Los estudiantes dejan el hotel tras tumbar la jueza el confinamiento

El Govern acata la decisión judicial, pero afirma que pone en peligro la salud pública de todos los ciudadanos de Balears | El Ejecutivo ofrece a los jóvenes que duerman en el establecimiento y que hoy se vayan todos juntos en barco hacia Valencia

Varios de los estudiantes decidieron ayer tarde abandonar el hotel Bellver.

Varios de los estudiantes decidieron ayer tarde abandonar el hotel Bellver. / j.f.mestre. palmaJ.F.MESTRE. PALMA

J. F. Mestre

La magistrada del juzgado de lo contencioso número 3 de Palma tumbó ayer tarde el confinamiento masivo de los estudiantes acordado por el Govern, justificado por razones sanitarias, con el que pretendía hacer frente al contagio masivo que se produjo entre los estudiantes que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de curso. Y lo anula porque interpreta que la decisión política no es proporcional, pero sobre todo porque el Govern no ha demostrado que los jóvenes que no están contagiados han podido estar en contacto directo en algún momento con los chicos que sí han contraído la enfermedad.

Esta resolución judicial coincide con el criterio manifestado por la fiscalía, que ya puso en duda que este confinamiento global fuera legal.

La jueza solo autoriza al Govern a que mantenga el confinamiento obligatorio con los jóvenes que han dado positivo en el test PCR, que son un total de 74. A los otros 175 estudiantes, que no han dado positivo en las pruebas que se les han realizado, no se les puede obligar a que cumplan la cuarentena en el hotel, con la prohibición de que no puedan abandonar el edificio ni socializar con otras personas.

En su resolución también cuestiona la magistrada que a los cinco adolescentes que se han negado a someterse a las pruebas de contagio se les pueda obligar a realizar este test en contra de su voluntad. Por tanto, estos cinco estudiantes pueden salir del hotel, sin saber si están o no contagiados porque se han negado a que se compruebe si han tenido contacto con el virus.

La magistrada hace varias referencias a las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, en las que se han fijado las limitaciones que tienen las comunidades autónomas para limitar derechos fundamentales, apelando a razones de salud públicas. El Supremo consideró que estas decisiones políticas se debían guiar por el principio de proporcionalidad, que la jueza en este caso, coincidiendo con la fiscalía, sostiene que no se daba.

49 positivos en un vuelo a Santiago que volvía de Mallorca

La consellería de Sanidade de Galicia confirmó ayer que se habían registrado 49 positivos en el cribado voluntario realizado este martes en el aeropuerto de Lavacolla a 86 pasajeros del vuelo llegado de Mallorca. Vigilancia epidemiológica aseguró que 33 de estos casos positivos «están asociados a los brotes estudiantiles de la isla», mientras que los restantes 16 «están en estudio».

Sanidade explicó que se considera a todas las personas, con excepción del personal que iba en la cabina del piloto, «contactos estrechos». 

Algunos de los estudiantes que han permanecido confinados desde el domingo en el hotel Covid salieron ayer del establecimiento a partir de las siete de la tarde, horas después de conocer que la jueza había anulado la medida sanitaria impuesta por la conselleria de Salud. Pueden marcharse 175 jóvenes, mientras que los 74 que están contagiados deben seguir confinados.

El Govern salió ayer tarde, a través del vicepresidente Juan Pedro Yllanes y la consellera Mercedes Garrido, para anunciar que se va a acatar la decisión de la jueza, aunque «se discrepe» de la resolución judicial, que va a ser recurrida ante el TSJB. «El auto va en contra del bien jurídico protegido, como es la salud pública», señaló Yllanes, que afirmó que la decisión judicial beneficia a los 175 estudiantes que han dado negativo en las pruebas de contagio, pero pone en «peligro la salud de los otros 1,2 millones de ciudadanos que viven en Balears».

