La falta de forenses paraliza casos en los juzgados de Ibiza

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza se ha visto obligado a restringir sus servicios judiciales ante la merma que sufre su plantilla en un momento, además, «bastante malo para los juzgados». Así lo considera el portavoz de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la isla, Sabino Aramburu, una situación avanzada hace unos días por Radio Ibiza Cadena Ser.

La situación ya precaria y «renqueante» de los servicios judiciales, que duplican en cada uno de sus órganos la carga máxima de casos permitida por ley, ha empeorado en los últimos meses. Entre otros, a causa del reciente concurso de traslados que ha provocado la marcha de algunos de los funcionarios y un elevado número de bajas laborales que no se han podido cubrir, detalla el representante del CSIF.

De las cinco plazas que forman el equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal, solo tres están ocupadas. Una de las dos vacantes quedó vacía hace alrededor de un año, cuando la forense que la ocupaba se trasladó a Palma y no hubo ningún profesional que quisiera cubrirla. En cuanto a la otra plaza, se ha quedado desocupada recientemente por una baja de maternidad.

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Paralización de lo Social

La secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibiza, Consuelo López, lamenta que una de las consecuencias del drama de la falta de funcionarios en forensía es que los asuntos del juzgado de lo Social se «paralizan» y quedan en un «segundo plano». Esto, por la necesidad de priorizar los casos más urgentes. Es decir, los que incolucran a víctimas de violencia machista y, en la medida de lo posible, los asuntos penales, que entran no solo a través de los dos juzgados de lo Penal sino también a través de los cuatro juzgados de Instrucción.

«Lo que nos preocupa desde CCOO es que tenemos casos por incapacidades en los que es esencial el informe del forense», lamenta. Desde el sindicato, explica, cuando tienen un caso, primero presentan una demanda a la Seguridad Social y cuando sale el juicio (al año, aproximadamente) es necesario entregar el informe.

Ante la imposibilidad de que estos se emitan dentro de plazo, López indica que existe la posibilidad de «acudir al médico privado», pero al presentar ese documento en el juicio, «nunca tendrá la misma validez» que el informe del forense a la hora de obtener la incapacidad permanente.

«Lo que les pedimos a las administraciones es que hagan lo que tengan que hacer, pero que la plantilla esté completa para proporcionar un servicio adecuado los 365 días del año», determina con contundencia justo después de objetar que los servicios que «merecen los ibicencos» son los mismos que tienen en «cualquier otro lugar de España». «Los forenses ya han dicho que no van a poder abarcarlo todo», añade.

El subdirector del Instituto de Medicina Legal en Balears, Juan Ramón Sancho, se ha dirigido esta última semana mediante escrito al juez decano de las Pitiusas, Sergio González, para ponerle en conocimiento de la desesperada situación que viven. Sancho indica en el documento que «tan solo podrán atender -desde forensía- las peticiones que sean urgentes», lo que supone que se queden, en general, muchas «cosas por hacer» en materia judicial.

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La falta de personal contribuye, además de a la paralización de los asuntos del Juzgado de lo Social, al retraso en la resolución de procedimientos civiles, como la guardia y custodia de menores, personas mayores o por incapacidades, entre otros.

Otro de los servicios de forensía que sufre dilaciones por la falta de funcionarios es la valoración de expedientes de accidentes de tráfico. Un servicio extrajudicial que el Instituto no hace «de oficio» sino por solicitud de los implicados en el siniestro cuando no hay un acuerdo entre las aseguradoras o entre las mismas partes.

Desde el CSIF señalan, por otro lado, que los «importantes retrasos» se extienden al equipo psicosocial (también dependiente del IML) conformado tan solo por dos profesionales: un psicólogo y una trabajadora social. Aunque en este caso la plantilla sí está al completo. Respecto a este equipo, el Ministerio de Justicia se ha visto obligado a externalizar el servicio para resolver los expedientes ante la falta de actuaciones por parte del Ministerio de Administración Pública, del que depende realmente, señala el representante del sindicato.

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