La alcaldesa de Ibiza, Marienna Sánchez-Jáuregui, del Partido Popular, pretende llevar al próximo pleno un reconocimiento extrajudicial de deuda para que el Ayuntamiento pueda abonar a la empresa editora del semanario gratuito Prensa Pitiusa 39.000 euros en concepto de «anuncios publicados» durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012. Sin embargo en ninguno de los números publicados por el semanario durante esos meses aparece inserción publicitaria alguna del Ayuntamiento de Ibiza, lo que evidencia que el gobierno municipal pretende encubrir como pago de publicidad lo que en realidad es una subvención directa a la empresa editora prescindiendo de los más elementales procedimientos legales. La interventora municipal se opone a esta actuación y ha formulado un reparo de legalidad a la propuesta, mientras que varios miembros del equipo de gobierno se muestran «escandalizados» y han pedido que este asunto no vaya al pleno porque no están dispuestos a reconocer esa deuda ni arriesgarse a asumir responsabilidades judiciales votando a favor de que se pague por una prestación que no ha existido.
El trámite de reconocimiento de deuda, que ha de ser aprobado por el pleno e informado por la comisión municipal correspondiente, ha puesto al descubierto unos manejos opacos de la alcaldesa Sánchez-Jáuregui y la editora de Prensa Pitiusa que cuestan a las arcas públicas de la ciudad 65.000 euros al año (en 2012 fueron en total 77.354, una vez sumado el IVA), sin que se sepa qué es lo que se abona realmente con ese dinero público, puesto que no existe convenio o contrato alguno entre ambas partes, como reconoce el jefe de gabinete de la alcaldesa, Antonio Martínez Beneyto, una de las dos personas que avalan las facturas presentadas. «Se llegó a un acuerdo de un total anual y se prorratea a lo largo de doce meses», explica Beneyto. De ahí que cada mes se facture la misma cantidad.
Cantidad desmesurada
Los 65.000 euros anuales que destina el Ayuntamiento de Ibiza al semanario es una cantidad completamente desmesurada para la difusión y audiencia de este medio, y vulnera todos los criterios de proporcionalidad exigidos por la legislación y la jurisprudencia. La estimación más favorable del número de lectores de Prensa Pitiusa, medida por el barómetro de la Fundación para la Comunicación y la Cultura (Fundacc), le otorgaba 42.000 lectores semanales en las Pitiusas, muy lejos de los 364.000 lectores -casi nueve veces más- que acumula Diario de Ibiza en una semana, o los 119.000 -cerca de tres veces más- de la edición local de Última Hora, por hablar solo de la prensa escrita. En cambio el gasto publicitario de Vila en todos los productos de Diario de Ibiza apenas alcanzó en 2012 la mitad de lo que se lleva Prensa Pitiusa.
Para justificar que se beneficie de forma tan notoria a Prensa Pitiusa en perjuicio de los demás medios insulares, eludiendo las formalidades legales exigidas, los responsables municipales alegan que se trata del único medio gratuito de la isla y que además está controlado por OJD, la Oficina de Justificación de la Difusión. Sin embargo, no supieron explicar por qué se prima el carácter gratuito más que el número de lectores o su penetración en el mercado ibicenco, que es el criterio legalmente establecido. Además, en el caso de los periódicos gratuitos, la OJD no acredita la difusión, es decir, el número de ejemplares que llegan efectivamente a los lectores, como en el caso de los medios de pago, sino únicamente el número de ejemplares que se imprimen.
«Es un tema de la alcaldía»
Al preguntar a los responsables municipales que avalaron los pagos por qué las facturas del semanario y la documentación municipal se refieren siempre a «anuncios publicados» cuando no hay ningún anuncio del Ayuntamiento en Prensa Pitiusa que justifique pago alguno, la segunda teniente de alcalde, Lina Sansano, se limitó a decir: «Es un tema que se ha llevado desde alcaldía y yo he firmado porque supongo que está bien y está comprobado». Martínez Beneyto, por su parte, indicó que en realidad no se pagaba por anuncios, sino «por información, por comunicación», una explicación que supone aceptar que se falsean los conceptos y que añade más interrogantes éticos y legales a la actuación municipal.
