La Fiscalía de Ibiza ha presentado en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricación contra la concejala y exalcaldesa de Vila Marienna Sánchez-Jáuregui por su gestión en el caso de los acuerdos publicitarios con el grupo Prensa Pitiusa. La denuncia se presentó el pasado 26 de julio y pide la imputación de Sánchez-Jáuregui y la declaración como testigos de los tenientes de alcalde Juan Daura y Lina Sansano, del exjefe de gabinete de la alcaldesa, Antonio Martínez Beneyto, y del director del semanario Prensa Pitiusa.
Esta denuncia es consecuencia de las diligencias informativas abiertas de oficio por la Fiscalía pocos días después de que Diario de Ibiza revelara que el Ayuntamiento de Ibiza pagaba al semanario Prensa Pitiusa por «anuncios publicados» inexistentes, en virtud de un acuerdo verbal alcanzado entre la alcaldesa y el propietario del grupo Prensa Pitiusa y sin que existiera convenio o contrato alguno que amparara esos pagos. El acuerdo vulneraba también lo previsto en la Ley de Publicidad Institucional de Balears. Este caso abrió una crisis política de tal magnitud en el gobierno municipal que finalmente obligó a Sánchez-Jáuregui a dimitir como alcaldesa.
Después de investigar los hechos y analizar toda la documentación requerida al Ayuntamiento, la Fiscalía ha visto indicios suficientes de la posible comisión de un delito de prevaricación por haber acordado la prestación de un servicio sin mediar contrato ni procedimiento legal alguno, ya que se trató de una decisión personal que no siguió los trámites de la ley de contratos de la Administración pública. Según el artículo 404 del Código Penal, comete prevaricación «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo»; este delito está castigado con inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo que puede oscilar entre siete y diez años.
No se aprecia malversación
En cambio, la Fiscalía no aprecia que haya existido malversación de fondos en la actuación de Sánchez-Jáuregui. Por eso la denuncia es solo por prevaricación y contra la exalcaldesa, aunque «sin perjuicio de que la acusación se pudiera ampliar» en función de los elementos nuevos que pudieran surgir durante la instrucción judicial.
Aunque fueron la teniente de alcalde Lina Sansano y el jefe de gabinete Martínez Beneyto quienes certificaron que los «anuncios» inexistentes habían aparecido y dieron su conformidad al pago de las facturas, y que el primer teniente de alcalde y entonces responsable de Hacienda, Juan Daura, ordenó el pago de algunas de ellas, la Fiscalía ha entendido que todas esas conductas son consecuencia del acuerdo inicial adoptado por Sánchez-Jáuregui con el propietario de Prensa Pitiusa, que eludía todos los procedimientos legales y desencadena la presunta actuación prevaricadora, por lo que la denuncia se dirige exclusivamente contra ella.
Después de que estallara el escándalo, la entonces alcaldesa intentó lograr algún informe del secretario o de la interventora municipal que diera cobertura legal a su actuación, pero no solo no lo consiguió, sino que los informes que se elaboraron fueron demoledores para ella y pusieron de relieve que se había prescindido por completo de las formalidades exigidas por la ley en la contratación y pagos al semanario Prensa Pitiusa.
La actuación irregular de la alcaldesa fue denunciada también por la comisión de investigación creada en el seno del Ayuntamiento, cuyas conclusiones, aprobadas por unanimidad, dan por hecho que Sánchez-Jáuregui alcanzó un «acuerdo verbal» con el responsable del grupo Prensa Pitiusa «por valor de 140.000 euros» y que, aun teniendo la petición por parte de la empresa periodística de que el acuerdo se materializara en un convenio o contrato, «la alcaldesa no ordenó expresamente que se llevaran a cabo los trámites necesarios».
