Sant Josep recibe el proyecto de demolición de las obras ilegales de la mansión en Comte

El Ayuntamiento de Sant Josep ha recibido un proyecto para demoler las obras ilegales de la mansión del multimillonario Vladislav Doronin, situada en la finca denominada Can Xuruiana (Platges de Comte). Inversiones Rapa Nui 2012 SL, la empresa propietaria, ha presentado dicho proyecto, según han confirmado fuentes municipales, después de que el pasado mes de octubre el Consistorio iniciará el expediente de ejecución subsidiaria para reestablecer la legalidad ya que, además de ampliaciones, hay una nueva construcción ubicada en suelo rústico protegido inedificable.

Las obras ejecutadas en la finca son consideradas una infracción urbanística «muy grave», por lo que se imponía una sanción de 1,1 millones de euros a la propiedad y a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL).

Los antecedentes se remontan a marzo de 2014, cuando los servicios urbanísticos municipales detectaron obras realizadas en la vivienda que no cuentan con licencia.

Estas consistían en la modificación de las instalaciones, sustitución de la pavimentación, saneamiento de vigas y colocación de impermeabilizaciones y revestimientos en la totalidad de la construcción (excediendo la zona de la parte legal y autorizada) y derribo del porche existente.

Movimientos de tierras

En cuanto al exterior de la vivienda, se realizaron movimientos de tierras en la zona del acceso, anulación de la fosa séptica existente y construcción de una terraza, porche y pasarela elevada y de madera. Se amplió la vivienda en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados, según detalló el informe técnico realizado por el Ayuntamiento, que calculó que el presupuesto de ejecución material de las obras en proceso ascendía a 626.220 euros. Esto llevó al Ayuntamiento a incoar un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Ante esta situación, la propiedad presentó una solicitud de legalización de las ampliaciones ejecutadas en la vivienda, pero en agosto de ese año la Junta de Gobierno las denegó.

Por ello, se inició un expediente administrativo sancionador que se notificó a ambas partes, también a la constructora de las obras ilegales (Estructura y Cimentaciones Ibiza SL), a finales del mes de enero de 2015. Apenas tres semanas después, la propiedad y la constructora presentaron alegaciones y ya en marzo se abrió el periodo de prueba del expediente aceptando una tasación contradictoria en relación con la valoración de las obras ejecutadas y, acto seguido, el propietario pidió que se suspendiera la tramitación del expediente sancionador tras presentar una licencia de legalización de las obras.

Cuatro años después, concretamente en diciembre de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma emitió una sentencia por la cual denegaba la legalización y ordenaba la reapertura del procedimiento administrativo suspendido.

Más obras

Por estas fechas (2019), los técnicos de Sant Josep constataron que «la promotora [propiedad] ha continuado ejecutando obras de tal manera que han desvirtuado, totalmente, la vivienda existente. En consecuencia, en la parcela se ubica una vivienda de nueva construcción (con porche, pérgolas, piscina y terraza, entre otras)».

A todo ello se suma que no existe normativa urbanística que posibilite la legalización de las construcciones ejecutadas ya que están ubicadas en suelo rústico protegido inedificable.

Ya en enero de 2020, el Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución del expediente sancionador ante la cual de nuevo el propietario presentó alegaciones y, además, solicitó «la necesaria suspensión de la tramitación del expediente», al haber presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo 2 de Palma.

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Se suspende la tramitación del expediente en marzo hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto ante el TSJ. Eso sucede ya a finales de diciembre de 2020, cuando Sant Josep recibe la sentencia firme que falla en favor del Ayuntamiento.

A partir de este punto, la ley estima que las actuaciones son constitutivas de una infracción considerada «muy grave», por lo que corresponde una multa del 100 al 250% del valor de la obra ejecutada (obras valoradas en 626.000 euros).

En febrero de 2021, el Ayuntamiento resuelve el expediente contra el que un mes después la propiedad vuelve a presentar un recurso de reposición.

La Junta Local lo desestima a finales de junio de este año y se lo notifica a la propiedad de la mansión.

Privatización de la Costa

La polémica mansión del magnate ruso se ha visto salpicada en varias ocasiones por denuncias de viandantes debido a la privatización de la costa y la obstaculización de libre acceso al litoral en verano "al no respetar la servidumbre de protección que establece la Ley de Costas", tal y como publicó este diario en 2016. Incluso se llegó a convocar una sardinada junto a la villa después de que algunos residentes denunciasen que habían sido amenazados por los guardias de seguridad de la mansión.