Las ‘low cost’, por fin acorraladas por cobrar el equipaje de mano

El Govern del Pacto abrió el camino al ministerio de Consumo abriendo expedientes sancionadores, las multas pueden llegar a un millón de euros

La ley establece que los bultos que el pasajero lleva consigo en la cabina del avión no se cobran. ENRIQUE CALVO

La ley establece que los bultos que el pasajero lleva consigo en la cabina del avión no se cobran. ENRIQUE CALVO

Myriam B. Moneo

Ha sido una larga batalla que se inicio en Baleares, gracias a la persecución de la Dirección General de Consumo bajo el Govern de Francina Armengol a las aerolíneas de bajo coste y sus políticas de cobrar el equipaje de mano. Ahora por fin el ministerio de Alberto Garzón ha abierto expedientes sancionadores a varias low cost por el cobro de sobrecostes por el equipaje de mano, el que los pasajeros transportan con ellos en la cabina del avión. Las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar hasta el millón de euros en el caso de las más graves.

La noticia la hizo pública ayer el ministerio de Consumo en funciones a través de un comunicado. Ha incoado los primeros expedientes sancionadores a varias aerolíneas, por lo que se presupone que vendrán más. Además, ha ampliado esos sobrecostes que aplican a otros servicios que antes se incluían en el precio del billete y después se empezaron a cobrar, y a los pasajeros no les quedó más remedio que resignarse a pagarlos, como la reserva del asiento contiguo en el caso de viajar con menores o personas dependientes para que no fueran separados de sus acompañantes durante el vuelo.

Igualmente el Ministerio señala que las aerolíneas expedientadas tampoco permiten los pagos en metálico en los aeropuertos cuando se contratan servicios adicionales, en contra de lo que dicta la normativa.

Facua-Consumidores en Acción celebra la actuación del ministerio de Garzón que ha venido denunciando desde 2018. Y va más allá señalando a Ryanair, Vueling, easJet y Volotea como las compañías a las que se les ha abierto expediente sancionador. El Ministerio no las menciona en su nota de prensa.

La organización de consumidores recuerda que también denunció estas prácticas ilegales de las compañías aéreas de bajo coste ante distintas autoridades de consumo autonómicas y las trasladó al Ministerio hace dos años. Y señala concretamente el caso de la Dirección General de Consumo, al frente de la que estaba Félix Alonsode Izquierda Unida, y ahora en Sumar.

Archivo en Baleares

Desde el departamento de Alonso también fueron recogiendo estas irregularidades de las low cost y animando a los viajeros baleares a que las denunciaran. Finalmente Consumo del Govern balear optó por inhibirse en favor del ministerio de Consumo para que fuera este organismo el que abriera los expedientes sancionadores contra las aerolíneas infractoras y así conseguir que se les impusieran sanciones más elevadas, al resultar las multas ponderadas por los beneficios ilícitos obtenidos a nivel nacional.

En marzo de 2021, la Dirección General de Consumo del Govern abrió un expediente sancionador a Ryanair por sus prácticas abusivas, consecuencia de la denuncia interpuesta por Facua tres años atrás, repasa la organización de consumidores. Y siguió el goteo de denuncias. En abril de 2022, en Baleares se expedientó también a Vueling y después a easJet, Eurowings y Volotea.

Finalmente la estrategia de Consumo derivó en archivar todos los expedientes para que fuera el Ministerio el que las multara. Esto fue porque por fin, desde mayo de 2022 el departamento de Garzón cuenta con potestad sancionadora, tras la modificación de la ley general para la defensa de los consumidores.

El Ministerio subraya que con sus prácticas de desgajar servicios tradicionalmente incluidos en el precio del billete y cobrarles suplementos por ellos a los pasajeros, las low cost ofrecen en su publicidad «precios muy competitivos». Así logran tener «un posicionamiento SEO privilegiado en los motores de búsqueda y en los comparadores respecto a los competidores» que sí incluyen estos servicios en las tarifas que anuncian.

Con sus prácticas de desgajar servicios incluidos en el precio del billete y cobrar suplementos las 'low cost 'ofrecen en su publicidad «precios muy competitivos»

Las multas a las aerolíneas pueden oscilar entre los 10.000 y 100.000 euros, en el caso de las graves, y entre 100.000 y un millón, las muy graves, en incluso ser mayores.

Estas prácticas abusivas vulneran la ley de Navegación Aérea —dicta que las aerolíneas están obligadas a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo— y la de defensa de los consumidores.

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