La decisión judicial, que derriba la estrategia sanitaria que impuso el Govern ante el contagio masivo de los estudiantes en viajes de fin de curso, obligó al Ejecutivo a buscar una solución que no estaba prevista. Garrido habló ayer de realizar «un último esfuerzo para salvar la salud pública de Balears y del resto de las comunidades autónomas», ya que existe el peligro de que estos jóvenes puedan estar contagiados y puedan extender el virus por su ciudad de origen. Para que este escenario de contagio no se produzca, el Govern intentó ayer, aunque no lo logró en todos los casos, que los estudiantes terminen la cuarentena en el hotel Covid. Y la otra posibilidad que se les ofreció es que la pasada noche durmieran en el hotel y que esta mañana suban a un barco, fletado por el Govern, que les trasladará hasta Valencia. Una vez allí serán atendidos y trasladados a sus respectivas ciudades. Este traslado lo pagará el Govern y los adolescentes no tendrán ningún tipo de contacto ni con la tripulación ni con el resto del pasaje. Al llegar a puerto, se someterán a una prueba PCR.

Mercedes Garrido hizo un llamamiento a la responsabilidad de estos adolescentes y sobre todo les pidió que si se iban del hotel, que no socializaran con el resto de ciudadanos y que no utilizaran para nada el transporte público. «Si han sido responsables para venir a Mallorca para divertirse, que también lo sean para evitar que el resto de la población se contagie», señaló la consellera, que al mismo tiempo explicó que la mitad de un grupo de jóvenes que regresó a Galicia han vuelto infestados. «La enfermedad no se manifiesta en el primer momento», recordó la consellera, que apuntó que ayer mismo se habían detectado otros siete positivos entre los jóvenes hospedados en el hotel Covid.

Mercedes Garrido: «Si han sido responsables para divertirse, que lo sean también para no contagiar»

Aunque con respeto, el vicepresidente Juan Pedro Yllanes se manifestó con contundencia al defender su discrepancia con la decisión de la jueza del juzgado de lo contencioso. «El auto pone en peligro la política sanitaria de todo el país». El vicepresidente hizo hincapié en un aspecto que consideró especialmente grave de la resolución judicial, y es que «la jueza permite que no se pueda exigir a un ciudadano que se someta a una prueba PCR».

Si bien Yllanes se mostró esperanzado en que el recurso que ha planteado el Govern prospere en el Tribunal Superior, dejó bien claro que si se produce un nuevo contagio masivo con algún grupo de turistas, el Ejecutivo autonómico va a actuar de la misma manera. «No existe un plan B, se actuará de la misma manera, porque para el Govern la salud pública es una prioridad. La decisión que se adoptó es legal y se ajusta a la realidad social de Balears, que lleva tiempo esforzándose para contener los contagios».

La jueza rechaza los argumentos del Govern

La magistrada cuestiona que no se ha demostrado el contacto directo con los adolescentes infectados

La magistrada del juzgado de lo contencioso número 3 de Palma tumbó ayer tarde el confinamiento masivo de los estudiantes acordado por el Govern, justificado por razones sanitarias, con el que pretendía hacer frente al contagio masivo que se produjo entre los estudiantes que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de curso. Y lo anula porque interpreta que la decisión política no es proporcional, pero sobre todo porque el Govern no ha demostrado que los jóvenes que no están contagiados han podido estar en contacto directo en algún momento con los chicos que sí han contraído la enfermedad. 

Esta resolución judicial coincide con el criterio manifestado por la fiscalía, que ya puso en duda que este confinamiento global fuera legal. 

La jueza solo autoriza al Govern a que mantenga el confinamiento obligatorio con los jóvenes que han dado positivo en el test PCR, que son un total de 74. A los otros 175 estudiantes, que no han dado positivo en las pruebas que se les han realizado, no se les puede obligar a que cumplan la cuarentena en el hotel, con la prohibición de que no puedan abandonar el edificio ni socializar con otras personas.

En su resolución también cuestiona la magistrada que a los cinco adolescentes que se han negado a someterse a las pruebas de contagio se les pueda obligar a realizar este test en contra de su voluntad. Por tanto, estos cinco estudiantes pueden salir del hotel, sin saber si están o no contagiados porque se han negado a que se compruebe si han tenido contacto con el virus. 

La magistrada hace varias referencias a las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, en las que se han fijado las limitaciones que tienen las comunidades autónomas para limitar derechos fundamentales, apelando a razones de salud públicas. El Supremo consideró que estas decisiones políticas se debían guiar por el principio de proporcionalidad, que la jueza en este caso, coincidiendo con la fiscalía, sostiene que no se daba.

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