos que más costó negociar en 1983 fue la paridad entre islas respecto al número de diputados. Sobre esta cuestión el presidente de la Cámara apuntó: «Se puede aprovechar, ahora que cumplimos 40 años, para abrir este debate, pero deberá ser mediante un pacto político y ver si determinadas islas deben crecer en el número de diputados».

Huguet, Serra y Triay

El popular Joan Huguet era el vicepresidente del Govern en 1983 y fue uno de los encargados de poner en marcha la recién aprobada autonomía. «Lo de aquellos años no tiene nada que ver a lo de ahora, ya que el ayuntamiento de Palma tenía más presupuesto que todo el Govern», explicó Huguet.

El histórico dirigente apuntó que el Estatut se ha reformado en cuatro ocasiones a lo largo de estos 40 años, pero fue la reforma de 2007, que llamó de «nueva generación», donde los consells se convirtieron en parte de la Comunitat, se creó el de Formentera y se cuantificó en 2.400 millones el coste de la insularidad mediante el REB.

«La paridad entre islas fue lo que llevó mayores problemas a la hora de negociar en 1983"

«La paridad entre islas -relató Huguet- fue lo que llevó mayores problemas a la hora de negociar en 1983 y al final se llegó al acuerdo de 33 diputados para Mallorca, 13 para Menorca y 13 para Ibiza y Formentera». Joan Huguet lamentó que el «Parlament siempre ha estado sometido a la voluntad del Govern». También relató que para evitar problemas con Madrid, al incluir términos como nacionalidad o la lengua, siempre «procuramos poner la coletilla: ‘en el marco de la Constitución’».

Sebastià Serra era el portavoz del PSM en las primeras legislaturas autonómicas: «Faltó mucho empuje en aquellos primeros años a la hora de impulsar políticas valientes. También es cierto que el Estatut se había pactado con la UCD y cuando estaba a punto de aprobarse nos cogió el golpe de Estado del 23F y aquello no ayudó en nada para evitar el freno a la llegada de competencias. Además, a la derecha no le gustaba mucho un Parlament con capacidad legislativa». Serra recordó que, de todas formas, en aquellos años ya hablábamos de política migratoria, se empezó a legislar en temas de territorio y medio ambiente y se incluyó a Cabrera en el Estatut con una fuerte oposición de Madrid».

Francesc Triay era parlamentario del PSOE en 1983 y participó en las negociaciones. «El Estatut se tuvo que negociar dos veces, ya que el PSOE y UCD habían llegado a un acuerdo y vino el 23F y las elecciones de 1982, donde UCD desapareció. Entonces se tuvo que pactar con la coalición de derechas y en el Congreso de los Diputados no votaron a favor», apuntó el histórico socialista. No obstante, añadió que gracias al Estatut se impulsaron «leyes como la de Consells, de la que fui ponente, o la cesión de la ordenación territorial a las instituciones insulares o la llegada de Sanidad y Educación».

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