El Ayuntamiento de Sant Josep inició ayer las notificaciones para la orden de desalojo de tres escaleras del bloque A de los apartamentos Don Pepe, donde residen unas 60 personas en 30 apartamentos. Las otras dos escaleras de este inmueble ya fueron desalojadas en junio del año pasado, después de que los técnicos municipales indicaran que sufría riesgo inminente a causa de sus patologías. Por su parte, la portavoz de la comunidad indicó que emprenderán «todas las medidas legales oportunas» por su desacuerdo ante este decreto.
Las primeras notificaciones se recibieron por vía telemática durante la mañana, mientras que, ya por la tarde, se personó la Policía Local para informar a los vecinos que se encontraban en sus domicilios. La intención del Ayuntamiento es que los afectados dispongan del fin de semana para recoger sus cosas, según indicó ayer un portavoz municipal.
El alcalde, Ángel Luis Guerrero, anunció el martes que el Consistorio iba a iniciar el expediente de declaración de ruina del bloque A de los apartamentos Don Pepe y, paralelamente, decretaba el desalojo de las tres escaleras que seguían habitadas en el inmueble.
«Patologías severas»
En su rueda de prensa, el alcalde expresó su deseo de que la evacuación se realizara de manera voluntaria. No obstante, aseguró que, «ante las patologías muy severas y el riesgo de colapso inminente» del edificio, procedería a su desalojo forzoso si los vecinos no accedían a abandonarlo.
Los vecinos plantearán un recurso contra este decreto de desalojo cuando se cumpla con las notificaciones
Por su parte, la presidenta de la comunidad de vecinos del Don Pepe, Silvia Hernández, aseguró ayer que los afectados no se van a quedar «de brazos cruzados». «La ley dice que son 72 horas desde el momento de la notificación, pero si no logran encontrar a la persona por segunda ocasión deberá publicarse en el BOIB y entonces empezaría el plazo», apuntó.
En cualquier caso, anunció que, en el momento en que se cumpla con las notificaciones, los vecinos plantearán un recurso contra la medida o cualquier otra iniciativa legal. «No estamos de acuerdo ni con estos nuevos desalojos, ni con la declaración de ruina ni con la propuesta de esponjamiento que ofrece el Ayuntamiento», subrayó.
El Consistorio estima que no se pueden llevar a cabo obras de reforma del edificio, para reparar sus patologías, porque está fuera de ordenación, ya que no se encuentra su licencia de construcción de 1964. Por su parte, los propietarios insisten en que en el expediente de la época figuran los dos bloques que fueron construidos, del que solo ha aparecido la licencia del B.
