¿Qué pasaría si hubiera un vertido de pellets en Ibiza y Formentera?
El Govern balear asegura tener un plan de emergencia ante un vertido de pellets
Jordi Sánchez
El norte de España está viendo estos últimos días cómo sus costas se van llenando poco a poco de los conocidos pellets, unas microbolitas de plástico que han provocado que Asturias haya activado el nivel 2 de alerta con tal de lograr la intervención del Gobierno para retirar el vertido.
En el caso de que se hubiese producido en Ibiza y Formentera, Baleares es una comunidad pionera a nivel estatal que ya creó un plan de contingencia marítima en 2008, se activaría el llamado CAMBAL (Plan Especial de Contingencia por Contaminación Accidental de Aguas Marinas de las Illes Balears).
Actuaciónn en caso de vertido
Según explican desde la Dirección General de Emergencias, la actuación arrancaría una vez se confirmase la existencia de un vertido. Debe localizarse el lugar en el que se ha producido, qué tipo de sustancia se ha vertido (sólida o líquida) y su poder contaminante, entre otros factores.
A continuación, se estudiaría la posible afectación a las costas de las islas a través de las corrientes marinas, viendo si alejarán o acercarán la materia contaminante. Si se produce a más de 12 millas, límite de las competencias autonómicas, se activaría el Plan en fase de prealerta. Una vez el vertido cruzase dicho límite, se activaría la actuación, que está pensada para ser llevada a cabo desde tierra, con tareas de recogida del vertido a través de los medios propios del Govern.
En cuanto a la gravedad de la emergencia, existen dos niveles. En caso de producirse un suceso parecido al que se está viviendo en Galicia, Cantabria y Asturias, se activaría el nivel 2, que implica la intervención del Estado a través de sus empresas públicas como Tragsa u otros organismos. Estas empresas servirían de ayuda para llevar a cabo las tareas de limpieza del litoral.
De este modo, la actuación principal -en el agua- la llevaría a cabo el Estado, mientras que desde el Govern se comandaría una estrategia coordinada con el Ejecutivo central para la retirada de los contaminantes.
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