Las facturas del semanario gratuito Prensa Pitiusa por «anuncios publicados» inexistentes se pagaron durante el primer semestre de 2012 porque lo autorizó el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan Daura, pese a que en todas ellas la intervención municipal había formulado reparos de legalidad. El propio Daura confirmó ayer estas circunstancias y explicó que había actuado así porque había dinero en la partida correspondiente y las facturas iban con la debida justificación firmada que acreditaba que «el trabajo estaba hecho». Sin embargo, meses más tarde se negó a autorizar el pago de las facturas del segundo semestre, que contaban también con un aval de que el servicio se había prestado, porque entonces ya se había agotado la disponibilidad presupuestaria.

Las irregularidades quedaron al descubierto cuando el gobierno municipal tramitó el abono de las facturas mediante un reconocimiento extrajudicial de deuda y toda la documentación recaló en la comisión informativa de Hacienda.

Las facturas pagadas al semanario Prensa Pitiusa por el Ayuntamiento de Ibiza, a cambio de unos «anuncios» que no han sido publicados, ascienden a un total de 38.352 euros, IVA incluido. En todas las facturas, los interventores municipales, tanto la actual, que se incorporó en el mes de mayo, como su predecesor, hicieron constar reparos porque carecían de fiscalización alguna, ya que no constaba la existencia de ningún contrato o convenio que las amparara. A pesar de esas objeciones legales, el concejal de Hacienda autorizó que fueran abonadas. «El reparo era porque no se había seguido la tramitación adecuada», admite Daura, «pero estaban firmadas por el interventor y por el secretario, que también fiscaliza, así que también las firmé yo». Aun así niega que él ordenara los pagos: «Yo no di la orden de pagar, pero sí es verdad que soy el último que firma para que puedan pagarse y, como había crédito, se pagaron».

Acuerdo con la alcaldesa

Tal como reveló el jefe de gabinete de la alcaldesa, Antonio Martínez Beneyto, en el relato de los hechos que puso por escrito antes de presentar su dimisión, los pagos al semanario Prensa Pitiusa y a la televisión local TEF obedecían a un acuerdo entre la alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui, y la empresa propietaria de ambos medios, por el cual recibirían 140.000 euros en 2012, distribuidos a partes iguales. La propia Sánchez-Jáuregui, que cuando Diario de Ibiza destapó el escándalo negó que el acuerdo con el grupo Prensa Pitiusa fuera cosa suya, no tuvo más remedio que acabar reconociéndolo. Se trata de un acuerdo que eludió todos los procedimientos legales de contratación.

En el informe que presentó la actual interventora, María José Vera, cuando se pretendía el reconocimiento extrajudicial de las facturas del segundo semestre para poder pagarlas, la funcionaria hizo constar su oposición no solo porque no había crédito disponible, sino porque la cantidad reclamada «supera el importe de 18.000 euros establecido por el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, por lo que su contratación no ha seguido el procedimiento de adjudicación previsto» en la ley. Esta circunstancia anómala se daba igualmente en las facturas abonadas durante el primer semestre.

Las claves

INTERVENCIÓN

Los dos funcionarios hicieron constar sus reparos

Tanto la interventora actual como su predecesor hicieron constar que las facturas carecían de fiscalización alguna ya que no constaba la existencia de ningún contrato. A pesar de ello, el concejal de Hacienda autorizó que fueran abonadas.