La Fiscalía de Ibiza abrirá diligencias informativas sobre el caso de las facturas abonadas por Vila al grupo Prensa Pitiusa por unos inexistentes «anuncios publicados», con el fin de determinar si en los hechos que ha desvelado Diario de Ibiza hay indicios de delito o existe algún tipo de responsabilidad penal, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Ministerio Público.
Por el momento, a la Fiscalía no ha llegado ninguna denuncia referente a este caso y todo lo que se conoce al respecto en este órgano judicial es lo que ha aparecido en este periódico. No obstante, a la vista de lo publicado ha decidido actuar de oficio para investigar si puede haberse cometido algún delito, extremo sobre el que las fuentes consultadas no quisieron pronunciarse todavía. En los próximos días, la Fiscalía requerirán al Ayuntamiento y a su comisión de Hacienda toda la información relativa a este caso.
«Aquí no se ha recibido ninguna denuncia de nadie. Ahora mismo no sabemos nada [sobre la posible existencia de actuaciones delictivas en este asunto] porque solo hemos visto lo que hay en el periódico, pero se trata de investigar y de que no quede la cosa así. Necesitamos ver toda la información y a partir de ahí se decidirá si se denuncia judicialmente y se continúa por la vía penal o no», indicaron las mismas fuentes del Ministerio Fiscal.
En el caso de que finalmente solo se detectaran irregularidades de índole administrativa, la Fiscalía quedaría al margen del procedimiento y correspondería al Consistorio y a la vía contencioso-administrativa darle solución. «Si fuera administrativo, lo resolverían ellos», corroboraron a este respecto.
El grupo de la oposición PSOE-Pacte había anunciado también su intención de presentar próximamente una denuncia en los juzgados por estos pagos que, aunque prorrateados, ascienden a un total de 70.000 euros al año pactados por unos «anuncios publicados» en el semanario gratuito Prensa Pitiusa, en el que no se ha efectuado inserción publicitaria alguna del Ayuntamiento. Los socialistas explicaron que estaban reuniendo toda la información posible sobre las facturas abonadas a este grupo de comunicación para trasladarla a los servicios jurídicos del partido y que estos las estudiarán para elaborar la denuncia correspondiente. No obstante, ya se mostraron seguros de que en los hechos detectados pueden haberse cometido los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos.