La interventora, María José Veras, máxima responsable de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento, deja claro en su informe sobre las facturas no abonadas aún que los gastos comprometidos se efectuaron sin que existiera consignación en el presupuesto de 2012 y que no pudieron imputarse a ese ejercicio por falta de crédito, lo cual supone que «incumplían el artículo 173.5 de la Ley de las Haciendas Locales», que establece además que serán «nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan este precepto, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades a que dieran lugar». Además, subraya la interventora, la cantidad facturada por Prensa Pitiusa cuyo reconocimiento pretende la alcaldesa «supera el importe de 18.000 euros establecido por el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, por lo que su contratación no ha seguido el procedimiento de adjudicación previsto» en la ley. También vulnera claramente la ley de publicidad institucional de Balears.
La alcaldesa Sánchez-Jáuregui negó que hubiera pactado el acuerdo con la editora de Prensa Pitiusa, asegura que desconocía tanto las cantidades que se destinan a publicidad en los medios como el informe de la interventora y que ha convocado a los servicios jurídicos y económicos para la semana próxima para aclarar la situación.
Las facturas presentadas mensualmente al cobro por el semanario Prensa Pitiusa son siempre por el mismo concepto de «anuncios publicados» y por idéntico importe, 5.417 euros, a los que hay que añadir el IVA correspondiente. Todas ellas están avaladas y rubricadas por Martínez Beneyto y Lina Sansano, mano derecha de Sánchez-Jáuregui en el gobierno municipal. La cantidad que factura Prensa Pitiusa es exactamente la misma que carga la televisión local TEF al Ayuntamiento cada mes. Ambas empresas pertenecen al mismo grupo de comunicación que dirige el empresario Toni Planells.
Vulneración legal: Una subvención que incumple la ley de publicidad institucional
Al margen de los preceptos de las leyes de Haciendas Locales y de Contratos del Sector Público que se hayan vulnerado en los acuerdos bajo mano entre la alcaldesa Sánchez-Jáuregui y la editora de Prensa Pitiusa, también se conculcan las previsiones de la ley balear 13/2010 de publicidad institucional, definida en el propio texto legal como «toda actividad de comunicación emitida, promovida, subvencionada, patrocinada o contratada, individual o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, por los sujetos sometidos a la Ley, que tenga por objeto difundir un mensaje común a una pluralidad de destinatarios mediante cualquier formato, soporte o medio, sea o no publicitario» (artículo 1.2). La norma prohíbe expresamente aquella comunicación contratada que «no se identifique claramente como tal o no incluya la mención expresa y la imagen corporativa del sujeto que la difunda, promueva o contrate», además de la que «tenga un carácter engañoso, desleal, subliminal, encubierto o de otro tipo contrario a los principios y a las disposiciones de la legislación y la ética publicitarias» (art. 4.2.i y 4.2.j). La contratación de este tipo de comunicación tiene que hacerse con arreglo a la legislación de contratos del sector público (art. 6.1) y para decidir los medios de difusión a los que debe ir destinada y la inversión «solo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico», «siendo la cuantía asignada a cada uno el tanto por ciento que les corresponda en función de su capacidad de difusión» (art. 6.2).
La actuación del Ayuntamiento en el caso de Prensa Pitiusa es en realidad una subvención arbitraria que se otorga de manera directa y encubierta a un medio concreto. En los casos de las subvenciones, la ley de publicidad institucional de Balears obliga a los medios de comunicación privados a cumplir la ley de subvenciones «a los efectos de percepción de este tipo de apoyo económico proveniente del erario público para promover su actividad» y en todo caso «serán comunicadas a la Comisión de Publicidad Institucional de las Illes Balears (), que recibirá la información de manera obligatoria por parte de las instituciones» que otorguen la subvención.
