Los vecinos de 30 viviendas del bloque A de los apartamentos Don Pepe deberán abandonar sus domicilios en un plazo de tres días tras recibir la notificación por parte del Ayuntamiento, prevista entre ayer por la tarde y esta mañana. Se trata de las tres escaleras restantes del mismo edificio donde ya fueron desalojados 18 pisos en junio del año pasado. El Consistorio advierte de que, según sus informes técnicos (municipales y externos) el inmueble sufre «patologías muy severas y riesgo de colapso inminente».
El alcalde, Ángel Luis Guerrero, aseguró ayer que las evacuaciones del Don Pepe suponen «un drama social sin precedentes en Ibiza» y subrayó que «se trata de una decisión técnica y no política». Al igual que sucedió el año pasado, con las dos escaleras que ya fueron evacuadas en este edificio de es Codolar, el Ayuntamiento ofrece hacerse cargo de dos meses del alojamiento de los vecinos, en los apartamentos Bon Sol de Platja d’en Bossa. Durante este tiempo, los afectados deberán buscarse un domicilio. Si su búsqueda no fructifica, se encontrarán sin una alternativa donde residir en pleno mes de agosto. «Damos ayudas para pagar el alquiler», apuntó Guerrero, preguntado por la dificultad de dar con un piso asequible en Ibiza.
En caso de que no abandonen sus domicilios con sus pertenencias en 72 horas, Sant Josep procederá a la evacuación forzosa. «Confiamos en que será de manera voluntaria», indicó el edil. Para el dispositivo, la Policía Local deberá notificar a propietarios e inquilinos el decreto de desalojo. y se movilizará a los servicios sociales y al colegio de psicólogos. «Es una decisión muy difícil que me ha dejado sin dormir -incidió- pero el edificio puede colapsar y el responsable soy yo».
En caso de que no abandonen sus domicilios con sus pertenencias en 72 horas, Sant Josep procederá a la evacuación forzosa
Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado la declaración de ruina del bloque A de los Apartamentos Don Pepe. En el caso del otro edificio de la urbanización, construida en 1964, Guerrero indicó que, en principio, no está afectado por esas patologías estructurales. No obstante, solicita a la comunidad de propietarios que presente la Inspección Técnica de Edificios, obligatoria para los inmuebles plurifamiliares de más de 50 años.
«El Consistorio desoye la ley por no cumplir con la orden de realojamiento»
El anuncio del desalojo del resto del bloque A del Don Pepe, con 30 viviendas y unos 60 vecinos, se produce cuando está a punto de cumplirse un año de la evacuación de las otras dos escaleras. Se da la circunstancia de que una de las parejas que tuvieron que abandonar su domicilio en aquella ocasión, ha regresado al mismo piso ante la imposibilidad de encontrar un lugar donde dormir.
Se trata de una pareja de artesanos y autónomos de temporada, Alejandro y Catherine, que están dispuestos a «asumir el incumplimiento y explicarlo ante el juez». Además, denuncian que el Ayuntamiento ha obviado la medida cautelar, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares el pasado 5 de noviembre, para hacerse cargo del alojamiento de los afectados.
Esa resolución validaba el desalojo forzoso ordenado por el Ayuntamiento, pero supeditado a que facilitara temporalmente a las familias «un nuevo lugar de residencia, mientras se realizan las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio y quede garantizada la seguridad de los ocupantes, si ello fuera técnicamente viable», según el auto.
«Deberíamos estar realojados desde el cinco de noviembre», recuerda la pareja. No obstante, Sant Josep no llegó a hacerse cargo de esa resolución tras presentar un recurso. «Pero no se podía suspender por tratarse de una medida cautelar», aseguran.
Explican que, al ser autónomos de temporada, no logran ningún contrato de alquiler, ya que se topan con la exigencia de un contrato laboral fijo. «Desde que el 18 de septiembre del año pasado abandonamos el Bon Sol, no hemos podido encontrar nada, así que volvimos a vivir aquí, a un lugar precintado».
Ella presentó un escrito al Ayuntamiento para solicitar el amparo de los servicios sociales y recordar que «el auto dice que se deben realojar». «Tengo 68 años y me dejan en la calle sin miramientos». También ha solicitado al Ayuntamiento que ejerza como aval ante los arrendadores. «Se hace en muchos sitios, pero aquí no hubo manera».
Desde su desalojo el año pasado, esta pareja paga mensualmente 220 euros por un trastero donde dejar sus pertenencias, además de su hipoteca. En este sentido, lamentan que, con los cerca de 20.000 euros que recibirían por la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento, no tendrían posibilidad de buscarse una alternativa para vivir. «Solo nos permitiría pagar lo que nos queda de hipoteca, pero con ese dinero no vamos a ningún sitio en la isla».
Además, critican duramente que Unidas Podemos, «que van de campeones en la lucha por la vivienda», no se han interesado por las familias desalojadas de los apartamentos Don Pepe.
El Consistorio insiste en que el bloque A carece de licencia y está fuera de ordenación, además de encontrarse «en ruina económica». Guerrero aseguró que si fuera posible una rehabilitación, «que no es el caso», costaría entre cuatro y cinco millones de euros.
Declaración de ruina y compra
Tras insistir en que el inmueble «tiene valor cero» al estar fuera de ordenación», reveló que el Ayuntamiento ofrece 1.971.000 euros por la propuesta de esponjamiento. «No es una expropiación», incidió. Esta cifra, realizada por un tasador externo, se destina a la compensación por el terreno en el Parque Natural de ses Salines, que permanecería inedificable.
El Ayuntamiento también se haría cargo del derribo, estimado en un millón de euros, y de los 250.000 euros de los trabajos de apuntalamiento llevados cabo tras los desalojos del año pasado. En caso de no aceptar la propuesta municipal, sería la comunidad de propietarios la que debería asumir estos pagos, según avanzó el alcalde.
La presidenta de la comunidad de vecinos, Silvia Hernández, expresó su malestar porque el alcalde se haya manifestado sobre el futuro del Don Pepe, tanto en el pleno municipal como en la rueda de prensa de ayer. «Él había pedido a nuestro abogado que guardáramos discrección [ante la propuesta de compra, pero, no sé si por afán de protagonismo o porque se va a cumplir un año de los desalojos, ha precipitado todo esto». La comunidad de vecinos se reúne este viernes para estudiar la propuesta de compra que, de momento, «han conocido a través de la prensa». «No llegaríamos ni a 17.000 euros por piso», lamenta.
Por su parte, el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, se desmarcó ayer del proyecto de derribo planificado por Sant Josep. En su rueda de prensa, Guerrero recordó que el Consell de Ibiza tampoco veía más alternativa que iniciar la declaración de ruina para el bloque A del Don Pepe. En este sentido, Juan matizó que, el informe urbanístico que realizó el Consell, a petición del Ayuntamiento, no implica que la única solución sea la demolición, «sino que también podría ser la rehabilitación». «Ni el Ayuntamiento ni los propietarios encuentran la licencia, aunque existe el proyecto, por eso Sant Josep considera que no se puede legalizar», subrayó. «El Consell está para ayudar en lo que decida el Ayuntamiento, pero la competencia es exclusivamente municipal».
