Ley universitaria: los cuatro motivos por los que los profesores asociados están de huelga

Con el objetivo de protestar contra la futura ley de universidades (Losu), la Asociación Estatal de Profesores Asociados de las Universidades Públicas convocó, el pasado 31 de enero, una huelga indefinida e intermitente durante tres días a la semana: martes, miércoles y jueves. Dos semanas después, el paro está teniendo un seguimiento desigual y, de momento, es mucho mayor en comunidades como la valenciana (autonomía que está liderando la huelga), Granada, Murcia y Castellón. Algunos docentes asociados de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se acaban de sumar. En otras facultades se decidirá qué hacer en las asambleas programadas para el 21 de febrero. Entre otros objetivos, la ley orgánica del sistema universitario nació con la clara premisa de combatir la precariedad laboral del profesorado. Entonces, ¿por qué el texto no terminar de gustar a los asociados? Por cuatro motivos.

Falta de garantías

El número de asociados en toda España es elevado y puede llegar a los 30.000 (aproximadamente, el 40% del total). Se trata de profesionales con sólida y relevante experiencia laboral en la asignatura que imparten (la mayoría tiene otros trabajos fuera del campus) y sus contratos son renovados cada año. La futura Losu, que sigue en el Senado pendiente de su aprobación definitiva, convertirá esos contratos en fijos. “El espíritu de la ley nos parece estupendo. En teoría, todo es positivo para nosotros. Ahora bien, la norma no especifica los mecanismos y ahí radica el problema. Cada universidad es autónoma y, por lo tanto, fijará los criterios que considere oportunos para convertir nuestros contratos en fijos a través de un concurso de méritos. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna. Nos preocupa mucho la falta de seguridad”, explica Enric Mir i Teixidor, arquitecto y profesor asociado en la UPC.

Cuando se convocó la huelga, la presidenta de la Asociación Estatal del Profesorado Asociado, Isabel de la Cruz, pronosticó que muchos serán despedidos a pesar de encadenar años y años de contratos.

Falta de tiempo

Una vez que reciba el visto bueno definitivo en el Parlamento, la Losu entrará en vigor en el primer semestre de este año. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación de la norma se aplazará hasta el curso 2025-26. Será entonces cuando la temporalidad quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Los asociados tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120. Mir i Teixidor critica que reducir de esa manera las clases implicará, en muchos casos, que no dé tiempo a completar la asignatura.

Quinquenios

Cuando la Losu sea una realidad, los asociados comenzarán a tener unos derechos que no tenían antes: paro, indemnización por despido y finiquito. Sin embargo, seguirán sin cobrar quinquenios. Además, los convocantes de la huelga reclaman el reconocimiento de las horas efectivas de trabajo, al especificar que a cada hora de clase le corresponden cuatro de preparación.

Sin presupuesto concreto

El arquitecto y profesor asociado de la UPC asegura que uno de los grandes fallos de la Losu es no contar con una partida presupuestaria concreta. La ley nace con el compromiso de aumentar la financiación de las universidades públicas, que pasará a ser el 1% del PIB. El Estado se compromete a aumentar la financiación mientras que las comunidades deberán comprometer a destinar los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Habrá un calendario de adaptación hasta 2030. Los profesores asociados, sin embargo, desconfían de las buenas intenciones y se preguntan de dónde saldrá la partida económica para convertir en fijos sus contratos. Otra petición de los asociados es el pleno derecho a la labor de investigación en las facultades, algo, insisten, no especificado en la norma.

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