El segundo informe elaborado por el exjefe de gabinete de la alcaldesa de Ibiza sobre los pagos irregulares a Prensa Pitiusa, fechado el pasado 22 de abril y remitido ya a la comisión de investigación, valora noticias publicadas en el semanario gratuito como si fueran anuncios publicitarios y confirma que la actuación del gobierno municipal vulneró la Ley de Publicidad Institucional de Balears. El documento, elaborado a instancias de la propia alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui, pretende demostrar que las informaciones sobre Vila aparecidas en Prensa Pitiusa son consecuencia del acuerdo alcanzado por su editor con Sánchez-Jáuregui para pagar 70.000 euros anuales a la publicación en 2012, todo ello con el fin de justificar unos pagos efectuados por un concepto distinto e inexistente.
A lo largo del pasado año, Prensa Pitiusa facturó mensualmente 5.417 euros más IVA en concepto de «anuncios publicados», pese a que no existió ninguna inserción publicitaria por parte del Ayuntamiento. Las facturas del primer semestre se abonaron pese a la existencia de reparos legales por parte de la intervención municipal, ya que carecían de fiscalización previa del gasto y se incumplía el procedimiento de contratación, pero las del segundo semestre quedaron sin pagar porque el presupuesto de la partida correspondiente se había agotado. Al tramitarse el reconocimiento extrajudicial de la deuda se destaparon todas las irregularidades que rodean este caso.
El informe de Antonio Martínez Beneyto no discute ni aclara el cúmulo de irregularidades administrativas detectadas, pero intenta urdir a posteriori una justificación para las actuaciones que pudieran tener relevancia penal, que son las que más preocupan a la alcaldesa, al gobierno municipal y al PP. En este sentido, se trata de un documento que pretende dar cobertura tanto a su propia actuación -fue una de las dos personas que avalaron con su firma las facturas «por anuncios» inexistentes- como a la de la alcaldesa, que concertó un contrato verbal prohibido en la Administración.
En este segundo informe, Martínez Beneyto responde a varias peticiones concretas que le plantea la alcaldesa, cuya formulación pone claramente de manifiesto que su finalidad no es solo obtener una respuesta, sino hacer afirmaciones y justificaciones nuevas en su defensa. Así, para intentar contrarrestar la contundente confesión del primer informe de Beneyto, según la cual existía un acuerdo entre la alcaldesa y el grupo Prensa Pitiusa «por el cual dicha empresa iba a recibir en sus diferentes medios 140.000 euros, a repartir entre la televisión [TEF] y el periódico [Prensa Pitiusa]», la alcaldesa pide a su exjefe de gabinete que aclare: «Si lo que yo te comenté es que, después de mis conversaciones con el gerente del grupo TEF-Prensa Pitiusa con respecto a los servicios que ellos nos podían prestar a través de sus medios, te indiqué que me parecía muy interesante; la TEF porque es el único medio audiovisual, de ámbito local, con amplia difusión y que ve un muy amplio número de población; que el semanario Prensa Pitiusa al ser gratuito y de carácter semanal también tenía un alto nivel de difusión y que, por tanto, del presupuesto que teníamos (propaganda, publicidad y comunicación) podíamos entregar a lo largo de todo el año, a medida que se fueran realizando los servicios, 70.000 euros a cada uno de dichos medios. Por supuesto, atendiendo a dicho presupuesto y a las modificaciones que se pudieran hacer a lo largo del año, que se invirtiera también en el resto de los medios de comunicación».
Martínez Beneyto aclara en su informe que «es cierto» solo que Sánchez-Jáuregui le comentó que «le parecían interesantes los servicios que dicho grupo podía ofrecer al Ayuntamiento y que la inversión a realizar durante 2012 en cada uno de los medios de dicho grupo mediático fuese de 70.000 euros, así como que se iba a invertir en el resto de medios de comunicación en función del presupuesto y de sus posibles modificaciones», pero no ratifica el resto de la disquisición de alcaldesa.
Las «apariciones institucionales»
Pero lo más llamativo e insólito es que Sánchez-Jáuregui pidió a su exjefe de gabinete que en el informe efectuara una «valoración económica» de lo que denomina «apariciones institucionales» en Prensa Pitiusa, un concepto deliberadamente ambiguo para no referirse ni a publicidad ni a información. Dicho de otro modo, la alcaldesa obliga a valorar noticias publicadas por Prensa Pitiusa como si fueran anuncios publicitarios. Pero considerar esas informaciones como publicidad no es posible, porque vulneraría la Ley balear de Publicidad Institucional, que prohíbe expresamente la publicidad institucional que «no se identifique claramente como tal o no incluya la mención expresa y la imagen corporativa del sujeto que la difunda, promueva o contrate». Prensa Pitiusa no ha publicado en 2012 ni en 2013 ninguna información que cumpla este requisito, a diferencia de lo que hacen por ejemplo Santa Eulària y Sant Antoni.
El informe de Martínez Beneyto valora a continuación «las apariciones» en Prensa Pitiusa que han sido «objeto de encargo dentro del acuerdo que existía entre el Ayuntamiento y ese medio», pero tampoco aporta prueba alguna de la existencia de esos encargos. De esta forma, mide el tamaño de las informaciones que aludían directa o indirectamente al Ayuntamiento y les aplica el precio que tendría ese espacio si fuera un anuncio, según la tarifa publicitaria de Prensa Pitiusa en 2012, para llegar a la conclusión de que hubieran costado 83.097 euros, sin IVA, es decir más de los 70.000 euros que la alcaldesa se había comprometido a pagar a la empresa editora del semanario. Lo que no menciona el informe es que prácticamente todas las informaciones utilizadas para esta pirueta exculpatoria, y otras muchas más que Prensa Pitiusa no recogía, eran publicadas gratuitamente por los diarios de la isla.
